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OPINIÓN i

Participación laboral femenina en América Latina: más y mejor es posible

La cantidad no es lo único que cuenta: las mujeres necesitan trabajos de calidad que les garanticen autosuficiencia y seguridad económica

Un grupo de trabajadoras en Ciudad Mujer, una iniciativa del Gobierno de El Salvador.
Un grupo de trabajadoras en Ciudad Mujer, una iniciativa del Gobierno de El Salvador.

Actualmente, 117 millones de mujeres forman parte de la fuerza de trabajo en América Latina y el Caribe, lo que representa la cifra más alta en la historia de la región. En los últimos 50 años, la participación laboral femenina pasó de 20% a 65%. Indudablemente, se trata de un gran avance que debemos celebrar. Sin embargo, un vistazo de cerca a la realidad de las mujeres en el mercado laboral de la región muestra que más trabajos no siempre son mejores trabajos. En varios países, millones de mujeres siguen trabajando en condiciones de informalidad, por cuenta propia e incluso sin remuneración monetaria en muchos casos.

Para promover empleos de calidad para las mujeres de la región es preciso conocer la realidad que estas afrontan a diario. La cantidad no es lo único que cuenta: las mujeres necesitan trabajos de calidad que les garanticen un salario suficiente para superar la pobreza, que les proporcionen autosuficiencia y seguridad económica, y que les aseguren beneficios de protección social como seguro de desempleo y pensiones dignas en la vejez. Sin embargo, para poder promover empleos de mayor calidad debemos primero hacernos algunas preguntas. ¿Cuál es el perfil de las mujeres trabajadoras en América Latina? ¿En qué trabajan? ¿Cómo lo hacen? ¿Cuáles son sus condiciones laborales? ¿Qué factores determinan y limitan su participación en los mercados de trabajo?

A la hora de abordar estos interrogantes, lo primero que encontramos es un panorama complejo con fuertes diferencias entre países y grandes brechas entre grupos y poblaciones dentro de cada país. Un ejemplo muy interesante es el caso de México y Perú, dos países que comparten varias dimensiones asociadas al comportamiento laboral de las mujeres, como la distribución geográfica de la población, el tamaño de los hogares y los niveles educativos, pero cuyas tasas de participación laboral femenina difieren en más de 20 puntos: mientras que en México un 58,5% de las mujeres entre 25 y 54 años trabajan o buscan activamente empleo, en Perú la cifra alcanza un 79,6%.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) junto al Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (CEDLAS) ha profundizado en estos datos a través de un estudio comparativo que busca entender qué factores determinan esta brecha en la participación laboral femenina entre México y Perú, con el objetivo de poder extraer lecciones de políticas públicas que puedan impulsar la participación laboral de las mujeres en la región y fortalecer la igualdad de género en los mercados laborales de América Latina.

La evidencia muestra que el PIB de América Latina y el Caribe crecería un 16% adicional si la brecha de género en el mercado laboral se cerrara

El estudio concluye que gran parte de la brecha observada entre ambos países, especialmente en áreas rurales, se asocia a una mayor inserción de las mujeres peruanas en empleos precarios. Estos están caracterizados por la no remuneración monetaria y unos altos niveles de informalidad, lo que implica bajos ingresos, inestabilidad laboral, falta de protección y ausencia de derechos.

La realidad es que, aunque las mujeres representan algo más de la mitad de la población en América Latina y el Caribe, su contribución a la actividad económica, al crecimiento y al bienestar de la región está muy por debajo de su potencial. Su participación en el mercado laboral es deseable desde varios puntos de vista, entre otras razones por sus efectos sobre el empoderamiento y la reducción de la pobreza, por lo que la promoción del empleo femenino debería ser uno de los objetivos sociales prioritarios. ¿Cómo puede la política pública promover trabajos de mayor calidad para ellas?

Una manera de hacerlo es expandir el acceso a servicios de cuidado infantil y educación preescolar, las escuelas con horario extendido y la disponibilidad de servicios de atención a mayores. La baja oferta de estos servicios obliga a que el cuidado de los niños y adultos mayores recaiga en el interior del hogar, lo que aumenta los costes para las madres de participar en el mercado laboral, ya que son ellas las que aún asumen la mayor parte de estas tareas. De igual forma, está demostrado que las licencias por maternidad y paternidad balanceadas e intransferibles contribuyen a promover la corresponsabilidad en el hogar para vencer los estereotipos de género, empoderar a las mujeres y facilitar su inserción laboral.

Asimismo, el momento de los nacimientos es relevante para determinar la oferta laboral y las consecuencias negativas son más severas para las mujeres pobres y con bajo nivel educativo. Por esto es clave garantizar información y medios para la planificación familiar, ofreciendo acceso universal a educación sexual y a métodos anticonceptivos. Otras medidas de igual importancia incluyen extender la educación a las mujeres en situación más vulnerable, fomentar la flexibilidad laboral y mejorar el diseño de los programas sociales como las transferencias condicionadas.

La igualdad de género en el mercado laboral no es un problema de mujeres. Se trata de un problema de todos porque, cuando las mujeres avanzan, la sociedad en su conjunto avanza. De hecho, la evidencia muestra que el Producto Interno Bruto (PIB) de América Latina y el Caribe crecería un 16% adicional si la brecha de género en el mercado laboral se cerrara completamente. Sin embargo, aún queda mucho por hacer y el éxito dependerá de que gobiernos, empresarios y sociedad civil se sumen a estos esfuerzos.

Monserrat Bustelo es especialista sénior en género y diversidad del BID y Mariana Marchionni es investigadora sénior del Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (CEDLAS)

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