Centralidad del Parlamento

Las escaramuzas parlamentarias de las últimas semanas, a las que se han sumado en días pasados las reacciones a un extravagante ultimátum al Gobierno central por parte de la Generalitat, parecen sugerir que la eficacia del Poder Legislativo está siendo menoscabada por la manera en la que lo están manejando los diferentes grupos y, sobre todo, la propia Mesa del Congreso. Los partidos que la controlan tienen toda la legitimidad para ordenar a sus respectivos grupos que no participen en la conformación de las mayorías que el Gobierno busca para llevar adelante sus iniciativas, e incluso para intentar impedirlas mediante su acción política en el pleno. No es de recibo, por el contrario, que esos mismos partidos utilicen su posición institucional para lograr que la Mesa le cierre las puertas a que pueda hacerlo.

La parálisis política que desde la Mesa tratan de inducir los dos principales partidos de la oposición, como ya hicieron durante el mandato del anterior Ejecutivo, está tentando al Gobierno con adoptar un comportamiento parlamentario que, aun siendo legal, lo coloca en mala posición política para denunciar las inaceptables prácticas institucionales ajenas. Al introducir una enmienda capaz de desbloquear el debate presupuestario en una ley que nada tenía que ver con él, el Gobierno quedó frente a la Mesa en una situación en la que una argucia parecía convalidar la otra, cuando lo que correspondía en primera instancia era denunciar una manera de actuar poco respetuosa con las instituciones y con la voluntad de los ciudadanos expresada a través de sus representantes.

Otro tanto cabe decir acerca de la estrategia sugerida en ocasiones por algunos ministros y el propio presidente, en el sentido de prolongar la legislatura durante el mayor tiempo posible a través de una prórroga de los Presupuestos y convertir así el Parlamento en una caja de resonancia de las medidas que adoptarían en caso de disponer de mayoría. Igual que no es aceptable exigir al Gobierno convocar elecciones cuando se le impide arteramente formar mayorías, tampoco lo es que este no las convoque cuando no pueda formarlas.

La inestabilidad política actual no es tanto resultado de la sucesión de dos Gobiernos en minoría, una situación ya conocida en el sistema español, como del mal uso que se está haciendo de las Cámaras, tanto en lo que se refiere al respeto de las reglas que rigen para formar mayorías, como a la obligación de no degradar los debates en simples sesiones de propaganda donde los eslóganes sobre asuntos intrascendentes importen más que los argumentos desde los que abordar la solución de los problemas más graves. La Constitución de 1978 no prevé la elección directa del presidente del Gobierno. Esta importancia que el Parlamento tiene reconocida en la arquitectura institucional de 1978 quedó sobradamente demostrada cuando, hace apenas unos meses, el voto de los diputados depuso a un Gobierno al que sostenía un partido condenado por corrupción y lo sustituyó por otro de signo contrario. Pero la importancia de las Cámaras no está limitada por la Constitución a esa votación trascendental, sino que se extiende, además, a la acción política ordinaria. Y es ahí donde el Parlamento no está ocupando la centralidad que el sistema le exige y le reconoce.