Acuerdo decisivo

El acuerdo del Pacto de Toledo para recomendar una revalorización de las pensiones sobre la base del IPC es un primer paso, modesto pero crucial, para afrontar una reforma meditada y profunda del sistema. Para empezar, descarta el método diseñado en la primera legislatura del PP, que imponía en la práctica un aumento máximo de las prestaciones del 0,25%, equivalente a una congelación efectiva de las prestaciones. La recomendación, conseguida tras una larga negociación que refleja las diferencias de criterio entre los partidos, es un estímulo para que los negociadores consigan pactar en el plazo de dos años una reforma del sistema de pensiones capaz de conjugar el respeto al poder adquisitivo de 8,7 millones de pensionistas con la necesidad, incluso urgencia, de reducir el déficit de la Seguridad Social (19.000 millones) y sostener un sistema de cotización en una fase económica de elevado desempleo y precariedad salarial.

El acuerdo, redactado en términos pensados para satisfacer a todos los negociadores, requiere algunas explicaciones que aconsejan moderar el entusiasmo. En primer lugar, la aplicación concreta de la revalorización conforme al IPC corresponde al Gobierno y a los agentes sociales (empresas y sindicatos). Dadas las dificultades financieras de la Seguridad Social, lo más probable es que el Gobierno se vea obligado a introducir otros parámetros distintos de los precios a la hora de calcular la subida anual de la pensión. Una solución sería garantizar el poder adquisitivo de las prestaciones en periodos más largos que un solo año, con el fin de distribuir la carga presupuestaria de la subida durante varios ejercicios.

Además, el Pacto del IPC tiene que completarse con propuestas negociadas sobre financiación, definición de lo que es una pensión suficiente o el método de cálculo de la prestación, todas ellas de gran complejidad. Para entender la importancia del acuerdo hay que tener en cuenta que, aunque agrava la financiación a corto plazo (en los próximos dos años las prestaciones aumentarán con los precios), constituye un incentivo político para negociar con cierta premura una reforma que sí garantice las pensiones a largo plazo. Las pensiones están amenazadas por la caída relativa de las cotizaciones, por el aumento del número de pensionistas, por las prestaciones medias cada vez más elevadas y por el hecho incontrovertible de que la prolongación de la vida media amplía el periodo durante el que se percibe la pensión. Estos son los problemas estructurales del sistema actual que el Pacto de Toledo y los meses de negociación tendrán que resolver con propuestas razonables.

Gran parte de las soluciones son conocidas, pero deben plantearse en propuestas concretas que estén avaladas por el consenso político y social. Es necesario demorar la edad de jubilación, ajustar las percepciones a las cotizaciones, regular la posibilidad de seguir trabajando con sueldo después de la jubilación (de esta forma subirían los ingresos de la Seguridad Social) y trasladar costes de pensiones no contributivas al Presupuesto. Queda mucho por hacer; el primer paso será baldío si no se acompaña de una reforma completa del sistema aplazada demasiado tiempo. Y, por cierto, también es una invitación indirecta a debatir sobre una reforma fiscal.