Tirar piedras

La dimisión de dos ministros, la presión política y mediática sobre otros dos para que sigan el mismo camino, así como los errores de coordinación de las iniciativas de Gobierno y en la trasmisión de los mensajes que las acompañan han dejado huella en la imagen de un Ejecutivo que, como el de Pedro Sánchez, contó con una amplia aceptación en el momento de ser nombrado. El hecho de priorizar la espectacularidad de los anuncios sobre la viabilidad real e inmediata de algunas medidas, como la exhumación de los restos del dictador o la reforma constitucional para limitar los aforamientos, realizado en este caso por el propio presidente, han contribuido a profundizar una imagen de desgaste que por el momento no recogen de forma inequívoca las encuestas. Por último, las dificultades para tramitar la Ley de Presupuestos por el bloqueo de la Mesa del Congreso a las iniciativas del Gobierno han sido interpretadas por los dos principales partidos de oposición, PP y Ciudadanos, como un argumento decisivo para poner fin a una de las legislaturas más complicadas de la reciente historia democrática en España.

La composición de las Cámaras surgidas de las últimas elecciones generales hacía presagiar un periodo de inestabilidad política que no se resolverá poniendo simplemente fin a la legislatura de manera inmediata, sino haciéndolo en el momento en que concurran las razones implícitas en la lógica del sistema constitucional para hacerlo. Esa lógica no contempla que el jefe del Ejecutivo deba convocar elecciones en razón de un concepto entre demoscópico y electoralista como el de desgaste, pero sí que lo haga cuando no pueda articular mayorías parlamentarias para llevar adelante las iniciativas de gobierno, de manera especial las cuentas públicas. Del hecho de tomar conciencia de esta distinción, y de extraer de ella las lecciones acerca de lo que los grupos parlamentarios pueden y no pueden hacer, depende algo más importante que el próximo resultado electoral; depende que el país no se precipite en un nuevo abismo de crispación, como en 1993 y en los años finales de la presidencia de Rodríguez Zapatero. Gran parte de los más graves problemas que vive hoy España, incluida la crisis catalana, proceden de los destrozos institucionales provocados por la espiral de acciones y reacciones políticas de aquellos años.

La frontera entre moralizar la vida pública y hacer política con la moral es estrecha, y no es seguro que en estos momentos no se esté cediendo de nuevo a la tentación de traspasarla. Conviene no llamarse a engaño: lo que el Parlamento está ofreciendo estas semanas a los ciudadanos se parece más a una algarabía entre fariseos presumiendo de virtud que a un debate político entre representantes políticos. Estos están obligados a poner las ingentes posibilidades del país, conquistadas gracias al esfuerzo de muchas generaciones de ciudadanos, al servicio de la solución de unos problemas igualmente ingentes, y no dilapidarlas en estrategias propagandísticas con las que bloquear la eficacia del sistema. En este sentido, no es cierto que el Gobierno de Pedro Sánchez haya fracasado a la hora de conformar una mayoría en torno a un proyecto de Presupuestos porque está desgastado, lo esté o no lo esté; lo que sucede es que PP y Ciudadanos están torpedeando cualquier posibilidad de que intente conformarla, haciendo política con la moral. Los fariseos bíblicos no tiraron la piedra porque no estaban libres de pecado. En un debate parlamentario tan miserable como el que se ha instalado en España, se puede no estar libre de pecado y, sin embargo, tirarla.