Los límites del cambio

El Gobierno de Pedro Sánchez acaba de darse de bruces con dos de los problemas más espinosos a los que puede enfrentarse durante los dos años que quedan de legislatura. No ha sido posible un acuerdo en el Pacto de Toledo para fijar un sistema de revalorización de las pensiones para el futuro, más allá del contenido presupuestario acordado entre el PP y el PNV. Si bien existe un acuerdo general sobre la actualización de las prestaciones, PP y Ciudadanos se apuntan al realismo: en caso de recesión, las pensiones más altas deberían ser discriminadas; PSOE y Podemos reclaman subidas para todos según el IPC. El acuerdo, que podía haber despejado uno de los frentes de la política social del Gobierno, está congelado a la espera de nuevas negociaciones.

Por añadidura, el Gobierno ha tenido que reconocer que hay que aplazar una reforma de la financiación autonómica hasta la próxima legislatura. No es una sorpresa: poco de lo que debe contener una reforma de ese calibre, sea el futuro de los fondos autonómicos, el grado de responsabilidad fiscal autonómica, la atribución de recursos para cubrir servicios mínimos o la transferencia de impuestos, tiene hoy el respaldo de cálculos serios admitidos por las partes. El expediente de la reforma autonómica necesita además una solución para Cataluña. Estos problemas no pueden resolverse en dos años escasos; pero en ese plazo sí cabe predisponer a todas las partes a un acuerdo, establecer cálculos sólidos para decir lo que se quiere y qué se puede hacer y quizá llegar a un acuerdo razonable para resolver los déficits autonómicos.

El freno de las pensiones y de la financiación autonómica pueden interpretarse como un reflejo de la debilidad política del Gobierno; pero hay un fallo más profundo que supera la coyuntura política. Los Gobiernos de Rajoy se saltaron a la torera los plazos para negociar ambas reformas. La política de “dejar que el tiempo pase” sitúa a la financiación pública española, sea en lo que se refiere al Estado autonómico, sea en Seguridad Social, ante la triste realidad de una legislatura perdida.

Lo que amenaza a las pensiones, hasta el punto de que a medio plazo debe considerarse como probable un recorte en las prestaciones, es el envejecimiento de la población, consecuencia inevitable del aumento del periodo entre el comienzo de la jubilación y el final de la misma. Esta presión demográfica, propiciada por la mejora de la sanidad pública, hace aconsejable tomar decisiones políticas drásticas con un amplio acuerdo político: entre otras, transferir gastos de pensiones no contributivas a presupuestos; suprimir las bonificaciones de la Seguridad Social a la creación de empleo (un gasto que no ha producido los efectos esperados); destopar la cotización máxima, para que suban los ingresos del sistema y permitir que los jubilados mantengan un empleo remunerado.

Pedro Sánchez y su Gobierno han chocado con los límites de lo que pueden y no pueden hacer. Pero, aunque en ambos casos no puedan aspirar a reformas, sí pueden tomar decisiones parciales que preparen el camino para la próxima legislatura. Otros cuatro años de tensiones autonómicas y con un déficit irredimible de 18.000 millones en la Seguridad Social pondrían en peligro la estabilidad política y social.