Hasta que la verdad judicial los separe

No me voy, me quedo. Voy a seguir siendo vuestro presidente. Pablo Casado bien podía haber empleado estas frases en su comparecencia de ayer ante los medios de comunicación. Si lo recuerdan, son las que utilizó Cristina Cifuentes en un video frente a quienes le afeaban las condiciones en las que había obtenido el mismo máster ofertado por la Universidad Juan Carlos I. Después vinieron las explicaciones en las que afirmaba haber hecho todo lo que la Universidad le había pedido, las acusaciones sobre las posibles irregularidades administrativas de la Universidad y, en último extremo, una carta remitida al rector en la que renunciaba a la utilización del título expedido. El final de aquel episodio ya lo conocen. Una vez obtuvo las oportunas ovaciones de sus compañeros de partido en la convención celebrada en Sevilla, Cristina Cifuentes dimitió de la presidencia de la Comunidad de Madrid, renunció a sus responsabilidades orgánicas y abandonó su escaño en la Asamblea autonómica tras hacerse público un video particularmente comprometido.

Pablo Casado, sin embargo, no va a dimitir. Lo dijo ayer cuando supo que la magistrada competente en el caso del máster —que él también superó sin demasiado esfuerzo— había decidido remitir al Tribunal Supremo una pieza separada, dada su condición de aforado. La magistrada, en su escrito, ofrece un relato coherente y bien argumentado sobre unos hechos de los que, a su juicio, se puede inferir indicios suficientes de responsabilidad penal en torno a las figuras de cohecho impropio y prevaricación administrativa. Más allá del recorrido judicial del caso y sin negar a nadie la presunción de inocencia, parece evidente que, en el caso que nos ocupa, hace ya tiempo que existen certezas de haberse sobrepasado los estándares de virtud pública exigibles a quienes ambicionan una carrera profesional en el ámbito de la representación institucional. Debería ser un imperativo de calidad democrática.

Con todo, tengo pocas dudas de que Pablo Casado mantendrá sus responsabilidades orgánicas en el Partido Popular sin mayor cuestionamiento interno, aun cuando el Tribunal Supremo pida el suplicatorio al Congreso de los Diputados si entiende que existen razones para proceder judicialmente. No creo que asuma ningún tipo de responsabilidad que le lleve a dimitir de sus cargos; ni siquiera si avanza la investigación en el Supremo y se abre contra él juicio oral. Si esto ocurre, el Partido Popular rebajará el alcance del reproche moral de la conducta de su presidente con argumentos que ya hemos escuchado en tantas otras ocasiones: “Ha podido meter la pata, pero no ha metido la mano”.

Cuando los compromisarios del Partido Popular votaron la candidatura de Pablo Casado como presidente del partido sabían que algo así podía ocurrir. Y, a pesar de todo, Pablo Casado sumó un respaldo particularmente amplio. Que nadie se engañe, el PP estará con él, en lo bueno y en lo malo. Sin condiciones, hasta que la verdad judicial los separe.