“He perdido toda la ayuda que antes recibía de las FARC”

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Pablo Jiraldo recibió un disparo en el maxilar en su cuarto día en el frente. Sucedió hace 10 años, cuando luchaba con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), durante la guerra que vivió el país durante décadas. El hombre, de 43 años, afirma que la bala la disparó un soldado del Gobierno.

“Fui a buscar mi arma, pero me disparó”, recuerda. “Fui valiente. Perdí la mitad de la cara”. Sobrevivió gracias al eficiente sistema sanitario clandestino de las FARC, pero Jiraldo ha quedado desfigurado y necesita atención médica frecuente. Es uno de los muchos excombatientes que tienen problemas de salud y lesiones sufridas durante los años de combate y la vida como fugitivos, según afirman médicos y trabajadores humanitarios.

Laura Villa, una excomandante de la guerrilla que lideraba el sistema de sanidad del grupo, calcula que más del 10% de sus cerca de 7.000 excombatientes viven con problemas de salud crónicos como consecuencia del conflicto.

Durante años, las FARC facilitaron tratamiento a sus combatientes heridos en el campo de batalla. Pero cuando se ratificó el Acuerdo de paz entre el grupo armado y el Gobierno, en noviembre de 2016, el servicio pasó a ser responsabilidad del sistema público de sanidad de Colombia. Ya de por sí limitado, este ha tenido hasta ahora dificultades para incorporar los casos de las FARC, pese a las promesas hechas bajo los acuerdos de paz, señala Villa, quien está ahora encargada de supervisar la reintegración y de coordinar los programas rurales de sanidad liderados por ONG.

La escasez de servicios sanitarios contribuye a la falta de confianza en un acuerdo que ya se mueve sobre arenas movedizas, a consecuencia de la falta de progreso en la aplicación de las reformas y de las alegaciones de corrupción en la asignación de los fondos para estos cambios.

Según las condiciones del Acuerdo de paz, las FARC debían dejar las armas y desmovilizarse, mientras que el Gobierno tenía que aplicar una serie de reformas y propuestas de medidas centradas en las causas fundamentales del conflicto, el cual, muchos reconocen, deriva de la desigualdad rural. Además de las propuestas de reforma agraria, los programas de sustitución de los cultivos de coca y la mejora de las infraestructuras y los servicios, a los combatientes de las FARC también se les prometió acceso al sistema de sanidad del país.

Los acuerdos también prevén que “excepcionalmente, para enfermedades graves de alto coste y para la rehabilitación de lesiones derivadas del conflicto, el Gobierno establecerá un sistema especial con la cooperación nacional e internacional para su atención durante 36 meses”.

Los analistas advierten de que la desconfianza continuada hacia el proceso de paz podría alimentar la disidencia entre los excombatientes

La atención sanitaria era una “parte muy importante del paquete”, según Ivan Briscoe, director de programas para América Latina del International Crisis Group. “La idea de que el Estado se haga cargo de las necesidades básicas de estas personas para que puedan integrarse en la sociedad colombiana es fundamental”, añade Briscoe.

El problema de la atención sanitaria “plantea la cuestión fundamental que es transversal a todo el proceso de implementación del proceso de paz: ¿cuánto se ha sobrevendido el Estado colombiano?”

Los analistas advierten de que la desconfianza continuada hacia el proceso de paz podría alimentar la disidencia entre los excombatientes (aproximadamente 1.200 miembros de las FARC aún están activos) o aumentar su vulnerabilidad al reclutamiento por grupos criminales u otros grupos armados, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), otra organización guerrillera marxista.

Las elecciones que tuvieron lugar el 17 de junio y llevaron a la presidencia a Iván Duque, un político de derechas que critica el histórico Acuerdo de paz del país, han incrementado esta sensación de intranquilidad. La legislación relacionada con el Acuerdo no podrá anularse en 12 años, pero Duque ha prometido efectuar algunas modificaciones al mismo.

No está claro si alguno de estos cambios afectará negativamente al acceso limitado de las FARC a la atención sanitaria. Si fuera así, traería más problemas a combatientes como Jiraldo que tienen problemas para recibir tratamiento médico.

“Me alegré cuando se firmó el proceso de paz; pensé que todo mejoraría. Pero me equivoqué. He perdido toda la ayuda que antes recibía de las FARC”, se lamenta Jiraldo, y añade que su comandante alega que su lesión es ahora responsabilidad del Gobierno.

Jiraldo, que también sufre trastorno por estrés postraumático (TEPT), se ha sometido a 18 operaciones financiadas por las FARC desde que recibió el disparo, todas ellas antes de la firma del Acuerdo de paz. Pero muchas fueron chapuzas ―cuenta que un cirujano le estiró el párpado para tapar el espacio que antes ocupaba su globo ocular en vez de utilizar un injerto de piel— y sigue necesitando atención médica frecuente.

No ha podido conseguir tratamiento efectivo en el sistema de sanidad pública de Colombia desde la firma del acuerdo de paz y afirma que ha sido rechazado por cinco cirujanos diferentes del Estado. Solo logró recibir atención médica adecuada tras conocer a Claudia Luzar, que trabaja con la Comisión de Conciliación Nacional, un grupo de paz y reconciliación financiado parcialmente por el Gobierno alemán. Con su ayuda y la ayuda económica ha podido conseguir tratamiento privado.

“Durante cuatro años, padeció una infección por una superbacteria, el staphylococcus aureus resistente a la medicina (SARM), para la cual le estoy dando tratamiento actualmente”, explica el doctor Peter Jasinski desde su clínica privada en Bogotá. Luzar presentó a Jiraldo al médico, polaco de nacimiento, tras conocer su drama. En un intento de liberar a Jiraldo de la complicada infección, Jasinski ha estado administrándole diariamente inyecciones de una solución salina en su herida —que atraviesa su maxilar superior y la cara— antes de administrarle antibióticos.

El cambio abrupto a un sistema de atención sanitaria precario fue un aspecto inesperado del proceso de paz para muchos de los soldados rasos de las FARC

Jiraldo tiene arcadas y respira con dificultad durante todas las intervenciones, pero estas son necesarias para prepararlo para una posible operación que se espera que acabe con el ciclo de reinfección. Aún no se sabe quién realizará la operación, ni quién la pagará.

“Pablo no tiene ninguna confianza”, afirma Luzar. “Se suponía que el proceso de paz iba a generar confianza, pero ha tenido el efecto contrario”.

El cambio abrupto a un sistema de atención sanitaria precario fue un aspecto inesperado del proceso de paz para muchos de los soldados rasos de las FARC. “Cuando estaban en las FARC, no era necesario pedir cita”, explica la excomandante Villa. “Para cualquier cosa que necesitasen, en cualquier campamento, había un profesional preparado para ayudar”. Y añade: “Así que cuando lo dejaron y pasaron a pertenecer al sistema colombiano de atención sanitaria… la transición fue muy dura”.

Pero el problema es simplemente que los excombatientes están experimentando ahora los mismos problemas con la atención sanitaria pública que el resto de la población, remacha Villa. Los analistas se hacen eco de esta opinión. “La atención sanitaria pública en la sociedad colombiana no es buena tal como está”, señala Briscoe, del International Crisis Group. “El hecho es que, en las zonas rurales, los servicios sanitarios públicos son deficientes. Eso no ha cambiado”.

La situación de la atención médica también presenta una paradoja, afirma Kristian Herbolzheimer, de Conciliation Resources. “Si el Gobierno atendiera a los excombatientes y no al resto de la población, ello generaría agravio”, explica. “Parecería que los que tomaron las armas son recompensados, y los que no lo hicieron, no”.

Para Jiraldo, su mala salud no es el único factor que refuerza su desconfianza hacia el proceso de paz. También le preocupa el sueldo escaso que percibe mensualmente ―que se acabará con el nuevo Gobierno― y su percepción de que no tiene posibilidades de futuro.

“No creo que el proceso de paz sea real”, admite Jiraldo. “Mucha gente está volviendo para seguir luchando”, añade. “Si yo tuviera salud, volvería ahora mismo. Continuar con la guerra no es la solución, pero no hay otra vía”.

La excomandante Villa admite que un retorno del conflicto es una posibilidad, dado que el Gobierno está incumpliendo sus obligaciones bajo los acuerdos. Pero mantiene la esperanza.

“Una de las principales características de la gente revolucionaria es que son muy optimistas”, afirma. “Las décadas de conflicto nos han hecho fuertes y ahora somos guerreros en busca de una paz a largo plazo”.

Este texto fue publicado originalmente en inglés en la página web de Newsdeeply en este enlace.

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