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Alfonso Bolívar suplicó que no mataran a sus hijos, pero viendo el inminente final le dijo a su pequeña que debían prepararse para un largo viaje. La niña cogió una ropa para su hermanito y la metió en una bolsa. Los paramilitares que irrumpieron en la casa no tuvieron piedad y con una crueldad extrema ejecutaron las órdenes recibidas por radio de un alto mando del Ejército colombiano: “Mátenlos porque si no de mayores acabarán siendo guerrilleros”. Natalia tenía cinco años. Santiago, su hermano, apenas 18 meses. Son parte de los hechos de la masacre de San José de Apartadó ocurrida el 21 de febrero de 2005 en este corregimiento de la subregión del Urabá del departamento de Antioquia, al noroeste de Colombia. Fueron relatados por uno de los autores materiales en un juicio celebrado años después.

En aquella matanza asesinaron a ocho personas, entre ellas también a Luis Eduardo Guerra, un hombre de conciencia lúcida y grandes ideales comunitarios. Los perpetradores pensaron que matándolo pondrían fin a una de las experiencias de resistencia civil contra la guerra más significativas de Colombia; la de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.

Robert Morral nunca podrá olvidar aquel día. Era miembro de Brigadas Internacionales de Paz, la organización que hace años acompaña a la Comunidad, y le tocó salir en comisión a buscar los cadáveres. “Encontramos rastros de sangre y cuerpos descuartizados. Había militares por todas partes. Unos se reían y burlaban de lo que allí estábamos viviendo. Otros abandonaron el lugar haciéndose fotos con señales de victoria”, recuerda el exbrigadista catalán, todavía con rabia e impotencia.

Desde que decidieran declararse población civil al margen del conflicto, la Comunidad contabiliza unos 300 asesinatos y más de 1.000 agresiones

Hoy se sabe que aquella atrocidad fue cometida por paramilitares y miembros de la Brigada XVII del Ejército Nacional actuando conjuntamente, pero solo un capitán, algunos suboficiales y 27 paramilitares fueron condenados. “Procesaron a los gatilleros, pero no las altas esferas del poder militar. Conocimos la existencia de un manual del Ejército referido a las comunidades de paz en el que se decía que debían ser objeto de una guerra política y eran consideradas como un enemigo”, dice Jorge Molano, abogado defensor de la Comunidad.

De San José a San Josesito

Las miles de hectáreas de plátano y banano sembradas en el Urabá, en el límite con Panamá, se ven desde el aire como un mar tranquilo de color verde intenso. Gracias al banano, esta subregión antioqueña se convirtió en una zona económicamente próspera pero también en una de las más violentas del país. Fue cuando grupos paramilitares decidieron tomarse el Urabá y combatir al V Frente de las FARC asentado en la región. La guerra y los intereses económicos de las multinacionales entorno al banano formaron un cocktail explosivo de trágicas consecuencias para la población civil. La antigua United Fruit Company, hoy Chiquita Brands, llegó a financiar a grupos paramilitares para provocar el desplazamiento de cientos de campesinos con el fin de aprovecharse de sus fértiles tierras.

El proyecto paramilitar había llegado para quedarse e instaurar un régimen de terror. Ante la situación, sectores de la Iglesia propusieron la creación de espacios neutrales donde se garantizara el respeto a la vida y la integridad de la población civil. Unos 5.000 campesinos se habían ya desplazado, pero otros 400 decidieron organizarse para permanecer en sus tierras y declararse como comunidad de paz el 23 de marzo de 1997 para rechazar la presencia de cualquier actor armado en sus espacios. “Tomamos la opción de pensar como vivir en medio de la guerra sin ser parte de ella. Dijimos que del corregimiento de San José no nos íbamos a ir, que haríamos resistencia y que nuestra apuesta era por la vida”, dice Brígida González, una de las fundadoras de la comunidad.

En medio de la guerra, se reagruparon primero en el semiabandonado pueblo de San José de Apartadó y más tarde en una finca cercana de su propiedad que rebautizaron como San Josesito. Aquí continuaron con su proyecto de comunidad de paz. Levantaron nuevas casas y sembraron fríjol, caña de azúcar, arroz, yuca, maíz, plátano y cacao, y criaron peces y cerdos. “Fueron construyendo una nueva manera de vivir solidariamente en común a la cual ya no quieren renunciar, donde la tierra se volvió una propiedad colectiva y donde los cercos de hambre que les tendieron con bloqueos alimentarios se convirtieron en un desafío para buscar un modelo propio de soberanía alimentaria”, dice el sacerdote jesuita Javier Giraldo, muy comprometido con la Comunidad.

En San Josesito no solo consiguieron subsistir sino que fortalecieron su propuesta de construcción de paz. Crearon nuevas formas de organizarse y generaron un proyecto económico de comercialización de productos orgánicos que, en el caso del plátano y el cacao, cuentan hoy con el apoyo de organizaciones internacionales para obtener certificaciones de producción ecológica y de comercio justo para Estados Unidos y la Unión Europea. Al mismo tiempo facilitaban el retorno de familias desplazadas a sus veredas apenas fuese posible y trabajaban en prevenir la no vinculación de niños y jóvenes a los grupos armados o en la tutela a viudas y huérfanos, además de mantener viva la memoria de las víctimas.

A la zona han llegado cerca de 500 paramilitares bajo el nombre de Autodefensas Gaitanistas de Colombia

En Colombia, casi nadie entendió esa posición de neutralidad. La estigmatización, especialmente durante la etapa presidencial de Álvaro Uribe, fue demoledora. “Era indignante ver el juego sucio del Estado, sus falsas acusaciones y mentiras para desvirtuar nuestra propuesta de paz y hacer creer al país y al mundo que teníamos vínculos con la guerrilla. Pocos saben que las FARC nos atacó también más de 20 veces y asesinó a algunos líderes”, recuerda Gildardo Tuberquia, miembro de la comunidad.

Resistir implicó un alto costo en vidas humanas. La masacre de 2005 fue uno de los hechos más dolorosos pero desde que decidieran declararse población civil al margen del conflicto, la Comunidad contabiliza unos 300 asesinatos y más de 1.000 agresiones en forma de amenazas, destrucción de viviendas y quema de cultivos, desplazamientos masivos, violencia sexual, usurpación de tierra o montajes judiciales. La impunidad y la desprotección fue tan absoluta que decidieron romper relaciones con la justicia colombiana. Confían sólo en la Corte Constitucional y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ambas emitieron ya resoluciones y sentencias ordenando al Estado protegerles la vida y la integridad.

Sobre la Brigada XVII del Ejército, responsable de la seguridad de la región, recayeron siempre graves acusaciones de violación de derechos humanos y de tener una connivencia descarada con los grupos paramilitares. Ahora, en esta nueva etapa por la que transita el país tras la firma de la paz con las FARC, aparentemente quieren dar otra imagen pero las sospechas y la desconfianza no han desaparecido en la Comunidad de Paz que durante años sufrió sus atropellos.

El máximo responsable del cuestionado acuartelamiento es hoy el coronel José Antonio Dangón. A sus órdenes tiene 1.357 policías y militares. “No puedo obviar las sentencias de la Corte porque es como una guillotina que prende sobre mi cabeza. Es una presión y una responsabilidad demasiado grande porque mis recursos son limitados. Aun así, desde hace casi dos años no hemos vuelto a tener un homicidio en Sán José, tenemos un plan de seguridad integral de todo el corregimiento que incluye la protección de la Comunidad de Paz y nuestros soldados recibieron capacitación en derechos humanos”, explica el coronel.

“Salen unos, entran otros”

Sin embargo, tras la firma de la paz, la Comunidad viene denunciando un incremento de la presencia paramilitar en la región y que el Ejército sigue sin hacer nada por detener a estos grupos armados. Aseguran que tras la salida de los dos frentes guerrilleros que se movían por la zona han llegado cerca de 500 paramilitares bajo el nombre de Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), conocidos también como el Clan del Golfo, que buscan retomar el Urabá y dar un nuevo impulso a los cultivos de coca. Las paredes de varias escuelas y viviendas amanecieron ya recientemente pintadas con el mensaje "Llegamos para quedarnos".

La Iglesia ha alertado también sobre el aumento del paramilitarismo en las zonas que abandonaron las FARC con el consiguiente control bélico de las tierras vinculadas al narcotráfico. “Salen unos y entran otros”, decía el obispo de Apartadó, Monseñor Hugo Alberto Marín, en una carta dirigida al gobierno nacional en la que preguntaba cuál era el futuro para las comunidades campesinas que siguen sufriendo el flagelo de los actores armados y si había alguna simpatía estatal con esas formas ilícitas de dominio territorial frente a los legítimos poseedores de las tierras.

El mundo necesita de estas experiencias pequeñas que construyen otras formas de vivir. Hay muchos ojos y muchos corazones puestos aquí”

En la misma línea, un preinforme reciente de una misión internacional de verificación sobre la situación de derechos humanos en Colombia integrada por organizaciones y representantes de casi todos los partidos políticos españoles, incluido el Partido Popular, daba cuenta también del aumento del paramilitarismo en San José. El Estado, sin embargo, unas veces niega esa presencia y otras la minimiza y habla de bandas criminales que, en el caso del Clan del Golfo, aseguran tienen voluntad de perseguir y que ya detuvieron a alguno de sus cabecillas.

Para Gloria Cuartas, una de las personas que más defendió y visibilizó a la Comunidad de Paz de San José durante su etapa de alcaldesa de la ciudad de Apartadó, los paramilitares son un grupo de avanzada económica que pretende obligar a la gente a irse y vender sus tierras. “Estamos en una zona de desarrollo muy importante que se definió siempre como la mejor esquina de América y donde hace tiempo venimos observando toda su transformación espacial. Hay aquí infinidad de solicitudes de explotación minera en curso y pronto se construirá un gran puerto en el Pacífico, en la cercana ciudad de Turbo. La Comunidad de Paz es una piedra en el zapato”. Con todo, Cuartas no cree que sea tan fácil desalojarles. “Esta es una comunidad que tiene ya importancia global. El mundo necesita de estas experiencias pequeñas que construyen otras formas de vivir. Hay muchos ojos y muchos corazones puestos aquí”, añade.

Ciertamente, la solidaridad internacional ha sido un gran aliado de la Comunidad de Paz sin la cual ellos mismos reconocen que quizá no hubieran sobrevivido. Y es que es difícil encontrar en Colombia una experiencia de resistencia civil no violenta frente al conflicto armado que haya atesorado tanto reconocimiento y apoyo, incluido el de la Unión Europea, Naciones Unidas o embajadas tan influyentes en el país como las de Noruega, Suecia, Suiza o Alemania. En el caso de España, el Ayuntamiento de Burgos y el de la localidad madrileña de Rivas tienen proyectos de cooperación con San José desde hace años, pero también existe un gran apoyo en Cataluña y en países como Estados Unidos, Italia, Bélgica y Portugal. En cualquier caso, cuesta creer que después de tanta muerte y atropello, la Comunidad de Paz de San José de Apartadó celebrara hace unos meses sus 20 años de vida.