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El último mes de agosto que Carmen Franco pasó en la mansión de verano de toda su vida fue el más aciago. La hija del dictador se instaló con su séquito en el pazo de Meirás como había hecho durante 80 años, pero esta vez lo hizo solo unos días después de ser declarada, junto a toda su familia, persona non grata. La matriarca de los Franco se mostró dolida por el reproche oficial aprobado por mayoría en el Ayuntamiento de Sada, el municipio gallego al que pertenece la finca. “Tienen como único propósito molestar”, se quejó la duquesa de Franco. Aquella era una señal más de que los años de vino y rosas que había disfrutado, incluso en democracia, llegaban a su fin.

El torbellino de problemas que envuelve a los Franco no ha dejado de crecer desde entonces. Mientras el Gobierno tramita la exhumación de los restos del dictador del Valle de los Caídos, en Ferrol han decidido retirarles el nicho donde están enterrados cuatro miembros de la familia –sus abuelos paternos, una tía y una hermana– porque nunca se pagó y fue concedido en 1967 como un “privilegio”. En los despachos de La Moncloa, entretanto, buscan la fórmula para dejar sin efecto el título de duquesa de Franco que acaba de heredar formalmente Carmen Martínez-Bordiu. La nueva duquesa, que ha permanecido más callada de lo que es habitual en ella desde que murió la matriarca, se ha cansado de lo que entiende es una campaña contra ella y ha decidido poner tierra de por medio y marcharse a vivir fuera de España. Su nuevo destino, al que la acompañará su nueva pareja, el neozelandés de 33 años Timothy McKeaghe, será Portugal sin concretar el lugar del que sí ha dicho que será un entorno natural alejado de las grandes ciudades.  

La muerte le llegó a la única heredera del general Franco solo cuatro meses después de aquel agosto non grato en Meirás, aunque la matriarca tuvo tiempo para emprender una ofensiva judicial. Sus hijos mantienen vivos los tres frentes que abrió en sus últimos momentos para defender su abultado patrimonio, integrado por inmuebles y piezas de arte que varias Administraciones reclaman como bienes públicos por haber sido confiscados forzosamente. Contra los 28 activistas que se colaron en dos de esas propiedades para colgar pancartas de protesta, el pazo de Meirás y en la Casa Cornide de A Coruña, la familia interpuso sendas denuncias que acabarán en juicio. Y mientras, sus abogados intentan evitar que un tribunal de Madrid les quite dos esculturas románicas que pertenecen al Pórtico de la Gloria de la catedral de Santiago de Compostela y que el Ayuntamiento de la ciudad reclama como suyas.

Esta última es la batalla más avanzada. El gobierno de la capital de Galicia ha presentado ante el juzgado de primera instancia número 41 de Madrid documentos que certifican que la Administración local es la titular de las estatuas de los profetas Abraham e Isaac. Acusan al dictador y a su esposa de quedarse con ellas y llevárselas a Meirás en 1954. Los abogados de los Franco califican las conclusiones de los juristas e historiadores consultados por el Ayuntamiento de Santiago de “patraña”. Sostienen que los padres de Carmen Franco se las compraron a un anticuario.

En el epicentro de los problemas que se le multiplican a los Franco sigue Meirás, el gran símbolo de la fortuna familiar, pendiente de que el Gobierno acepte presentar una demanda civil apadrinada por expertos de distintos ámbitos y reclamada en Galicia por todos los partidos incluido el PP. Tal y como está planteada, si se interpone y sale adelante, supondría que la familia sería desalojada de Meirás sin recibir, en principio, ni un solo euro. “La propiedad del pazo es nuestra y así va a seguir siendo”, no dejó de contestar Carmen Franco hasta el 29 de diciembre de 2017, día en que falleció de cáncer a los 91 años.

En un gesto de desafío, sus siete hijos han puesto a la venta varias propiedades que incluyen el edificio de la calle Hermanos Bécquer, en el madrileño barrio de Salamanca –en una de cuyas plantas se encontraba la vivienda en la que vivió y falleció su madre– pero también el pazo de Meirás. Por la mansión de veraneo que antes habitó la escritora Emilia Pardo Bazán pedían el pasado marzo ocho millones de euros a través de la inmobiliaria de lujo Mikeli, regentada por un empresario cántabro que se declara amigo de la familia. A él confiaron un mes después la venta de otra propiedad con gran significado para la familia, la finca de La Piniella, en el municipio asturiano de Llanera, heredada por la esposa de Franco y que salió al mercado por un precio de cinco millones de euros.

Sobre la cabeza de uno de los miembros de la familia pende otra espada: la condena de Francis Franco, el pasado mes de febrero, a 30 meses de prisión por embestir en Teruel con su coche a una patrulla de la Guardia Civil mientras iba armado y conduciendo de forma temeraria. El nieto del dictador no ha pisado aún la cárcel porque ha presentado un recurso contra la sentencia, informan fuentes oficiales del Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Su resolución decidirá si el hijo mayor de Carmen Franco pone la puntilla a esta nueva etapa en la vida de la familia acabando entre rejas.