Se necesita un nuevo Senado

Con retraso, gran retraso, parece que por fin se empieza a abordar un acuerdo entre el Gobierno y las comunidades autónomas con el fin de establecer un nuevo modelo de financiación para los próximos años. Con tal motivo, comienzan a dibujarse posiciones diversas con una peculiaridad que es interesante comentar: los Gobiernos autónomos de un mismo partido no coinciden en sus planteamientos y, en ocasiones, coinciden con el planteamiento del partido contrario. Por ejemplo, según parece, los presidentes de Galicia y de Castilla y León, ambos del PP, coinciden más con los presidentes socialistas de Asturias y Aragón que con sus compañeros de partido de Madrid o Murcia.

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¿Se trata de enfrentamientos ideológicos en el interior de los partidos? No. Se trata de diferencias de criterio por intereses territoriales, perfectamente entendibles y razonables, a partir de una coincidencia ideológica común: todo ciudadano, sea cual sea la comunidad en que resida, debe tener garantizados unos servicios públicos con el mismo nivel de calidad. Así lo establece específicamente la Constitución y así se deriva del valor igualdad, esencial en una democracia.

En efecto, no parece admisible que los poderes públicos traten a sus ciudadanos de manera distinta, por razón de su residencia, en materias como la sanidad, la enseñanza o los servicios sociales, entre otras. La organización de estos servicios puede ser diferente en virtud de la autonomía política pero ello no debe ir en menoscabo de su igualdad de derechos ya que ello sería incurrir en discriminación.

Bajo este punto de partida, las diversas comunidades deben cuantificar sus gastos de acuerdo, no sólo con su población, sino con sus características territoriales ya que su coste puede variar. Por ejemplo, una población dispersa encarece una plaza escolar por razón de los traslados de los alumnos o una población envejecida aumenta, como es obvio, el gasto de sanidad. Por tanto, estas diferencias territoriales se resuelven mediante una negociación honesta en la que se aleguen motivos fundamentados en la igualdad de derechos de todos los ciudadanos.

Esto que sucede en financiación sucede también en otras muchas materias en las que son competentes las comunidades. Por ello es necesaria para el buen funcionamiento del Estado una colaboración no ocasional sino constante entre comunidades y, con esta finalidad, es imprescindible una institución política en donde éstas diferencias se resuelvan mediante el debate y la argumentación.

A estos efectos, lo ideal sería, a mi parecer, transformar el actual Senado en un órgano representativo de los Gobiernos autónomos. Ahí se debatirían todas estas cuestiones. El Congreso ya representa a los ciudadanos, el nuevo Senado representaría los intereses territoriales, tutelados por sus respectivos Gobiernos. Este nuevo Senado sería, por fin, la cámara territorial prevista en la Constitución.