Acelerón autonómico

Con retraso y quizá por razones de oportunidad (recuperar la iniciativa política que parece hoy en manos de Ciudadanos), el presidente del Gobierno ha anunciado su disposición a proponer una reforma del modelo de financiación autonómica en una próxima cita (a finales de mayo) del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). La decisión de Rajoy incluye además algunos anuncios públicos de interés (el nuevo modelo que prepara el Gobierno tendría en cuenta la población y la dispersión) pero insuficientes para calibrar los criterios a aplicar. Lo relevante de este anuncio es que algunas comunidades socialistas (Andalucía y Aragón) respaldan la propuesta, de forma que, con las autonomías gobernadas por el PP, constituirían ya una parte apreciable del poder autonómico, suficiente para que el resto de gobiernos quieran sumarse.

Quedan por definir los casos de Cataluña y País Valenciano. La aceleración de Rajoy sorprende a la Generalitat sin un Gobierno —aunque podría tenerlo a finales del próximo mes— gracias a las maniobras dilatorias patrocinadas por el procés. El argumento de que Cataluña tiene hoy un representante legítimo, puesto que está gobernada legalmente por el Estado, es correcto y políticamente ajustado; no es de recibo que la formación del Gobierno catalán interfiera en una reforma capital para el buen gobierno. Pero también es cierto que un modelo que no cuente con la aquiescencia del próximo Gobierno catalán sería una fuente futura de tensiones.

La Comunidad Valenciana es una de las más interesadas en participar en la negociación de un nuevo sistema, puesto que está infrafinanciada. El tardío acelerón de Rajoy es un acicate para que Valencia se sume a la cita. Que la iniciativa del Gobierno sea estimulante no significa que vaya a ser un éxito a corto plazo. La probabilidad más alta es que la reforma no pueda concluirse en esta legislatura; quizá ni siquiera se entre en el meollo de la negociación.