Hay un plan, pero para qué

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A los crecidos en los ochenta les sonará aquella famosísima frase televisiva “me encanta que los planes salgan bien”. En este breve enunciado se esconde el pilar de por qué las personas y las instituciones planificamos lo que habremos de ejecutar en las próximas semanas, meses o años: el para qué. Y en la sentencia va también la respuesta, para obtener un resultado positivo.

Hace ya casi 20 años la cooperación española se dotó de una herramienta de planificación cuatrienal —los planes directores— para fijar sus objetivos y prioridades. En las próximas semanas se aprobará el quinto. Llegamos a él tras años de durísimos recortes, en torno a un 75%, lo que nos sitúa en el pelotón de la comunidad de donantes.

El V Plan Director no es el “más participado de la historia”, pese a lo que afirman algunos representantes de la Administración. Es cierto que ha habido un periodo informal de consulta durante el segundo semestre de 2017, previo a la elaboración y difusión del primer borrador. Este llegó a nuestras manos a mediados de diciembre y desde entonces se han acelerado los tiempos, lo que limita la participación.

En la Coordinadora de Organizaciones de Desarrollo nos hemos volcado en las últimas semanas en aportar y proponer mejoras al primer borrador. Algunas de ellas han sido incorporadas a la segunda versión, pero no se han solventado por completo las seis carencias básicas que habíamos señalado. Por ello, la nueva propuesta de Plan Director sigue siendo inconsistente. Hemos desperdiciado una gran oportunidad.

Es un plan con una mirada corta, sin una visión política a largo plazo, pese a que se enmarque en una agenda internacional que tiene la vista puesta en el 2030.

En septiembre de 2015, España, como Estado miembro de Naciones Unidas, aprobó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, una iniciativa “para transformar el mundo” compuesta por 17 objetivos. En el primer borrador del Plan Director se traducían directamente 16 de estos 17 fines a objetivos específicos de la cooperación española. Una traslación formulada de manera poco precisa y sin detallar los métodos para alcanzarlos.

Estos 16 objetivos aparecen ahora como el paraguas estratégico y se han incorporado 29 metas de la Agenda 2030 como objetivos específicos, lo que resulta más lógico y facilita además su evaluación. Ahora bien, lo que no se explicita en el documento son los criterios con los que el Gobierno ha elegido estas 29 metas y ha dejado fuera las otras 140. ¿Por qué unas sí y otras no? ¿Qué hay detrás de esta selección? ¿Qué ideas y narrativas fundamentan estas opciones? No lo sabemos. No hay explicaciones.

Nos inquieta especialmente la limitada visión que refleja el plan sobre la sociedad civil. Se menciona su papel como coparticipe de políticas públicas y agente de cambio, sobre todo, en la lucha contra la desigualdad en los países de renta media, pero no se concretan ni las metas ni los instrumentos. De hecho, en la última versión ha desaparecido una línea de acción específica de incentivo a la participación.

Ni tampoco hay líneas de acción específicas para pueblos indígenas y afrodescendientes o para la promoción de los derechos de las mujeres. La lucha contra el cambio climático se concentra en cómo mitigarlo y no en cómo afrontar sus consecuencias, especialmente dramáticas en las poblaciones más vulnerables.

A lo largo del pasado año, al menos 312 defensores de derechos humanos fueron asesinados, según el último informe de Front Line Defenders. Esta ONG pone además el foco en la criminalización en Europa de los activistas en favor de los derechos de las personas migrantes y refugiadas. Un claro ejemplo de estos ataques es la investigación judicial en Marruecos, a instancias de la policía española, contra Helena Maleno por un supuesto delito de tráfico de personas. La protección de todas estas personas, que arriesgan su vida para proteger la de otros, está sin embargo ausente en la propuesta estratégica de la Cooperación Española para los próximos cuatro años. Cuando se abordan los flujos migratorios no se pone en el centro el derecho a la vida, sino el control de las fronteras.

El V Plan Director no va acompañado de una memoria económica. ¿Alguien se imagina al Consejo de Ministros aprobando la estrategia nacional de infraestructuras ferroviarias sin una previsión económica?

En 2013, en la 68.ª Asamblea General de Naciones Unidas, Mariano Rajoy afirmó que, a medida que creciese la economía española, el Gobierno volvería a apoyar una “inversión en cooperación al desarrollo generosa, inteligente y eficaz”. Una vez iniciada la senda de crecimiento económico, que el Ejecutivo pregona, es hora de cumplir la palabra.

España debe normalizar su Ayuda Oficial al Desarrollo y acercarse a países de su entorno, como los de la UE-15, con 0,51% de la Renta Nacional Bruta destinada a cooperación. En 2016 la ayuda española, realmente destinada a desarrollo, solo alcanzó el 0,16%. Todos los grupos parlamentarios aprobaron el pasado noviembre una Propuesta No de Ley (PNL 161/002620) en la que asumían el compromiso de alcanzar en 2020 como mínimo el 0,4%.

De cara al futuro, tampoco se plantea en la propuesta del Ejecutivo ningún proceso de diálogo ni las herramientas necesarias para garantizar la continuidad y sostenibilidad de las acciones estratégicas en los siguientes planes directores.

Queremos una cooperación española centrada en el desarrollo sostenible, la lucha contra la desigualdad y el respeto de los derechos humanos. Nosotras no solo queremos un plan. Queremos que el plan salga bien ahora y en el futuro.

Marco Gordillo es vocal de Incidencia Política de la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo.

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