Berta Cáceres se llama Helena Maleno
Miles de activistas están siendo amenazadas cada día para que abandonen su lucha por los derechos humanos. También pasa en España
Hoy, 31 de enero, Helena volverá ante el juez marroquí. Con preocupación. Pensando en sus hijos, seguramente. Con el miedo de saber que puede que termine en la cárcel acusada de algo que no solo no ha cometido, sino que odia: la trata de personas. Cree, como todos nosotros, que las personas migrantes no dejan sus derechos en la puerta de su casa cuando se van, sino que los acarrean con ellos. Cree que todo el que abusa de los más vulnerables pierde su dignidad como persona y su legitimidad como ciudadano.
Y mientras le preocupa todo eso, le vendrán a la mente rostros e historias. De los chicos que vio ayer refugiados en las montañas de Marruecos, por ejemplo, y que mostraban el miedo en su cara. El miedo mezclado con la esperanza de saltar algún día la valla o el Estrecho y tener una vida mejor. También los rostros de los que conoció y no volverá a ver nunca más porque, a pesar del buen hacer de los equipos de Salvamento Marítimo de Almería, perdieron la vida en el mar.
En lo que va de año, solo un mes, 188 personas han perdido la vida en el Mediterráneo, muchas de ellas en nuestras costas.
Y con todo esto en la cabeza irá Helena al juzgado de Tánger. Con el deseo de salir libre. Y la esperanza de que las autoridades españolas hayan cumplido su deber y hayan enviado oficialmente el auto por el que la Fiscalía de la Audiencia Nacional no ve ningún indicio de delito en su actuación. Tan simple como esto. Comunicar una cosa que ya existe.
Mientras escribo estas líneas todavía no ha llegado el papel. Es por procedimientos y legalidades, dicen. Pero todos sabemos que nada mejor que los protocolos y los reglamentos cuando no quieres hacer algo.
En menos de 24 horas, casi 20.000 personas han pedido al Ejecutivo que opte por la defensa de Maleno
Lo que sí ha hecho el Gobierno español a través de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedad Documenta (UCRIF), del Cuerpo Nacional de Policía, es presentar un expediente criminal para que Marruecos haga lo que la justicia española no ha hecho, por considerar que no hay indicio de delito: juzgar a Maleno por traficar con seres humanos, por ser cómplice de las mafias, unos hechos tergiversados y alineados con el discurso oficial del Gobierno que, como guardián de la Frontera Sur de Europa, no puede permitir que entre nadie.
Infelizmente, la situación de Helena no es una excepción. En verano el ministro Zoido ya acuso a las organizaciones de rescate en el Mediterráneo de ejercer un efecto llamada con su trabajo y recientemente. Recientemente, José Palazón, presidente de la ONG Prodein que trabaja con menores en situación de vulnerabilidad en Melilla, también se ha visto perseguido por denunciar malos tratos en un centro de menores. E infelizmente esto no pasa solo aquí. En 2017, 312 defensores y defensoras en 27 países fueron asesinados por su trabajo pacífico, según datos recopilados por Front Line Defenders. Y miles de activistas están siendo amenazadas cada día para que callen la boca, para que abandonen su lucha por los derechos humanos.
Pero esto que pensábamos que solo ocurría lejos de casa, ahora también pasa en nuestro país, con nuestro Gobierno.
Por eso debemos reaccionar. Ya somos casi 20.000 personas las que en 24 horas hemos pedido al Ejecutivo que opte claramente por la defensa de los españoles y por la de quien protege los derechos humanos. Ojalá, a esta hora, Helena marche hacia el juzgado con una sonrisa en su rostro porque sepa que hemos conseguido que las autoridades españolas la defiendan. Esperemos.
Francesc Mateu es vicepresidente de la coordinadora de ONG para el Desarrollo
