El caso contra Helena Maleno: quien calla, otorga

[Este texto está firmado por todos los miembros del equipo directivo de la Fundación porCausa: Lucila Rodríguez-Alarcón, Elena Cabrera, Virginia Rodríguez, Chantal Touzet y Gonzalo Fanjul.]

Hoy, miércoles 27 de diciembre, la activista Helena Maleno ha sido citada en un juzgado de Tánger (Marruecos) para declarar en relación con un posible delito de tráfico de personas. De acuerdo con la información publicada por varios medios, las autoridades marroquíes podrían estar investigando a la activista española y a la ONG a la que pertenece, Caminando Fronteras, por las llamadas que realiza a Salvamento Marítimo alertando de la presencia de embarcaciones a la deriva en el Mediterráneo occidental.

De prosperar, las acusaciones contra Maleno podrían tener graves consecuencias penales y personales para ella, para su familia y para la organización a la que pertenece. Pero las implicaciones de este caso van mucho más allá. Esta exótica interpretación del trabajo de la activista supone afirmar que la alerta de un equipo de rescate que salva una vida es, en la práctica, un modo de colaborar con los traficantes de personas. Al fin y al cabo, solo se emigra cuando se llega con vida.

El argumento recuerda al reproche de aquella política conservadora británica que denunciaba los rescates de Italia en el mar como una forma de ‘efecto llamada’.

Peor aún, la personificación de una ofensiva política como la que realiza Marruecos contra Helena Maleno es un modo de amedrentar a todos aquellos que quieran hacer algo parecido. Esto debilitará aún más las escasas redes de protección de los migrantes que utilizan esta ruta. Caminando Fronteras lleva años realizando actividades de apoyo a las comunidades que se concentran en el lado marroquí de la frontera con España, formadas en su inmensa mayoría por ciudadanos de África subsahariana que han vivido un verdadero infierno para llegar hasta ese punto. Su trabajo no solo ha sido esencial para mejorar las condiciones en las que viven y transitan los migrantes, sino para mantener vivos casos como el del Tarajal (febrero de 2014), en el que quince seres humanos perdieron la vida ahogados debido al hostigamiento de la policía española.

Precisamente este punto es uno de los que nos despiertan más inquietud. De acuerdo con la información de la Cadena SER, fue la propia policía española la que activó el caso contra Helena Maleno en 2016. La denuncia fue llevada ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que la desestimó por falta de pruebas. De acuerdo con la misma fuente, “en el expediente judicial del juzgado marroquí que la investiga ahora consta la remisión de documentación, exactamente un atestado policial de la Policía Nacional española”.

La posibilidad de que el Ministerio del Interior español –o algunos de sus miembros- haya trasladado a Marruecos la ofensiva que no tuvo éxito aquí reviste una gravedad tan extraordinaria que debe ser aclarada cuanto antes. Como ha denunciado porCausa en repetidas ocasiones, la frontera Sur de España es el escenario de muchas ilegalidades, ninguna de ellas relacionada con la actividad de Maleno: devoluciones en caliente (sancionadas por el Tribunal de Estrasburgo), vulneración de otras garantías de protección internacional, detenciones arbitrarias, malos tratos e ignorancia de los derechos de los menores, por citar solo los delitos más gruesos. Pero la involucración en un hostigamiento tan feroz a los defensores de derechos humanos sería cruzar un punto de no retorno.

Existe un modo de demostrar la buena voluntad de las autoridades españolas y es tratar este caso como lo que es: el de una ciudadana de nuestro país sujeta al acoso judicial por ejercer su activismo en un asunto políticamente radioactivo. Helena Maleno merece el soporte legal de las autoridades consulares españolas y el apoyo expreso de nuestro Gobierno, el mismo que han manifestado personalidades de dentro y fuera de España. Hasta entonces, quien calla, otorga.