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No hay paraísos para los pobres

El último trabajo del ICIJ recuerda el coste de la piratería fiscal para el desarrollo

No hay paraísos para los pobres

Resulta difícil exagerar la importancia de las revelaciones realizadas esta semana por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés). Los 13,4 millones de documentos de los Papeles del Paraíso –procedentes de dos bufetes de abogados y correspondientes a 19 jurisdicciones opacas distribuidas por todo el planeta- prometen desplegar un volumen de información que supere al de los propios Papeles de Panamá y destape las vergüenzas de miles de huidizos contribuyentes y de la poderosa red de intermediarios que les dan servicio. Con suerte, esta información permitirá acercarnos un paso más a la erradicación de unas prácticas que volatilizan el sentido más básico de justicia fiscal, alimentan la corrupción y debilitan gravemente la financiación de servicios públicos.

Unas prácticas que tienen efectos devastadores para los países pobres y para la lucha global contra la pobreza.

El cantante Bono ofrece una buena ilustración de este peligro. De acuerdo con la información publicada por el diario El Confidencial, en los ratos en los que el cantante no estaba haciendo campaña para incrementar la ayuda oficial al desarrollo de los países donantes, “utilizó una sociedad maltesa para eludir impuestos cuando compró, en 2010, un centro comercial en Lituania”.

Dice que no se enteró de nada, pero, si Bono hubiese estado más atento –o mejor asesorado- tal vez hubiese reparado en el hecho de que las omisiones fiscales pesan bastante más que las acciones filantrópicas. Como recordaba Jason Hickel en un artículo en The Guardian a principios de este año, la realidad de los flujos económicos internacionales responde al principio de la “ayuda al revés”: cuando uno considera el conjunto de las transacciones financieras entre los países ricos y los menos desarrollados, son los segundos los que realizan una contribución neta a los primeros. Citando las estimaciones de la organización Global Financial Integrity (GFI) y la Escuela Noruega de Economía, Hickel calcula que por cada euro de ayuda que reciben de los países ricos, los pobres devuelven 24 euros en forma de pago de la deuda, beneficios por inversiones y, muy especialmente, por la fuga de capitales a través de prácticas de evasión y elusión fiscal. Solo en estas últimas categorías calcula que las pérdidas alcanzan los 13,4 billones de dólares desde 1980.

De este modo, Bono es solidario de día y bucanero de noche. Aunque no lo sepa.

Un reciente informe de Oxfam Intermón enfatiza estos argumentos recordando el drenaje provocado por este torpedo fiscal. De acuerdo con la ONG, la inversión mundial en paraísos fiscales se ha multiplicado por cuatro en los últimos 15 años, concentrándose en un puñado de modernas Islas del Tesoro. Las islas Caimán, por ejemplo, tienen un PIB 3.500 veces más pequeño que el de la República Popular China, pero niveles de inversión extranjera cinco veces más altos.

Las fortunas españolas han aportado su granito de arena a este proceso cuadruplicando sus inversiones en paraísos fiscales en el último año. Mientras tanto, el criterio del Ministerio de Hacienda ha sido reducir la lista de los paraísos oficiales a solo cuatro territorios (islas Bermudas, islas Vírgenes Británicas, islas Caimán y Mauricio), lo que relaja las obligaciones de las empresas y la agresividad de la vigilancia pública.

Oxfam refresca los costes de estas prácticas para la financiación de los servicios públicos y la lucha contra la pobreza en los países más vulnerables, que pierden no menos de 100.000 millones de dólares anuales como consecuencia de las prácticas de elusión y evasión fiscal. Pero recuerda que los perjudicados también están a este lado de la línea, posiblemente cruzándose con usted por la calle. Cuando un país soporta niveles de pobreza infantil cercanos a un tercio de la población de niños y niñas, la ingeniería fiscal es algo más que una discusión académica.

Podemos esperar que otros héroes anónimos continúen alimentando de filtraciones a los medios, pero existen mecanismos más eficaces para resolver este cáncer de una vez para siempre. La prestigiosa red internacional Tax Justice (Justicia Fiscal) cita cinco medidas sencillas que podrían conformar un buen punto de partida:

  • Reportes corporativos país por país, de modo que accionistas, reguladores y observadores puedan identificar con exactitud dónde operan las compañías y de qué modo.
  • Globalizar el intercambio automático de información sobre contribuyentes, una práctica que ya se aplica con éxito entre los países de la UE, por ejemplo, de modo que la autoridad fiscal de un país pobre (o rico, para el caso) no tenga que resolver un jeroglífico para averiguar dónde ha ido el dinero y quién lo ha sacado.
  • Establecer obligaciones de transparencia con respecto a los verdaderos propietarios de las compañías, evitando la multiplicidad de sociedades pantalla que mueven los fondos y se han convertido en parte central del problema.
  • Castigar penalmente a esas mismas compañías que hacen de intermediarios y que ahora se esconden tras el nombre de respetables despachos de abogados.
  • Introducir tasas unitarias que obliguen a las empresas a tributar allá donde se produce su actividad y su beneficio, evitando prácticas como los precios de transferencia, que permiten a compañías como Apple, Nike y Uber manipular el origen de sus beneficios para concentrarlos en el país con impuestos más bajos.

No es imposible. De hecho, somos cada vez más los que lo consideramos imprescindible. Y no solo ONG y activistas: instituciones como la OCDE y foros políticos como el G20 llevan años amontonando pruebas e ideas en beneficio de esta reforma. La propia UE ha hecho avances que eran impensables hace solo un par de décadas. Ojalá que el trabajo de los excelentes periodistas del ICIJ fuerce el debate público y sirva para que pronto veamos el fin de los paraísos fiscales. Aunque eso suponga (San Cucufato me oiga) dejar de hablar de Cataluña por unas horas.