La élite de la ciencia española se queja del ahogo de las leyes

El mayor problema de la ciencia en España no es la falta de presupuesto, sino las leyes. Este es el mensaje que lanzan los responsables de los mejores centros de investigación del país. Se quejan de trabas para recibir financiación ya aprobada o realizar contratos indefinidos a científicos debido a las nuevas leyes impuestas por el Gobierno de Mariano Rajoy.

“Estamos en una situación desesperada”, alertaba ayer María Blasco, directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) en Alicante, donde ha participado en el congreso 100xCiencia.2, que ha reunido durante dos días a representantes de los centros Severo Ochoa y las Unidades María de Maeztu. Un barullo legal impide que este centro, que está entre los mejores del mundo en investigación del cáncer, pueda realizar contratos indefinidos a sus investigadores, según Blasco.

El origen del problema, explica, es una limitación impuesta en 2012 por el Gobierno. Un parche legal aprobado a principios de octubre por el Consejo de Ministros dio permiso para que el CNIO pueda hacer y concatenar contratos temporales, una solución aparente del problema que en realidad no sirve, pues muchos de los interesados ya han superado el límite legal con un contrato temporal, según la máxima responsable del CNIO. “Ya hemos perdido tres personas, este mes finalizan los contratos de otros tres y en diciembre tendremos que echar a 50 en total si no se arregla la situación. Estamos en contacto con la Secretaría de Estado de Investigación [dependiente del Ministerio de Economía] para buscar una solución, pero aún no la hay. La ley nos ha caído encima como una losa y se nos han acabado las posibilidades, esto es un callejón sin salida”, denuncia. Entre los afectados hay grupos enteros de investigadores, como el de Massimo Squatrito, dedicado a estudiar tumores cerebrales, o el de Óscar Fernández Capetillo, volcado en el estudio del cáncer y el envejecimiento.

“Estamos en una situación desesperada”, alertaba ayer María Blasco, directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO)

En el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares se vive “un calvario” similar, explica Vicente Andrés, director de investigación básica de este centro radicado en el mismo campus madrileño que el CNIO. “Es necesario cambiar la ley para que los centros como el CNIC, que son fundaciones, podamos hacer contratos indefinidos, de lo contrario vamos a perder a unos 30 investigadores a final de año”, resalta.

Desde la secretaría de Estado de I+D+i aseguran que no habrá ni un despedido. "Vamos a encontrar una solución para que ninguno de los afectados tenga que dejar su puesto de trabajo", asegura un portavoz a Materia.

Los Severo Ochoa cuentan con el mayor reconocimiento oficial a centros científicos por ser los de mayor rendimiento de todo el país, la élite de la ciencia española. El mensaje en los pasillos es claro. La falta de financiación ya se acepta casi sin quejas, como un mal inevitable. Las protestas se concentran ahora en el ahogo de la burocracia y las restricciones impuestas por el Gobierno durante la crisis.

Es necesario cambiar la ley para que los centros como el CNIC, que son fundaciones, podamos hacer contratos indefinidos, de lo contrario vamos a perder a unos 30 investigadores a final de año”

Rafael Rebolo, director del Instituto de Astrofísica de Canarias, que controla varios telescopios punteros a nivel internacional, se queja “de la lentitud burocrática” del Gobierno a la hora de hacer pagos en proyectos internacionales. “Llevamos todo el año esperando a que nos hagan un pago de 500.000 euros para la parte de España dentro un programa de colaboración con telescopios de Reino Unido y Holanda situados en Canarias. La contribución ya ha salido publicada en el BOE, pero el dinero no llega”, explica.

Como ya es habitual, las críticas no se dirigen a Carmen Vela, secretaria de Estado de Investigación del Ministerio de Economía, la responsable en el Gobierno de escuchar los problemas de los científicos e intentar resolverlos. Los investigadores asumen que Vela no tiene el poder para cambiar las leyes que lastran su trabajo, pero confían en ella, incluso la defienden a pesar de representar a un Gobierno que ha impuesto importantes recortes en ciencia, incluso en los años posteriores a la crisis, cuando ya hay crecimiento económico. El sistema científico acumula un déficit de 20.000 millones de euros, según las sociedades científicas, y aun así cada año se deja de ejecutar casi la mitad de lo presupuestado. El mayor organismo público de investigación de España, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ha perdido 1.800 empleados desde 2011. Ese mismo año se aprobó la Ley de la Ciencia. Al año siguiente debía haber estado en funcionamiento la Agencia Estatal de Investigación, un organismo concebido para gestionar mejor el funcionamiento del sistema de I+D en España y dotarle de mayor flexibilidad y estabilidad presupuestaria. Cinco años después, la agencia  está solo comenzando a funcionar ahora, aunque aún con una directora provisional.

En medio de esta situación, Vela inauguró el congreso ayer por la mañana sin recibir reproches y posó sonriente con todos los asistentes, como hace habitualmente en este tipo de eventos. En cambio, los ataques se concentran en Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, el departamento que debe dar el visto bueno a sus gastos y al que hacen responsable de las normas que les impiden contratar personal y les exige un nivel de justificación que llega a ser incompatible, dicen, con la forma de funcionar de los centros científicos. “El freno de la ciencia son las leyes españolas, hay que cambiarlas”, ha opinado durante el encuentro Mateo Valero, director del Centro de Computación de Barcelona. Valero se queja por ejemplo de lo lento y farragoso que es el proceso para crear una spin-off, que lleva años.“Esto se arregla con que dejen escribir a Carmen Vela una página del BOE y que no la vea Montoro”, zanjó Valero.

La crisis de Cataluña ha recrudecido este anquilosamiento en los centros de investigación catalanes que tienen que pedir el visto bueno de Hacienda para autorizar pagos, según Joan Guinovart, director del Instituto de Investigación Biomédica, en Barcelona. “No es que la ciencia se haya paralizado, pero lo hace todo más lento y complicado”, señala. Los centros 25 Severo Ochoa y las 16 unidades María de Maeztu se han agrupado en una nueva alianza llamada Somma con la que quieren ganar una sola voz política. Una de las propuestas iniciales era mostrar un mensaje de unidad ante la crisis por la declaración de independencia en Cataluña emitiendo un comunicado conjunto al respecto, pero finalmente no se ha hecho porque algunos de los centros no querían implicarse.

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