El Gobierno impide ‘in extremis’ que decenas de científicos de élite se vayan a la calle

El Gobierno de Mariano Rajoy ha puesto un parche in extremis a una situación kafkiana que amenazaba con dejar en la calle a decenas de científicos de primera línea. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy una modificación de la Ley de la Ciencia para que todas las entidades científicas del sector público puedan concatenar contratos temporales.

Algunos de los mejores centros científicos de España estaban en pie de guerra. Las restricciones de contratación afectaban a más de 80 trabajadores del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), el buque insignia de la lucha contra el cáncer, con sede en Madrid. Grupos enteros de investigadores, como el de Massimo Squatrito, dedicado a tumores cerebrales, y el de Óscar Fernández Capetillo, volcado en el estudio del cáncer y el envejecimiento, tenían un pie en la cola del paro. En el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC), otros 30 empleados estaban amenazados.

Para UGT, la medida es "un parche" que no afronta el verdadero problema: la falta de contratación indefinida

El origen del problema es la disposición adicional 34 de la Ley de Presupuestos Generales de 2017, que por primera vez responsabiliza personalmente a los gerentes de los centros públicos de irregularidades como la realización de contratos temporales de más de tres años o la concatenación de contratos. La Ley de la Ciencia, aprobada en 2011, establecía excepciones para estas contrataciones en universidades y organismos públicos de investigación, necesitados de más flexibilidad, pero la normativa no mencionaba las fundaciones, como el CNIO y el CNIC. Señalados con el dedo por la nueva Ley, los gerentes decidieron paralizar los contratos.

El Consejo de Ministros ha modificado la Ley de la Ciencia por la vía rápida, aprovechado un Real Decreto Ley destinado a formar profesionalmente a personas que han agotado su protección por desempleo. La finalidad del cambio es “delimitar claramente a qué entidades del sector público se les admite formalizar contratos de obra o servicio determinado con una duración superior a tres años”, según la referencia del Consejo de Ministros. “Con la redacción anterior podían surgir dudas sobre la aplicación de esta excepción en determinadas entidades del sector público, como fundaciones, consorcios y otros agentes de ejecución del sistema de ciencia e innovación”, reconocen.

“Como sindicato, pensamos que esto es un parche para salvar al CNIO y al CNIC”, opina Rosalía Villoria, de la Unión General de Trabajadores. Su organización y Comisiones Obreras denuncian que los centros públicos de investigación tienen restringida la contratación indefinida desde 2012. “Seguir concatenando contratos temporales es una chapuza. ¿Hasta cuándo va a seguir la inseguridad laboral?”, lamenta Villoria. En el mayor organismo de ciencia en España, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), cientos de investigadores y técnicos han conseguido un contrato indefinido tras batallar en los tribunales.

Fuentes del comité de empresa del CNIC hablan de contratos temporales concatenados durante más de una década. “Con este parche no se acaba el problema. Los trabajadores de la ciencia reivindicamos estar acogidos al Estatuto de los Trabajadores”, señalan las mismas fuentes. El pasado viernes, la dirección del CNIO prorrogó sin autorización de Hacienda los contratos de 12 trabajadores potencialmente afectados, pero otros tres se fueron a la calle. Según el comité del centro, estaban “en fraude de ley y la disposición adicional 34 de los Presupuestos Generales del Estado 2017 impide la concatenación de sus contratos”.