Los ODS no funcionan con carbón

En un evento organizado la semana pasada por un grupo de ONG, el embajador español para la Agenda 2030, Juan Francisco Montalbán, anunció la creación de una comisión interministerial para la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. De acuerdo con la información de Planeta Futuro, el grupo estará adscrito a la Comisión Económica Delegada de Presidencia y estará liderado por el Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación.

Nos perdonará el Gobierno si no hacemos piruetas con el anuncio. En primer lugar, la decisión llega nada menos que dos años después de la aprobación de la Agenda, cuando se supone que todos los países deberían estar ya enfangados en la implementación de los planes nacionales. Eso es lo que está haciendo buena parte de Europa, unas cuantas comunidades autónomas españolas y un grupo significativo de empresas privadas. El Gobierno, mientras tanto, ni siquiera ha presentado un plan.

En segundo lugar, la ubicación y composición del nuevo grupo despierta alguna inquietud. Aunque la Comisión Económica es un sitio adecuado para un plan que debe cruzar diferentes políticas y organismos de la Administración del Estado (este blog sugirió algo así hace un año y medio), el hecho de que dependa del Ministro de Exteriores y no de Presidencia o Vicepresidencia ignora precisamente ese principio. La cooperación internacional constituye una parte relevante pero minoritaria de la agenda, por no mencionar el hecho de que este ministerio carece de ascendiente real sobre los demás.

Tercero, y esto es posiblemente lo más relevante. Si el Gobierno quiere hacer creíble su estrategia sobre ODS, vamos a necesitar algo más que una comisión. De acuerdo con la última evaluación realizada por el informe de REDS/SDSN, España no va realmente bien en ninguno de los 17 objetivos y suspende en seis de ellos, relacionados en su mayoría con la gestión medioambiental y energética.

¿Cuánto va a tardar el Gobierno en dar una respuesta eficaz a través de un Plan Nacional de Desarrollo Sostenible a la altura del que ya han aprobado otros países como Alemania?

Me hacía esta pregunta mientras leía los datos publicados la semana pasada por el think tank británico Overseas Development Institute (ODI) acerca de los subsidios de Europa a los combustibles fósiles. En su informe –que les recomiendo sinceramente- el ODI advierte que 11 países europeos destinaron entre 2014 y 2016 la friolera de 112.000 millones de euros anuales a subsidiar la producción y consumo de combustibles fósiles.

En este asunto, España es parte del problema. El informe analiza cinco ámbitos en los que existe apoyo del sector público a las energías sucias. La inmensa mayoría corresponde a las ayudas fiscales a la producción y consumo de estos combustibles fósiles, que alcanzaron los 1.711 millones de euros de media anual entre 2014 y 2016, repartidos entre el carbón, la electricidad, la agricultura, el gas y el petróleo, así como el apoyo a la transición productiva y social de las regiones productoras. También destacan las ayudas a la producción de carbón en el exterior (139 millones anuales) y los subsidios a la producción de gas y petróleo (50 millones).

Resulta igualmente preocupante el hecho de que los investigadores responsables del estudio sobre nuestro país no hayan encontrado dato alguno para el 56% de las ayudas fiscales y el 20% de los subsidios públicos analizados. La opacidad de las cuentas en este ámbito es un obstáculo serio para el escrutinio público y una manera barata de saltarse los compromisos.

Porque esa es precisamente la pregunta: ¿cómo encaja todo esto con el compromiso de España y de la UE de poner fin a este tipo de ayudas para el año 2020? La comisión interministerial anunciada la semana pasada supone un paso adelante, pero no echaremos a andar hasta que no sea capaz de contestar a esta y a otras muchas preguntas esenciales relacionadas con los ODS.