Los subsidios pesqueros para quienes los merecen

Es una de esas cosas que se ven tan obvias que sorprende comprobar que no lo son. Cuando el 31% de los bancos de peces del mundo se explota de manera insostenible —según datos de la FAO— y el mundo trata de acabar con la pesca ilegal o a escondidas, lo lógico es pensar que se busca prohibir o castigar estas conductas. Y sin embargo —¡oh, sorpresa!— resulta que en muchos casos se incentivan, aunque sea indirectamente. Los datos son cualquier cosa menos transparentes, pero se calcula (quizá tirando por lo alto) que los Estados dan unos 31.000 millones de euros en subsidios pesqueros. Y de esos, unos 17.700 millones acaban por fomentar la sobrepesca, o incluso van a parar a auténticos piratas.

Así que el asunto debe ser más complejo de lo que parece a simple vista. No en vano, hace —lo menos— 16 años que los países tratan de alcanzar un consenso para regular estas subvenciones en la Organización Mundial del Comercio (OMC). Hasta ahora sin éxito.

La diferencia con otro tipo de subsidios (por ejemplo, a la agricultura) es que aquí se habla de un recurso —los bancos de peces en altamar— que es de todos. Y los más subsidiados obtienen ventaja sobre los menos en el acceso a algo compartido, como señalaba este martes Manuel Barange, directivo de la FAO, en la Conferencia de los Océanos que reúne a países, organizaciones y expertos de todo el mundo en Nueva York. No solo eso: las muchas ayudas que se otorgan para mejorar la capacidad de los buques acaban por impulsar un mayor número de capturas y, por tanto, la insostenibilidad.

La primera pega es la falta de datos reales sobre el tamaño del problema. "Pero eso no puede ser una excusa para no abordarlo", rogaba Mukhisa Kituyi, secretario general de Unctad (conferencia de la ONU para el comercio y el desarrollo). Los países deben ponerse a compartirlos. Otro tipo de datos aportaba Barange al recordar la cantidad de personas a las que afecta esto: entre el 10% y el 12% de la población mundial depende de la pesca. Y si se acaban los peces, se acaba también ese trabajo.

El segundo escollo, que provoca las reticencias de muchos países, es que acabar de golpe con los subsidios pesqueros podría ser devastador para los más vulnerables: los pescadores artesanales o de pequeña escala de países en desarrollo. "Hay que distinguir entre las subvenciones ilegales, y aquellas que nos ayudan a sacar partido a nuestros recursos marinos", pide Maxine McClean, ministra de Exteriores de Barbados, una nación insular caribeña.

Y ese, precisamente, es el tercer obstáculo para el acuerdo. Porque por ahora no se puede hablar prácticamente de subsidios "ilegales". Eso es lo que se quiere conseguir, sacar de la legalidad las ayudas que resulten "dañinas". Y definir cuáles son perjudiciales y cuáles aceptables es la clave de todo: una tarea de ingeniería semántica, conceptual y diplomática que puede hacer embarrancar cualquier negociación, y de hecho lo ha venido haciendo.

Pero por algún motivo, en el evento que ha tratado este tema en Nueva York se respiraba cierto optimismo. El veterano diplomático uruguayo Guillermo Valles, moderador del encuentro, observa en los distintos países conciencia de que la situación se vuelve, valga la redundancia, "insostenible". Encuentros como este, opina quien ha participado durante años en las negociaciones de la OMC (incluidas las primeras sobre este tema, en 2001), refuerzan esa conciencia y crean el momento para dar pasos adelante. El Día-D, a decir de los participantes, será la reunión ministerial de la OMC que se celebrará en diciembre en Buenos Aires (Argentina).

Se calcula que cada año unos 17.700 millones de ayudas estatales acaban por promover la sobrepesca

Si el consenso no llega entonces, no será por falta de propuestas (países latinoamericanos, la Unión Europea, Indonesia, un grupo de los países menos desarrollados han presentado las suyas, lo que por otro lado puede complicar el debate) ni porque sea la primera vez que se hace algo así. "No tenemos que reinventar la rueda", ilustra Valles. "Ya hay reglas de este tipo con otros subsidios que se pueden adaptar a la pesca", agrega.

Así que llegamos de nuevo al eterno cuello de botella de las reformas y acuerdos internacionales: la voluntad política. Una intención que, en un caso como este, puede estar condicionada por la resistencia de los que hasta ahora vienen recibiendo esas ayudas. Empresas o sectores que habitualmente tienen gran capacidad de presión sobre los Gobiernos. Y también por el miedo, más o menos fundamentado, a dañar la propia economía.

Por eso los representantes de países como Tanzania, Fiyi o Kenia insistían en que no se haga tabla rasa con los subsidios. "En países como el nuestro tenemos que ayudar a los pescadores. Porque hablamos de pescadores familiares que no pueden reparar sus embarcaciones. Y también necesitamos apoyar infraestructuras para procesar el pescado sin que se pierda, para controlar que no se pesca demasiado...", argumenta la ministra McClean, de Barbados. La reclamación, en definitiva, es que no paguen justos por pecadores. "Nosotros haremos mucha presión en ese sentido", adelanta.