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Chochos, cocos y cacao con un toque español

Comunidades afrodescendientes de la isla de Tolita y Maldonado, y campesinos de Chugchilán, en el Altiplano ecuatoriano, reavivan cultivos tradicionales con ayuda de la cooperación española

Gilberto y Alicia son beneficiarios de la cooperación española en Ecuador que apoya a pequeños productores. Así es su vida

Se acabó el oro en la isla de la Tolita, epicentro de la cultura homónima que pobló el norte de Ecuador entre el 500 a. C. y 500 d. C. Los saqueos de las tolas, monumentos funerarios en los que los antepasados del lugar enterraban a sus muertos y tesoros, agotaron la mayoría del patrimonio arqueológico. Y no para enriquecimiento de sus vecinos que, como gran parte de la población rural del país, vive en situación de pobreza. En 2002, el Estado declaró la zona reserva natural para proteger sus manglares y el acervo local, lo que zanjó en gran medida la fiebre extractora. Así, los habitantes de esta comunidad a la que solo se llega en lancha navegando el río Santiago hasta su desembocadura, la mayoría afrodescendientes, han decidido reavivar otra actividad económica tradicional: el cultivo de coco y cacao. La naturaleza es su nuevo oro.

Los actuales tolitas, así como los vecinos de otras comunidades agrícolas a la ribera del río, incluso otras lejanas en el interior del país, indígenas y campesinos en el altiplano a más de 3.000 metros de altura, luchan por mantener los saberes ancestrales de producción e introducir nuevas tecnologías para ser sostenibles y eficientes a la par. Y, sobre todo, trabajan para sobrevivir en un Ecuador en el que el desempleo y la miseria les afecta especialmente: en las zonas rurales, el 38,2% de la población vive en situación de precariedad y el 17,6% sufre pobreza extrema, muy por encima de la tasa en las áreas urbanas, según datos de diciembre de 2016 del Instituto Nacional de Estadística del país.

Pero no están solos para salir del atolladero. La cooperación española ha llegado allí donde los ecuatorianos se sienten olvidados por sus instituciones, adonde solo se llega en barca o por escarpadas carreteras destruidas por las lluvias, y donde los árboles, ríos, montañas, lagos y plantas no han sido devastados por sus humanos inquilinos. El escuálido –aunque en proceso de recuperación–  presupuesto que España destina a la cooperación internacional (0,33% del PIB en 2016), todavía alcanza para apoyar a los pequeños productores en su misión.

Alicia Muñoz Vernaza, de 46 años, es beneficiaria de los proyectos para la mejora del manejo técnico y rehabilitación de los cocotales, respetando las normas legales de protección de su dorado: el ecosistema de manglares. Dos programas, implementados por la organización Cedeal (Centro Ecuatoriano de Desarrollo y Estudios Alternativos) y la ONG Paz y Desarrollo, dotados con 160.000 y 273.000 euros para tres años respectivamente, han servido para que agricultores como ella reciban formación y asesoramiento.

Los talleres a productoras de cocos en el norte de Ecuador han servido para que recuperen saberes ancestrales y que los cultivos sean sostenibles y eficientes

Por una parte, los talleres han servido para que aprendan prácticas ancestrales, pero muy efectivas y sostenibles, para que su plantación sea más productiva y aumenten sus ingresos. Bien que lo necesita Alicia. Su situación es tan precaria que la familia ha tenido que hipotecar seis meses de cosecha para pagar una intervención quirúrgica de urgencia en una clínica privada a la que fue sometida la matriarca. Y segundo, para que como mujer conozca y reivindique su derecho a la propiedad, al trabajo, el beneficio económico y, sobre todo, a vivir libre de violencia. "La propiedad es de los dos”, aclara ella sobre sus seis hectáreas. "Las capacitaciones que nos han dado ayudan mucho porque ahora los hombres entienden que [la tierra] es de los dos. Y esto ayuda tanto en lo personal como a la comunidad", profundiza mientras sirve unas gambas rebozadas y batido de plátano para desayunar en su casa de La Tolita.

Después, en sus tierras donde los pies se hunden varios centímetros en el barro, la humedad ahoga y los mosquitos se alimentan a placer, la menuda Alicia hace alarde de su energía, pese a sus problemas de salud. "Tenemos que abrir estas zanjas para que entre agua del río y realizamos labores de limpieza", describe su quehacer mientras camina entre los árboles y salta los canales.

FOTOGALERÍA: Gilberto y Alicia son beneficiarios de la cooperación española para que su plantación cocotera sea más eficiente. ver fotogalería
FOTOGALERÍA: Gilberto y Alicia son beneficiarios de la cooperación española para que su plantación cocotera sea más eficiente.

Su marido, Gilberto Rodríguez Alarcón, de 47 años, se dedica a la pesca artesanal. Muy temprano cada mañana sale a la mar en su lancha para atrapar camarones. "Con esto comemos, con los cocos pagamos las deudas", detalla. Con 500 dólares al mes de ingresos para una familia de nueve, los padres y siete hijos, apenas pagan el préstamo que pidieron para adquirir los motores de sus dos barcas y la escuela de una de sus hijas en Esmeraldas. "La vamos a tener que traer a estudiar a Borbón, más cerca, porque no nos alcanza para pagarle el alojamiento", lamenta la madre. Con la hipoteca, además, las finanzas familiares se resentirán aún más.

Sin embargo, no todas son malas noticias. Su economía y la de las productoras de seis comunidades podrían mejorar sustancialmente en el corto plazo. Con fondos de la cooperación española, se ha construido y recién abierto el mes pasado una fábrica de procesado de coco, de gestión 100% femenina. Las agricultoras podrán vender su excedente a la planta y obtener beneficios extra.

En abril de 2017, se ha inaugurado una planta de procesado de coco, construida con fondos españoles, que dará trabajo y beneficios a seis comunidades de productores

"Al principio se pensó en fabricar aceite de coco, porque ellas mismas ya lo hacen para su autoconsumo. Pero nos dimos cuenta de que no hay suficiente mercado, así que al final se decidió comercializar coco deshidratado y rallado. Se utiliza como ingrediente en pastelería y para comidas en general", explica Patricia Gálvez, directora de la ONG Cedeal, río abajo hacia la fiesta de inauguración. El clima acompaña y el día está tan despejado que el azul del cielo y el verde los árboles se reflejan nítidamente en el agua solo perturbada por el paso de las barcas. "La idea es que todo esto sea sustentable. Que la empresa sea rentable; que vendan y obtengan ingresos. Tienen que caminar hacia la autonomía", abunda. De momento, aunque las trabajadoras de la planta han recibido capacitación para la gestión y puesta en funcionamiento, un asesor externo supervisará y apoyará su actividad durante un año. "Los primeros meses son críticos, tienen que empezar a ampliar la red de productores, hacer contactos con proveedores y clientes, que funcione legalmente", enumera Gálvez sin atisbo de preocupación y convencida de que lo harán bien cuando finalice ese período y las mujeres asuman todo el control.

Antes de cortar la cinta, Tomasa Francis, presidenta de la asociación Asoagromudere, se compromete a una administración responsable para asegurar el éxito de la inversión, como Gálvez augura. Lo garantiza frente a los representantes de las organizaciones implicadas: Cedeal y Paz y desarrollo, la Agencia Española de Cooperación (AECID), así como los alcaldes de los cantones de Eloy Alfaro (al que pertenece La Tolita), Río Verde y San Lorenzo. “Después de un proceso de muchos años, se han hecho realidad nuestros anhelos para que se cumplan los derechos económicos de las mujeres”, termina. Brindis y queda abierta la fábrica.

Y también cacao

Río Santiago adentro, en la parroquia de Maldonado, en el mismo cantón de Eloy Alfaro, se celebra otra particular fiesta. Los cooperativistas de Aprocane han preparado chocolate caliente. No hace falta más excusa que deleitar a quien vaya por sus instalaciones con el fruto de su trabajo: el cacao. "Quizá quienes nos apoyan a mejorar nuestra producción pudieran venir a probarlo". Fredy Valdés, socio fundador de la organización, no calibra la magnitud de su ofrecimiento. Él piensa en los miembros de la ONG Codespa, o quizá en el equipo de la AECID, entidades implicadas en el proyecto para "fomentar el crecimiento económico inclusivo" del que son beneficiarios. Pero bien podrían presentarse frente a su puerta 46 millones de españoles. A fin de cuentas, de la parte de sus impuestos que acaban en la hucha de la cooperación, 2,5 millones de euros van a parar a este programa que pretende llegar a 2.500 pequeños productores de seis provincias del país para 2018. 

FOTOGALERÍA: Puro cacao ecuatoriano, sostenible y justo. ver fotogalería
FOTOGALERÍA: Puro cacao ecuatoriano, sostenible y justo.

Uno de los 1.400 a los que ya les ha llegado la ayuda desde 2016 es Justo Lemo. Empapado en sudor en su plantación, machete en mano, corta con un solo gesto una mazorca de cacao y la abre para mostrar las semillas cubiertas de manteca que, de vez en cuando, los jornaleros chupan como si fuera un caramelo. "Estoy probando una nueva variedad, la PMA12, da menos vainas, pero el 99% son buenas", expone. "Puro, fino de aroma. Todo 100% nacional", añade con orgullo con los brazos abiertos.

Este proceso de mejora en la finca de Justo, diagnostico de situación y asesoría incluidos, empezó con 10 de las nuevas plantas y ya ha sembrado 3.000, un 60% de sus 5.000 cacaoteros. “Hemos prosperado con este programa porque estamos haciendo un cambio de producción, se nos ayuda con la poda, tenemos formación para tener una mayor productividad y nos ha animado a seguir cultivando cacao”, explica. "El pequeño campesino es fundamental para sus comunidades y el mundo. Pero somos los más olvidados", lamenta, no sin hacer una velada autocrítica al sector. "Lo que hay que hacer es invertir las ayudas en producir, no en comprarse un plasma más grande que el del vecino".

El pequeño campesino es fundamental para sus comunidades y el mundo. Pero somos los más olvidados

Justo Lemo, productor de cacao en Ecuador

Así lo hace Olfia Wilson Arroyo, de 57 años, en sus dos hectáreas de cultivo de cacao, plátano verde y coco. De ello se cerciora Fredy, técnico de Aprocane que supervisa esta finca. "Recién se está recuperando de un hongo que le cayó al cacao y le obligó a talar todo", recuerda en el trayecto que separa el río del lugar donde Olfia limpia su plantación y la fumiga. Y poda cuando es necesario. Aquí, detalla el asesor, se está injertando variedad de cacao rojo y trinitario.

Olfia es beneficiaria, además, de un programa de Codespa para favorecer la seguridad alimentaria y diversificar la dieta. Cuando los cooperantes preguntaron a las mujeres, encargadas de los recursos en el hogar, qué necesitaban para mantener una dieta variada, ellas contestaron: huertas y animales. Y así fue como Olfia empezó a criar pollos.

Justo y Olfia pueden vender su producto a Aprocane a un precio justo, o lo que es lo mismo, a uno más elevado del que fijan los intermediarios. En la fábrica de la cooperativa, el cacao se cuece en su propio calor, se seca al sol, tuesta y muele. Al final del proceso, está listo para partir a Suiza, donde su principal cliente, una marca de chocolates de la que los responsables de la agrupación de productores no quieren desvelar el nombre, espera su cacao. Así es como una tableta de chocolate suizo, con ingrediente ecuatoriano, podría tener un regustillo español, aunque solo sea por la pizca de contribución solidaria.

Los chochos andinos de Chugchilán

Lejos de los manglares protegidos del norte de Esmeraldas, a 3.200 metros de altura, en Chugchilán (provincia de Cotopaxi) nadie llama altramuces a los chochos. Y no solo los comen encurtidos, sino que hacen harinas, gran variedad de guisos y postres con ellos. El chocho es el oro local, el producto que los vecinos cultivan y que, ahora, tras la apertura de la fábrica procesadora podrán comercializar y exportar a un precio justo.

Fernanda Pilatasi (izquierda) y Maira Patango (derecha) son productoras de chochos y trabajan en la fábrica procesadora en Chugchilán (Ecuador) que se ha abierto con fondos de la cooperación española.
Fernanda Pilatasi (izquierda) y Maira Patango (derecha) son productoras de chochos y trabajan en la fábrica procesadora en Chugchilán (Ecuador) que se ha abierto con fondos de la cooperación española.

Pese a la distancia, horizontal, vertical y térmica, hay algo que une a los cocoteros de La Tolita con los productores de chochos de Chugchilán. Ambas comunidades reciben formación para mejorar sus cultivos, con especial apoyo a los grupos de mujeres, y estrenan factorías levantadas con fondos de la cooperación española. Un legado que agradecen e impulsa procesos de desarrollo con recursos propios. "No solo podemos pedir que nos den. Nosotros también ponemos de nuestra parte", alega Aurelio Pastuña, presidente de la parroquia de Chugchilán, en un discurso frente a los que serán los futuros empleados de la planta, que se acaban de someter a un examen en el marco de su formación. 

El carácter reservado de las gentes del lugar, indígenas acostumbrados a soportar el frío del altiplano sin calefacción ni lumbre, se torna cálido cuando imaginan un porvenir halagüeño. "Con esta fábrica de chochos nuestro futuro y el de nuestros hijos será más próspero", opina Maira Patango, de 21 años. Y no es que sueñen con lujos, si acaso que les paguen un precio justo por sus altramuces y que su prole estudie hasta el más alto nivel y, sin embargo, decida quedarse porque en la parroquia se viva bien.

Con esta fábrica de chochos nuestro futuro y el de nuestros hijos será más próspero

Maira Patango, 21 años, productora de altramuces en Chugchilám

En el camino hacia ese objetivo les acompañan las organizaciones Maquita y Manos Unidas. La primera, miembro de la red mundial de comercio justo, tiene una razón de ser: "Reducir la cadena de intermediarios". Tal como explica María Jesús Pérez (61 años), responsable de la organización. "Solo con aumentar la producción no vale, el producto hay que comercializarlo". Si es directamente, mejor. "Ellos [los intermediarios] no vienen a dejar ganancias", apostilla Aurelio Pastuña. Maquita también ayuda a las comunidades a buscar quién sufrague sus propios proyectos. "En las asambleas de vecinos van cuajando las ideas y vemos cómo conseguir fondos. Los proyectos hechos en el escritorio pensando en la pobrecita gente, no funcionan", profundiza Pérez. El papel de Manos Unidas es el de financiador y acompañante en este proceso.

Desde que en 2016 abrió la soñada planta, los trabajadores han conseguido que no de pérdidas aun comprando la metería prima cuatro veces más cara de lo que pagan los intermediarios, que se han visto forzados a subir su oferta si quieren el producto. Ahora, batallan por conseguir un molino industrial, para moler ellos mismos la legumbre, y unos envoltorios opacos. "Hasta ahora eran transparentes y así no podíamos venderlos en el supermercado", explica Olguita Chiguano (34 años), administradora de la planta. El siguiente paso, será terminar con el papeleo necesario para obtener los permisos con los que podrán exportar. Su marca, el chocho andino de Chugchilán, quiere salir al mundo para que sus gentes puedan quedarse en casa.

Pero no solo el dinero ayuda. Para los habitantes de la zona, la llegada de extranjeros (cooperantes) en los que podían confiar supuso una apertura importante. Hasta hace unas décadas, apenas sí hablaban con foráneos porque temían que se llevasen a los niños. Hubo casos. "Yo mismo de pequeño tenía miedo de que me llevaran", asegura el presidente. Ahora, en Chugchilán, los chochos no son la única salida. La apertura ha propiciado la proliferación de hoteles para el creciente turismo nacional e internacional que atrae el cercano, enigmático y bello lago Quilotoa.

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