Lo que queda de la cooperación española

Nelia en Mozambique, Fátima en Marruecos, Jacinta en Colombia, Hadjiatou en Mauritania, Lesbia en Guatemala y Rafael en Nicaragua tienen a España en común. Concretamente, la política de cooperación internacional del país que, en algún momento de sus vidas, cambió su destino. Porque tuvieron acceso a un trabajo decente y cualificado, aprendieron a defender sus derechos laborales frente a patrones desalmados, recuperaron parte de sus tradiciones indígenas o recibieron el impulso necesario para emprender un negocio. Son seis de miles que han evitado la pobreza, la explotación o el hambre con ayuda de proyectos apoyados por la ayuda oficial al desarrollo española, ese porcentaje del PIB que se destina a aquellos lugares del mundo maltratados por la Historia condenando arbitrariamente a millones de seres humanos a una existencia precaria. Ellos, convertidos en germen de cambio en sus propias sociedades, son el legado del esfuerzo económico y personal de los españoles. Fátima, Nelia, Jacinta, Hadjiatou, Rafael y Lesbia son la respuesta que hemos ido a buscar a diferentes partes del planeta para responder a la pregunta: ¿Qué queda de la cooperación española?

No hace tanto que España era considerada por el Banco Mundial como un país en vías de desarrollo. Así era en la década de los setenta, cuando todavía era receptor de ayuda internacional. Hasta 1981. Ese año deja de ser categorizada como tal pues sus aportaciones le convierten en donante neto. Muchos acontecimientos han acaecido desde entonces hasta este 2015, Año Europeo del Desarrollo en el que la cooperación española tiene poco que celebrar si se tiene en cuenta que es la política que más ha sufrido la tijera presupuestaria, con un recorte del 70% desde que comenzó la crisis en 2008.

El próximo año, el presupuesto establece un un 0,21% del PIB. Con esto, la cooperación tomaría un poco del oxígeno que trae la aireada recuperación. Lejos queda el objetivo casi utópico de destinar el 0,7% que defendían los acampados por tal causa en el Paseo de la Castellana, frente al Ministerio de Economía y Hacienda, en septiembre de 1994. Estaban en los titulares y las televisiones. Un importante grupo de la sociedad se movilizaba por algo más que un número, por la idea abstracta de la solidaridad con quienes están en la parte más baja de la palabra desigualdad, aunque vivan muy lejos y sean unos completos desconocidos, quizá tengan otro color de piel o le recen a un dios distinto.

El compromiso de elevar la AOD al 0,7 fue asumido, no solo ante los manifestantes, acampados y huelguistas que demandaban más solidaridad en las calles, sino también ante la comunidad internacional. Eso fue mucho antes, el 24 de octubre de 1970. Esto decía la resolución de la ONU en la 25ª Asamblea General: "Todos los países económicamente avanzados incrementarán progresivamente su Ayuda Oficial al Desarrollo a los países en desarrollo y realizarán sus mayores esfuerzos para alcanzar una cantidad neta mínima equivalente al 0,7% de su producto nacional bruto a precios de mercado antes de la mitad de la década". Es decir, para 1975, como indica el amplio informe la Realidad de la Ayuda de Oxfam Intermón. Pese a los avances, el mundo lleva 40 años de retraso en el cumplimiento de aquella promesa.

Desde entonces, todos los representantes españoles (y no han sido pocos) que han anunciado o reiterado la promesa de alcanzar el 0,7%, han incumplido. Y con ellos, todos los españoles.

Con más o con menos recursos, 35 años de ayuda han dejado un legado. En Manhiça, Mozambique, hoy cuentan con un centro de referencia en la investigación de enfermedades infecciosas como la malaria, la tuberculosis o el VIH, muy extendidas en el país africano, uno de los diez más pobres del mundo. Desde que iniciara su actividad en 1996, gracias a un acuerdo de cooperación internacional entre el Gobierno de España y el mozambiqueño, ha contado de manera sostenida con el apoyo económico de los españoles.

En Nicaragua, se puso en marcha la Planta de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) que reemplazó al antiguo vertedero de La Chureca, el mayor a cielo abierto de América Latina, donde a lo largo de 40 años se acumularon cuatro millones de metros cúbicos de basura. Casi 2.000 personas rebuscaban diariamente en ese lugar adonde llegaban sin cribar residuos domésticos, industriales y hasta deshechos hospitalarios y de mataderos. Entre ellas, Jennifer, de 22 años. Criada entre la porquería, hoy es supervisora de higiene y seguridad se criaron como ella en La Chureca.

Y formación para indígenas en la región colombiana del Cauca, un sistema logístico para llevar pescado a la población vulnerable en el interior de Mauritania... Miles de proyectos que salpican la geografía mundial, desde Filipinas hasta Guatemala.

Los objetivos y los instrumentos que deben regir y servir para la implementación de programas como los descritos quedaron fijados en 1998, con la aprobación de la Ley de Cooperación hoy vigente, después de un largo proceso de negociación entre las organizaciones de la sociedad civil y los partidos políticos, y de estos entre sí. Esto dice: “La cooperación española impulsará procesos de desarrollo que atiendan a la defensa y protección de los Derechos humanos y las libertades fundamentales, las necesidades de bienestar económico y social, la sostenibilidad y regeneración del medio ambiente, en los países que tienen elevados niveles de pobreza y en aquellos que se encuentran en transición hacia la plena consolidación de sus instituciones democráticas y su inserción en la economía internacional”.

Este es proceso ha sido acompañado, a veces impulsado y otras vigilado en paralelo por la acción de la sociedad civil. Creado el entramado institucional y articulada la ley, solo faltaba que se tomara el rumbo hacía el 0,7. El trayecto ascendente hacia la anhelada cifra se truncó en 2009 cuando había alcanzado el máximo histórico de un 0,46% del PIB. Desde entonces, este presupuesto solo conoce el recorte, sobre todo desde 2011, momento en que el descenso ha sido en picado y sin paracaídas hasta el 0,14 en 2014.

También se han reducido, por razones estratégicas y de eficiacia, según explican los responsables de esta política internacional, los países receptores de ayuda. En etapas anteriores llegaron a superar la media centena, pero la intención es la retirada de más de la mitad de ellos hasta reducir la lista a un máximo de 23, como establece el Plan Director de la Cooperación 2013-2016. De los que 12 están América Latina y el Caribe (Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú y República Dominicana); cuatro en el norte de África y Oriente Próximo (Mauritania, Marruecos, población saharaui y territorios palestinos); tres en África subsahariana occidental (Mali, Níger y Senegal); tres en África central, oriental y austral (Etiopia, Guinea Ecuatorial y Mozambique); y finalmente, uno en Asia (Filipinas). En ellos, se seguirán cosechando logros, aunque no sin dificultades.

Así, en Marruecos, cientos de mujeres, trabajadoras del campo explotadas, podrán ser formadas en derehos laborales como viene haciendo la ONG Oxfam Intermón para evitar que sufran abusos. Fátima Harhour era una de esas jornaleras analfabetas que nada sabía de contratos, horarios o respeto por parte de su patrón. Hasta que aprendió que estaba protegida por la ley y podía disponer de días libres, bajas por enfermedad o una jornada limitada en el tiempo. Hoy, es presidenta de la Asociación para el Desarrollo de la Mujer Rural de Laghdira para que otras no tengan que pasar por su mismo calvario. Un logro personal, pero también colectivo en el que los españoles han participado.

Fátima, Selma, Nelia, Jacinta... son el final del camino del dinero. Personas con nombre y apellidos, con inquietudes, necesidades, planes de futuro y sueños, pero sin oportunidades. ¿Dónde vana  aparar los impuestos que se destinan a ayudar a otros? Ellos son la respuesta. Con su historia nunca más olvidada y anónima entre los 3.500 millones de pobres del mundo.