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TRIBUNA

La gestión de la ciencia en los acuerdos de investidura

Las propuestas que se han puesto encima de la mesa no permiten atisbar ni las reformas, ni el progreso prometido para las estructuras organizativas de la política científica

La jornada del debate de investidura no ha sido un gran día para la ciencia; apenas un párrafo genérico de buenas intenciones en el discurso del candidato y ausencia casi total de mención en las intervenciones.

Sin embargo, el acuerdo PSOE-Cs para un "Gobierno Reformista y de Progreso” incluye un Pacto por la Ciencia (páginas 28-29), con cinco puntos ya incluidos de la propuesta inicial del PSOE. Dos son meras declaraciones (“promover un amplio acuerdo” e “impulsar las inversiones”), mientras otro parece comprometer un plan para “incorporar con criterios de excelencia a 10.000 investigadores”. Aunque no echan las cuentas, esa medida supondría un aumento del gasto acumulado al final de los cuatro años de más de mil millones de euros; una media de 300 millones más cada año, casi tanto como la convocatoria anual de proyectos de I+D recién autorizada por el Consejo de Ministros en funciones.

El plan para “incorporar con criterios de excelencia a 10.000 investigadores” supondría un aumento del gasto acumulado al final de los cuatro años de más de mil millones de euros

Se compromete también en el Acuerdo “la Reforma del Estatuto de la Agencia Estatal de Investigación". La Agencia (AEI) se creó el pasado 27 de noviembre, aunque su puesta en funcionamiento parece estancada, dado que el plazo legal para su constitución (dos meses) ha vencido; además, la inminente convocatoria de proyectos arroja más dudas sobre la situación. La pregunta es si reformar el Estatuto (el Real Decreto) antes de poner en marcha la AEI es razonable, eficaz o podría llegar a ser contraproducente; debate inútil si la parálisis actual se prolonga.

He defendido que, a pesar de las limitaciones del diseño y las críticas merecidas a los Gobiernos por su retraso, si se quería despolitizar la gestión de la ciencia quizás era razonable dejar que la AEI comenzara su andadura y, en todo caso, reforzar su independencia de la política. El Acuerdo dice que la Agencia debe responder al modelo del European Research Council (ERC). ¿Supondría esto aplicar el modelo administrativo y de gestión? o ¿el modelo de gobernanza?

Si se quiere una mayor autonomía de la ciencia, tener en el órgano de gobierno de la AEI (el Consejo Rector) tantos altos cargos gubernamentales parece chocante, pero en el actual estancamiento político y con el vigente contexto normativo (Ley de Régimen Jurídico del Sector Público y la derogada Ley de Agencias) difícilmente se podrá cambiar radicalmente dicha composición.

Además, según este marco jurídico, todas las Agencias deben transformarse (incluido el CSIC). Abordar esta reforma ahora podría extender la incertidumbre política general a la financiación de la ciencia, mantendría los criticados modos de gestión actuales, e incluso abriría la posibilidad de empeorar el funcionamiento administrativo y presupuestario (si al final se transformase en simple organismo autónomo). Alternativamente, otras propuestas más reformistas podrían ser una ley específica de creación de una nueva entidad (agencia o fundación pública) o utilizar alguna de las entidades públicas ya existentes, pero todo supondría más retrasos. ¿Por qué no acuerdan entre todos los partidos políticos que han defendido el pacto por la ciencia en la campaña, desbloquear la situación, poner en marcha la Agencia, dotarla de autonomía de gestión y garantizar su independencia y despolitización?

Las estructuras y órganos de la Agencia importan, pero también debatir sobre los instrumentos, sobre la financiación a la ciencia y los procedimientos de gestión que permitan reformar la cultura organizativa de la financiación competitiva de la investigación. Con relación a esto no se dice nada.

El segundo punto de la propuesta de Acuerdo plantea “crear el Consejo para la Ciencia y la Innovación, presidido por el presidente del Gobierno”. No se dice si será un órgano asesor o un órgano decisor del máximo nivel.

Si es una estructura decisoria para visibilizar el compromiso del Gobierno con la ciencia hay que recordar que las estructuras singulares suelen ser poco operativas y, además, pueden entrar en contradicción con la necesaria autonomía de la ciencia (frente a la política). Aznar presidió la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT) sin grandes avances reales. Actualmente, la Comisión Delegada del Gobierno para Política Científica y Tecnológica la preside la vicepresidenta; si se propone que lo haga el presidente del Gobierno parece más un cambio cosmético. Se necesita mayor claridad en la delimitación de funciones y competencias, para evitar una simple oscilación en el péndulo administrativo, trazo estructural de la inestabilidad que castiga a la política científica desde hace años.

Si se tratase de un simple consejo asesor, quizá se querría traspasar el actual Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación, adscrito a Economía, a la Presidencia del Gobierno. La pregunta es: ¿qué ganaríamos con separar el Consejo Asesor del órgano de gestión de la política de financiación de la I+D y sobrecargar más la agenda del presidente? Esto nos lleva a otra pregunta sin respuesta: ¿Se mantendrá la actual separación ministerial entre la gestión de la política de I+D y la política de universidades?

Lamentablemente, de estos temas no hay debate público, ni privado

Asunto distinto sería la designación de un Asesor Científico del Presidente, como en otros países (Estados Unidos, Reino Unido, México, etcétera), para ayudar a consolidar la visión científica en todas las políticas públicas. Esto sí que sería una novedad y ayudaría a dar peso al conocimiento científico en la vida política, pero preservando la autonomía de la gestión de la ciencia de las interferencias de la política ordinaria.

Lamentablemente, de estos temas no hay debate público, ni privado, al menos que yo sepa, y las propuestas que se han puesto encima de la mesa no permiten atisbar ni las reformas, ni el progreso prometido para las estructuras organizativas de la política científica. Tampoco, desafortunadamente, hemos tenido la suerte de que la “revolución en el nombramiento de los cargos” propuesta por el candidato y que afectaría a múltiples órganos del Estado, alcanzase a las instituciones de gestión de la ciencia (por ejemplo, al director de la propia Agencia Estatal de Investigación, al presidente del CSIC o de otros Institutos Públicos de Investigación de relevancia). Así pues, de momento, algunas buenas intenciones, escasa precisión y claridad de iniciativas; en definitiva una notable ausencia de la ciencia en el debate público y político de estos días.

Luis Sanz Menéndez es profesor de investigación del CSIC, y ha sido presidente del Comité de Política Científica y Tecnológica de OCDE (2007-2015), aunque estas opiniones no comprometen, ni son responsabilidad, del CSIC.

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