Una Agencia Estatal de Investigación a “coste cero”

No podía ser de otra manera. Después de una larga gestación y reiterados anuncios de parto inminente, la Agencia Estatal de Investigación veía la luz. Era “Black Friday”. La pobre Agencia había esperado a las rebajas prenavideñas del último viernes preelectoral para nacer a “coste cero”. Un regalo de navidad “anticipado” para la comunidad científica que llevaba años reivindicando su creación, para darle más estabilidad a la investigación y protegerla de los vaivenes políticos. Todo un detalle que merece un agradecimiento tan eterno como el proceso de creación de la dicha Agencia.

Si no se tuviera constancia de los esfuerzos que han hecho algunas personas del propio Ministerio de Economía y Competitividad para sacarla adelante, la primera reacción sería devolverla sin más, sin perder el tiempo en explicar que este modelo de Agencia no resuelve ninguno de los problemas que tiene la investigación en España.

No nos equivoquemos una y otra vez. No se trata de contentar a la comunidad científica como se dice con demasiada frecuencia. Es a la investigación, fuente de generación de ideas y conocimiento, a la que hay que apoyar para mejorar la salud, la educación, la seguridad, la cultura de los ciudadanos. Es al progreso científico y tecnológico al que hay que fomentar e impulsar para que se creen empresas, para que sean más competitivas, para que haya más empleo y empleo de calidad. Es el futuro de nuestro país, con una sociedad más próspera y justa, lo que está en juego.

No se trata de contentar a la comunidad científica como se dice con demasiada frecuencia

La comunidad científica y tecnológica es solamente uno de los actores que intervienen en el proceso de crear conocimiento para resolver los problemas presentes y estar preparados para afrontar los que se pueden presentar en el futuro. Pero no se puede olvidar que hay otros actores que también tienen un papel importante en ese proceso, complejo y no exento de riesgos. Es el gobierno el que con las políticas a su alcance tiene que facilitarlo, promoverlo y engrasarlo de forma proactiva. Son las empresas las que, por su propio interés de supervivencia y por responsabilidad social, han de participar en él, desarrollando nuevas ideas y colaborando con los investigadores del sector público para enfocar la investigación en aquellas líneas que puedan ser de interés. Es la sociedad en general la que ha de poner encima de la mesa los problemas que tiene y exigir que se resuelvan.

Lo que la comunidad investigadora viene reclamando es un compromiso formal y real de los poderes públicos al más alto nivel (Presidencia del Gobierno), del sector privado, de la academia, de la sociedad en general (partidos políticos, fundaciones…), para que el Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación funcione como un verdadero sistema con un objetivo: Convertir la investigación científica y tecnológica (I+D) en el pilar de un modelo económico y social menos vulnerable a los ciclos de las coyunturas de la economía, con capacidad de resolver los problemas de los ciudadanos, y que sitúe a España entre el grupo de países líderes de la ciencia y la tecnología en Europa.

La investigación es un proyecto colectivo de país y, como tal, se merece una mayor consideración por parte del Gobierno. El modelo de Agencia aprobada no resuelve ninguno de los dos grandes problemas que tiene la investigación en España. El primero de ellos es conseguir que el sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación sea financieramente estable, más ágil, transparente y eficaz, con capacidad de fijarse objetivos a medio y largo plazo, evitando ciclos políticos, para darle estabilidad y eficacia. El segundo es impedir que la dinámica de la actividad científica, tecnológica e innovadora se vea lastrada, como está ahora, por procesos de gestión lentos y cada vez más burocratizados

El problema de dotar al sistema de una financiación estable y sostenida queda pendiente de solución con el nuevo modelo de Agencia. En el decreto de creación no se hace ninguna mención específica a mecanismos de financiación de la investigación, salvo una referencia a “una planificación anual” de los proyectos de investigación y a la posibilidad de obtener recursos privados, sin concretar la forma de conseguirlos. ¿Sería posible que a través de la Ley de Mecenazgo se pudiera tener una mayor financiación privada para la investigación?

El modelo aprobado no resuelve ninguno de los dos grandes problemas que tiene la investigación en España

Para resaltar algo positivo, en dicho decreto se contempla que la Agencia, aunque no tendrá independencia presupuestaria (ni funcional), sí podrá guardar fondos de un año para otro en forma de remanentes, y no tener que devolver al Tesoro el presupuesto no ejecutado por una mala planificación del propio presupuesto y por la rigidez de su gestión.

Esta falta de atención al problema de la financiación explica la parquedad de instrumentos de gestión, específicos y adecuados para mejorar la gestión de la investigación. Si a esto se añade que “la Agencia nace de la absorción de órganos actualmente existentes en la estructura de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, y dado el mandato de que su creación se realice sin incremento neto de estructura o de personal”, es decir a “coste cero”, no hay demasiados motivos para esperar que la gestión de la investigación sea más ágil y transparente y menos burocratizada. Más de lo mismo con otro collar.

El modelo de Agencia creada es una falacia más que, afortunadamente, puede tener un recorrido muy corto

En resumen, el modelo de Agencia creada es una falacia más que, afortunadamente, puede tener un recorrido muy corto. Parece mentira que un gobierno que presume de tener una presencia tan destacada en la Unión Europea, todavía no sea consciente de que, a pesar de la crisis, otros países, no solamente han aumentado los recursos destinados a la investigación, sino que desde hace años tienen organismos que proporcionan estabilidad financiera y de gestión a sus sistemas de ciencia y tecnología. Y lo hacen porque los consideran imprescindibles para que sus ciudadanos tengan un futuro mejor. También en eso somos diferentes.

Un último apunte contable. En el “coste cero” no se han incluido los costes de oportunidad, los de la oportunidad perdida de haber buscado un consenso entre fuerzas políticas para la creación de una Agencia que, solucionando los problemas que lastran el progreso científico, tecnológico e innovador de nuestro país, contribuyera a poner los cimientos de un nuevo modelo económico y social. Ay, la contabilidad de algunos insignes economistas… Va a resultar que de “coste cero” nada de nada. Digamos que el “olvidado” coste de oportunidad no baja de unos miles de millones de euros, y eso sin contar la frustración generada. Todo un desatino.

Aurelia Modrego es profesora titular del Departamento de Economía en la Universidad Carlos III de Madrid