Feminismos de ayer y hoy

Morena Herrera empezó a luchar contra las injusticias sociales en El Salvador en 1975. Tenía 15 años. Cinco después, en plena guerra civil en su país, entró en la guerrilla; primero en la urbana, después en la rural. En 1974, a miles de kilómetros, en Madrid, una jovencísima Justa Montero salía a la calle, todavía en plena dictadura franquista, para exigir igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Se activaba en España el movimiento feminista. Entonces, ni Jimena Cazzaniga ni Carlota Álvarez habían nacido. La realidad que se encontraron estas dos jóvenes, hoy de 30 y 22 años, nada tiene que ver con la vivida por Herrera y Montero. Sin embargo, sus luchas son similares. El País Semanal ha reunido a estas cuatro feministas para conversar sobre los avances en la situación de la mujer y las metas a completar en la vía hacia la igualdad real. En 40 años, coinciden, se ha avanzado mucho, pero también hay retrocesos preocupantes.

Sentadas alrededor de una mesa en la sede de la Asamblea Feminista de Madrid, las cuatro comparten sus inicios en la lucha contra la desigualdad. “Ahora, las mujeres somos otras mujeres. Mi vida de entonces no tiene nada que ver con la de las jóvenes ahora”, sonríe Montero, a sus 60 años una de las históricas del movimiento feminista en España. A Cazzaniga y Álvarez les pilla muy lejana la radiografía del país que traza Montero. Una época en la que las mujeres no podían abrir una cuenta en el banco, no había posibilidad de divorciarse y tanto los anticonceptivos como el aborto estaban prohibidos. “Existía la dote, en algunos convenios colectivos figuraba que se daba a las mujeres que se casaban y abandonaban su puesto de trabajo. Se consideraba que el bien jurídico a proteger era la honra de las mujeres, no su libertad sexual. El sexo para las mujeres era como el anuncio aquel del coñac cosa de hombres, y aquellas que tenían otra opción sexual no solo estaban invisiblizadas, sino que además la ley las castigaba con la cárcel”, recuerda Montero.

Los avances sociales. Hoy, casi todo aquello es historia. Sin embargo, la igualdad todavía no es real. El desempleo, incide Cazzaniga, afecta más a las mujeres: con una tasa del 53% frente al 47 de los hombres. También la crisis económica se ha cebado en mayor medida con ellas. “No olvidemos que la pobreza y la precariedad tienen rostro de mujer”, dice esta socióloga de origen argentino. En España, a pesar de que el porcentaje de licenciadas es mayor, solo una de cada diez altos directivos es una mujer. Ellas, además, siguen ganando menos por un trabajo de igual valor. Una brecha salarial de un 19,3%. O para ser más gráficos: para recibir el mismo salario, ellas deberían trabajar 58 días más al año. En algunos países de la OCDE, esa brecha llega al 30%.

“Hay ciertos avances, ha crecido el malestar por la desigualdad, y hay más conciencia de ella entre las jóvenes. Cuando veo a las jovencitas afirmadas me siento feliz, porque esa es una señal de que vamos caminando”, dice Morena Herrera. Sin embargo, añade, hay aspectos en los que el retroceso al que enfrentan las mujeres es oceánico. “En los derechos sexuales y reproductivos el repliegue es enorme. En El Salvador vemos además unos niveles de ensañamiento que interpreto como una especie de reacción a todos los avances de las mujeres. Algo que se ve, por ejemplo, en el aumento de la violencia contra las mujeres o con la penalización total del aborto”.

Carlota Álvarez también habla de retroceso. “Nosotras, con nuestros compañeros que están en la lucha sí hemos avanzado mucho. Pero hemos dejado a cierta parte de la sociedad detrás. Deberíamos preguntarnos, por ejemplo, qué está pasando para que un 33% de los jóvenes de 16 años justifiquen la violencia de género, según muestran las encuestas”, señala esta estudiante de Historia, que empezó a militar en los movimientos feministas estudiantiles hace algo más de tres años.

“No hemos logrado la libertad de las mujeres”, interviene Herrera. “No es un valor democrático en la sociedad salvadoreña. Una libertad que tiene que ver con decidir sobre su propio cuerpo y sobre otras cosas. Un ejemplo, la edad mínima para casarse sigue siendo menor para las mujeres que para los hombres. La vida de las mujeres, aunque la ley diga lo contrario, no es un bien jurídico a proteger. Vale poco. Hemos conseguido que la ley reconozca que hay feminicidios, pero aunque existe la norma y se le ha puesto nombre, El Salvador es, junto a Honduras y Jamaica el país con la tasa más alta de asesinatos de mujeres. Y no pasa nada”.

La violencia sexista es un problema de primer orden en todo el mundo. En España, en 2014, 54 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas. Y este año las víctimas mortales de los asesinos machistas rondan la cincuentena. Es una lacra que no cesa, y que no está recibiendo la atención ni la respuesta adecuada por parte de las instituciones, coinciden las cuatro feministas. “Si en vez de mujeres fueran cualquier otro colectivo, estos asesinatos se habrían convertido en un problema político de verdad. Pero nos encontramos con un asunto sin resolver. Y existe impunidad social al respecto”, dice Justa Montero. “No se le da la importancia política ni social, ni la gravedad que tiene”.

“En lugar de impunidad yo hablaría de complicidad”, apunta Álvarez. “Hay complicidad hacia comportamientos machistas, que son los que llevan, en último término, a los asesinatos. Que la sociedad indique es bueno que tu novio tenga celos, porque se preocupa por ti, por con quién sales por la noche, por cómo te vistes, por qué amigos tienes, sitúa a la mujer que rompe la relación y sale de esa dinámica controladora como la rara del grupo”, dice la estudiante de Historia.

-- “Complicidad e impunidad no son contradictorias”, interviene Montero.

-- “Impunidad social e impunidad del Estado. Y tolerancia. Se tolera la violencia hacia las mujeres”, remarca Herrera. “Sigue siendo natural violar, maltratar, insultar, pegar. Incluso hay un grado importante de violencia que las mismas mujeres toleramos porque no estamos acostumbradas identificar como manifestaciones de violencia. Eso también es parte del desafío al que nos enfrentamos: identificar las primeras manifestaciones de violencia para pararla cuando todavía es posible. Por ejemplo el trato de tonta, de inútil, el control, que ahora se manifiesta con el control de los teléfonos…”, añade.

Hablan de violencias. En plural. “No hay que olvidar el acoso a las mujeres por la calle, el acoso laboral, la violencia sexual”, señala Álvarez. “No son solo los asesinatos”, comparte Cazzaniga. “No sólo queremos poder estar vivas, queremos tener una vida digna, libertad sexual, poder decidir sobre nuestro cuerpo, sobre nuestro proyecto vital”, dice.

Hay complicidad hacia comportamientos machistas que llevan a los asesinatos"

Las estadísticas sobre violencia de género tanto en España como en Latinoamérica –donde no todos los países las recogen, y algunos de los que sí tienen las recopilan de manera precaria— apenas muestran una mejora. Y el problema, señalan Herrera y Montero, es de base. “Esta violencia está conectada con todo aquello que lleva a justificar otras desigualdades, como la de negar la soberanía y la libertad del propio cuerpo, el no entender la del derecho de las mujeres a tener su propio proyecto de vida, la desigualdad en materia salarial. Todas estas cosas dan la idea de que unas valen menos que otros. Y esto va generando una cultura que al final normaliza las violencias”, dice Montero, que critica duramente la falta de un currículo escolar con contenidos transversales de valores de ciudadanía e igualdad.

En España, menos de una de cada tres víctimas mortales de la violencia de género había denunciado a su maltratador. Un dato que las Administraciones siempre mencionan para fomentar que se acuda a las instituciones a pedir ayuda, pero que para Álvarez solo criminaliza a quien no ha ido a la policía. “Es como si por no denunciar se justificase lo que ha ocurrido. También es una fórmula de decir: ‘Bueno, quién iba a saber que la iban a asesinar’. No entienden que hay mujeres que no pueden denunciar por muchas causas, pero que deberían tener derecho a disponer de recursos para salir de esa situación. Hay un grado de insensibilidad tremendo”, señala.

El derecho al aborto. Pero si la violencia de género no logra arrancar un gran pacto político para enfrentarla, y no suele estar en los primeros puntos de la agenda política de unos y otros, el aborto sí suele salir en los debates electorales de manera recurrente. Y el derecho a decidir libremente la maternidad y la soberanía sobre el propio cuerpo ha sido una de las luchas tradicionales del feminismo. El año pasado, miles de mujeres –y también muchos hombres-- salieron a la calle en oposición a la reforma de la ley del aborto que planeaba el Ejecutivo de Mariano Rajoy, que suponía un grave retroceso en los derechos de las mujeres.

Montero ironiza sobre las manifestaciones contra el anteproyecto de ley que había diseñado Alberto Ruiz-Gallardón: “Yo me decía: 'Otra vez aquí, como hace 30 años, reclamando el derecho al aborto cuando nuestra vida reproductiva está liquidada”. Cuando Montero protestaba en las calles por la despenalización del aborto, las mujeres interrumpían su embarazo en la clandestinidad o en el extranjero y estaba en riesgo su vida. Durante estos últimos años, las mujeres salieron a la calle contra una merma en sus opciones para decidir.

“Cuando se plantea la reforma, a las jóvenes nos cae como una bomba encima, porque para nosotras es un derecho que teníamos interiorizado”, dice la estudiante de Historia . Álvarez nació cuando el aborto ya era legal en España –se despenalizó en tres casos en 1985 y en 2010 se aprobó una ley que permite a la mujer decidir interrumpir su embarazo hasta la semana 14ª de gestación, sin tener que justificar su decisión; la norma que el Gobierno pretendía modificar-. La joven señala sin embargo que sí se ha producido un retroceso: desde hace unas semanas todas las menores necesitan el consentimiento de sus padres o tutores para abortar; antes sólo debían informar de su decisión en casa, y podían obviar ese paso si contarlo suponía un conflicto para ellas. “Y nuestra responsabilidad como feministas es denunciar este retroceso social”.

“Detrás de todo esto, y del debate constante en torno al aborto hay un tutelaje constante de las mujeres. Como si no tuviéramos autoridad moral para decidir sobre nuestro cuerpo y sobre nuestro proyecto vital. No solo nuestra vida vale menos, nuestras decisiones valen menos también”, abunda Cazzaniga, que recuerda que el aborto sigue recogido como un delito en el Código Penal.

Pero esa lucha por la soberanía es importante, destaca Morena Herrera, la exguerrillera, fundadora de la Colectiva Feminista, cuenta el caso de la joven Beatriz, una campesina sin apenas estudios, enferma y embarazada de un feto anencefálico, que en 2013 puso patas arriba el sistema jurídico de su país, a todo El Salvador y a parte de América por reclamar un aborto en un país donde está completamente prohibido. Igual que lo está en otros países, como Chile, Nicaragua o Malta.

El Salvador persigue a las mujeres y las criminaliza por interrumpir su embarazo. “Incluso algunas que no necesariamente se han sometido a un aborto, sino que tienen problemas al final del embarazo o el parto y llegan con hemorragias al hospital, son denunciadas, encarceladas y condenadas”, remarca Herrera. Hoy, hay una quincena de mujeres en esa situación en las cárceles salvadoreñas. Algunas de ellas, condenadas a penas de 30 años de cárcel. “En mi país, y desgraciadamente no es el único, un embrión vale más que la vida de una mujer”.

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