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EL PULSO
Columna
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Argentina, ¿será justicia?

Su vicepresidente Amado Boudou arriesga una condena a prisión porque, hace 20 años, falsificó el título de propiedad de su coche para no tener que compartirlo con su exmujer en su divorcio.

Martín Caparrós
La presidenta argentina, Cristina Fernández, habla con el gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli.
La presidenta argentina, Cristina Fernández, habla con el gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli.Martin Acosta (Reuters)

Estaba de vacaciones en su casa cuando volvió a tropezar y se golpeó el tobillo. Le dolía; la transportaron al hospital de su ciudad, Río Gallegos, pero el resonador magnético y el tomógrafo llevaban meses descompuestos. Mandó preparar el avión presidencial y se hizo llevar a Buenos Aires –a más de 2.000 kilómetros–, donde le informaron que se había fracturado tibia y peroné. Así fue como empezó su último año de gobierno con una bota ortopédica y la prohibición formal de pisar el suelo.

Cristina Fernández viuda de Kirchner, 60, no anda bien de salud. En noviembre último pasó una semana hospitalizada por una infección intestinal, en julio suspendió viajes por una laringitis, en marzo sufrió un esguince, el octubre anterior la operaron de un hematoma en la cabeza, y a menudo tiene picos de estrés que la obligan a suspender su agenda.

Sus médicos le insisten que reduzca sus actividades. Ella debe decirles que a finales de año. El 10 de diciembre de 2015 Fernández ha de entregar el mando; los once meses que le faltan serán, parece, una larga preparación para ese día.

El 10 de diciembre de 2015 Fernández ha de entregar el mando; los once meses que le faltan serán una larga preparación para ese día

Que consiste, sobre todo, en conseguir suficiente poder como para resistir a la justicia. Por el momento, algunos de sus funcionarios la enfrentan en clara desventaja: su vicepresidente Amado Boudou, por ejemplo, arriesga una condena a prisión porque, hace 20 años, falsificó el título de propiedad de su coche para no tener que compartirlo con su exmujer en su divorcio; su comandante en jefe del Ejército, el general César Milani, está siendo por fin investigado por la desaparición de un soldado a su cargo en 1976.

Pero lo que realmente la preocupa son los avances de la investigación sobre un ex empleado bancario de Río Gallegos devenido, en la década kirchnerista, en riquísimo empresario gracias a la obra pública. Se llama Lázaro Báez y las malas lenguas dicen que su dinero es el dinero de los Kirchner. Eso, por el momento, no es materia jurídica; sí lo es, en cambio, la gran cantidad de efectivo que una de sus empresas pagaba regularmente a un hotel que pertenece a la viuda y sus dos hijos –por cuartos que nadie utilizaba. Las sospechas incluyen lavado de dinero y pago de favores; un juez ha decidido investigarlo.

En su acto público más reciente Fernández dijo que los “sicarios mediáticos” –o periodistas– se han unido con “algunos secuaces judiciales” –o jueces– para “perseguir y hostigar a los funcionarios”. Su gran objetivo para el año que le queda en el Gobierno es asegurarse la libertad cuando lo deje. Está modificando los códigos procesales y nombrando jueces y fiscales “amigos”, pero sabe que la única impunidad real la da el poder.

Así que toda su apuesta consiste en conservar alguno: intentar imponer en las presidenciales un candidato propio gracias a ese 30 por ciento de votos que, según las encuestas, todavía maneja. Este sería Daniel Scioli, gobernador de la provincia de Buenos Aires, el principal distrito electoral del país. Pero ella sabe que, si Scioli gana, su primera tarea será consolidar su poder destruyendo el de su antecesora. Para evitarlo, la señora Fernández imagina intrigas y conjuras; quiere creer que puede repetir los mismos mecanismos gastados y el resultado va a ser otro. Nada nuevo: así lleva siete años gobernando.

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