Voracidad y lloriqueo

Muchos jóvenes lo ignoran y muchos que no lo son lo recuerdan difusamente: durante el franquismo no había declaración de la renta, y así bastantes creían que no pagaban impuestos. Claro está que los había: los indirectos eran legión, numerosas empresas eran estatales (Telefónica, Tabacalera, Renfe, etc), y lo normal era la apropiación directa e indebida. El sistema era corrupto desde su nacimiento, y por él se regían desde la Jefatura del Estado (ya saben cuántas cosas se “regalaban” a Franco y a su mujer, incluidos pazos gallegos y multitud de collares) hasta la última alcaldía (con excepciones). Por eso, una vez en democracia, costó gran esfuerzo que la población asumiera que debía pagar una cantidad proporcional de sus ganancias para el mantenimiento de la nación. Hubo que hacer campañas publicitarias (“Hacienda somos todos”, la más famosa) para inculcarle a la gente una idea que la mayoría de los países europeos tenía asimilada e interiorizada desde hacía décadas. No fue fácil, y el convencimiento de que era necesario y conveniente contribuir jamás fue completo. Ha habido capas de la sociedad a las que eso ha reventado siempre: individuos insolidarios y predispuestos a la trampa. Pero a medida que se vieron resultados (una sanidad pública ejemplar, una educación universal y digna), el grueso de los ciudadanos se avino, aunque nunca pueda haber entusiasmo a la hora de rascarse el bolsillo. Fue frecuente consolarse pensando: “Si me toca apoquinar tanto, también es porque me ha ido bien este año”. Que los españoles se acostumbraran y lo aceptaran (en la medida en que se logró eso), resultó en todo caso tarea ímproba.

Desde que gobierna el actual Gobierno, si no antes, toda esa paciente labor se ha tirado por la borda. Por un lado, se ha dejado de percibir a la Agencia Tributaria como a un organismo justo, equitativo y honrado. En ella se han producido destituciones turbias y escándalos. Ha aplicado una cómoda amnistía fiscal a los grandes defraudadores, y ha flotado la sensación de que se los premiaba por faltar a sus obligaciones. Ha llevado a cabo arbitrariedades inadmisibles: por poner un solo ejemplo, muchos artistas y toreros cobraban a través de sociedades, lo cual les traía beneficios fiscales; es posible que esto fuera injusto, pero era legal hasta hace cuatro días. De pronto, Hacienda decide que ya no y convierte su decisión en retroactiva, e impone monstruosas multas por algo que en su momento estaba enteramente permitido. Por recurrir a los símiles futbolísticos que tantos entienden, es como si mañana se decidiera que los tiros a los postes son gol, y en función de ese cambio se alteraran los resultados y títulos de las tres últimas temporadas: como el Madrid estrelló cuatro balones en el travesaño en tal y cual encuentro, sumó tres puntos aquí y allá en vez de ninguno, luego fue campeón de Liga en 2013 y no lo fue el Barcelona. Para cualquiera salta a la vista que eso no puede hacerse. Y sin embargo es lo que la Hacienda de Montoro viene haciendo con la chulería y el autoritarismo consustanciales a este sujeto.

Cuando las leyes son abusivas, los ciudadanos empiezan a no sentirse obligados por ellas. Cuando el 62% de la factura de la luz son impuestos; cuando ésta y el agua y el gas están gravados con un IVA del 21%, amén de otras tasas; cuando el Estado cobra si usted coge el metro o un autobús o un taxi; si regala unas flores; si va a hacer la compra; si se toma una cerveza o cena en un restaurante; en suma, cobra de cada transacción que efectuamos, por pequeña que sea. Si además le estamos adelantando dinero –prestándoselo– continuamente mediante el IRPF y los pagos fraccionados; si en junio podemos llegar a entregarle el 53% de nuestros ingresos (si nos ha ido muy bien, claro); si cuando alguien muere, el dinero y las propiedades que deja –y por los que el difunto tributó ya en vida– se los embolsa en alta proporción el Estado (por qué eso es así es algo que jamás entenderé, por mucho que esté establecido); si Hacienda recauda sin respiro y por doquier y por todo concepto, hay un momento en que al ciudadano común no le salen las cuentas. ¿Cómo es que ese mismo Estado devorador lloriquea y se queja de su indigencia? ¿Cómo es que se permite despedir o jubilar a médicos, empobrecer y encarecer la sanidad, subir las tasas universitarias y las judiciales, reducir las becas o su cuantía, abandonar las carreteras al deterioro, reducir las pensiones, fomentar el desempleo, inyectar miles de millones a los bancos que no conceden créditos y ahogan a los comercios, albergar a incontables corruptos y hacer la vista gorda con ellos cuando no protegerlos, gastar sumas demenciales en autopistas que nadie utiliza y aeropuertos sin aviones, en montar “embajadas” superfluas y dejar “palacios” inacabados, de la Justicia o de las Artes, sin que ningún político responda por semejantes despilfarros?

Siempre vi con malos ojos a los defraudadores, incluso a quienes hacían chapuzas sin IVA. Ya no: cada vez los entiendo más, y lo lamento. Cada vez entiendo más que, ante unas leyes abusivas e injustas, ante un organismo saqueador y arbitrario, los individuos se defiendan y, a poco que puedan, no cumplan. Entre las mil cosas graves que ha traído este Gobierno, no será la menor haber conseguido que la gente se sienta justificada al consumar un engaño. Con lo que costó convencerla de que había que contribuir, y en particular a las arcas de Hacienda.

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