El derecho de olvidar frente al del borrar

Internet puede convertirse en un agujero negro, una trampa de la que resulte imposible salir. Puede tragarse nuestra reputación por culpa de un error del pasado o mandar al traste un crédito, beca o trabajo por una simple foto o información inadecuada.

El reciente caso del abogado español Mario Costeja lo ejemplifica. Su denuncia a Google para que eliminara los resultados de la búsqueda en los que aparecía su nombre asociado a un anuncio sobre una subasta de inmuebles por culpa de una deuda (que fue satisfecha) llegó a los tribunales europeos, pero perdió. Pese a que el Parlamento Europeo impulsa una ley que quiere abrir la posibilidad de que cualquier ciudadano pueda borrar de la Red información que resulte dañina para su reputación.

Marisa Toro, responsable de comunicación de Google España, afirma que el gigante informático está “a favor del derecho al olvido”. Pero analistas como Jerry Brito, de Time, ven en estos “agujeros de la memoria” un reflejo de 1984, la distopía futurista de Orwell, y de su protagonista, Winston Smith, dedicado desde el Ministerio de la Verdad a borrar los hechos pasados para reescribir la historia. Robert Levine, autor del libro sobre las empresas tecnológicas Parásitos, cree que hay que encontrar un (difícil) balance entre ese derecho y la libertad de expresión, algo que puede variar dependiendo de “si uno es o no una figura pública”.

Este mismo debate ha asaltado el campo institucional con inusual fuerza. Gobiernos, políticos, policía y jueces andan preocupados y enojados por la información de ellos que contienen los cientos de miles de servidores de Google. Lo airea el buscador en su Informe de transparencia publicado en diciembre. Solo entre enero y junio de 2013, la compañía recibió 3.846 requerimientos para eliminar 24.737 archivos. Un incremento del 68% con respecto a los seis meses anteriores calificado como “preocupante”.

Turquía ha multiplicado por 10 sus peticiones respecto al incremento del año anterior, y Rusia las ha doblado. Hay políticos armenios y cónsules indonesios que quieren hacer desaparecer vídeos de YouTube, funcionarios de Brasil solicitando la eliminación de blogs que denuncian prácticas supuestamente corruptas, peticiones para retirar los nombres de territorios chipriotas en Google Maps por su asociación con el tráfico de drogas. Solo EE UU aumentó en un 70% sus solicitudes de retirada; Francia, un 81%. En España, sin embargo, se han reducido en un 20%.

Google dispone de equipos locales de expertos que estudian cada caso basándose en las legislaciones de cada país y la ubicación de los servidores. Sus informes se envían a la central en California, que decide. Hace año y medio, la empresa obedeció una orden judicial y retiró el contenido de un blog de un juez español que difamaba a otro de su misma rama provincial. En 2013 recibió una orden judicial en Argentina para retirar 1.835 resultados de búsqueda que asociaban la información de un actor con pornografía; el buscador apeló, ganó el caso y no los retiró.

Hay casos que son “claros”, dice Toro: si la información “incumple los términos y condiciones, como contenidos que hacen apología del terrorismo, la violencia o la pornografía infantil”. En caso de justificación legal, recuerda, es la fuente web la que debe retirar esa información, no el buscador. Eso hasta que se instaure un Ministerio de la Verdad que reescriba nuestra historia.