Lecciones para vivos y muertos

El suboficial de policía Víctor está asignado a Seguridad del Estado. Su trabajo es escoltar a ministros del Gobierno peruano, y de vez en cuando, a mandatarios extranjeros en visita oficial. Es un trabajo relativamente tranquilo, que él aprovecha para leer. Siempre lleva un libro en la mano; el último de ellos, Historia de la corrupción en el Perú.

Hace 15 años, la vida de Víctor era más agitada. En 1987 fue enviado a la peligrosa zona cocalera de Tocache, donde los narcotraficantes corrompían a las autoridades, y una columna guerrillera del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru había tomado el control de numerosas poblaciones.

En Tocache, el pan de cada día eran las emboscadas. Recuerda Víctor:

–Los terroristas concentraban el grueso de su munición en los primeros 20 minutos: una lluvia de fuego con granadas, instalazzas, fusiles AKM y cócteles molotov. Mientras tanto, los más jóvenes corrían hacia nuestras trincheras llevando galoneras de gasolina. Si no los matábamos en el camino, nos rociaban y prendían fuego. Como premio, recibían las armas de nuestros muertos.

Víctor resistió un año y medio. Finalmente, su destacamento recibió autorización para volver a casa, pero sólo si se costeaban ellos mismos sus gastos de regreso. De los 50 policías que lo acompañaban, volvieron sólo 30. Diez de ellos sufrían discapacidades. Y todos padecían traumas de guerra.

Como cabe esperar, Víctor no es precisamente un activista de los derechos humanos. Admite haber disparado contra chicos de 14 años, aunque argumenta que esos chicos lo iban a matar a él. Considera que las guerras son sucias, y que en ellas se reciben órdenes sucias.

“Las guerras son sucias

Sin embargo, seguramente él ya nunca recibirá esas órdenes, porque en el Perú, quienes las imparten también pueden ir a la cárcel. Numerosos jefes militares están presos por abusos. Incluso el expresidente Francisco Morales Bermúdez tiene pendientes acusaciones internacionales por crímenes de lesa humanidad, y otro expresidente, Alberto Fujimori, cumple condena por asesinatos orquestados desde su Gobierno.

Eso no significa que los terroristas hayan ganado. Los principales líderes de los grupos violentos peruanos están encerrados también. Significativamente, el 7 de junio, Día de la Bandera, el presidente de la República negó el indulto al expresidente Fujimori y un tribunal condenó a cadena perpetua al último líder de Sendero Luminoso, el “camarada Artemio”.

El Perú no es el único ejemplo de justicia histórica en la región. El sangriento dictador argentino Jorge Rafael Videla murió este año en prisión. Y el chileno Augusto Pinochet, aunque no cumplió condena, fue juzgado en su país hasta el último día de su vida por delitos que incluían hasta el robo.

Me sorprende constatar que, por primera vez, el currículo de derechos humanos es mejor en Sudamérica que en España. Durante la Guerra Civil y el franquismo, las atrocidades del Estado fueron mucho más grandes en número, pero ha pasado tanto tiempo que ni siquiera existe el riesgo de que los autores vayan a la cárcel. Tan sólo quedan las familias que buscan los cuerpos de sus padres y abuelos desaparecidos. Y cuando el juez Garzón trató de investigar el paradero de esos cuerpos, fue despedido del Poder Judicial.

Desde la Transición, los latinoamericanos estamos acostumbrados a que España dicte cátedra en temas de institucionalidad y memoria histórica. Pero para eso es necesario que todas las partes sean reconocidas por la ley y confíen en el Estado. Hoy día, en América Latina, tanto la izquierda como el suboficial Víctor reconocen que: 1. Los asesinos deben ir a la cárcel aunque tengan buenas intenciones. 2. Los Estados deben reparar a sus víctimas. Y 3. Los hijos tienen derecho a saber dónde están enterrados los cuerpos de sus padres.

En ese tema, como en muchos otros, España ha dejado de dar lecciones.

Twitter: @twitroncagliolo