Coartadas políticas

La Generalitat de Catalunya ha dado en los últimos dos días un curso de pésima gestión política y económica cuyas consecuencias perjudican al conjunto de España, y por tanto a Cataluña, en forma de mala imagen de la economía ante la UE y los mercados. El lunes, el Govern anunció sin explicaciones la decisión de no pagar en julio a los hospitales y servicios asistenciales concertados, mayoría en el territorio. Ayer, el consejero catalán de Economía no solo renunció a asistir al Consejo de Política Fiscal y Financiera, porque es una reunión “en la que está todo decidido”, sino que la Generalitat cargó todas las culpas de sus males presupuestarios al Gobierno central. “Ellos deben cumplir, lo que no hacen”, proclamó el portavoz del Govern. El abandono de Andalucía dejó al Consejo de Política Fiscal y Financiera sin dos grandes referentes autonómicos.

La posición política de la Generalitat que preside Artur Mas responde a una maniobra política, simple y añeja, aunque eficaz a la vista del mínimo desgaste de CiU en las encuestas, que consiste en poner a la opinión pública catalana en contra del Gobierno central y, como efecto derivado en primera instancia, en contra del resto de las comunidades autónomas. El hecho incontestable es que Mas y su consejero de Hacienda han sido incapaces hasta el momento de proporcionar una solución económica y financiera para Cataluña, afectada, como el resto de las autonomías, por el hundimiento de los ingresos y una explosión incontrolada de los gastos sociales. Este fracaso es imputable a la gestión imprudente de las finanzas catalanas (similar en imprevisión a la que se ha advertido en otras comunidades) durante más de 20 años. Con el añadido de que en Cataluña se ha desbordado el endeudamiento y, si el Fondo de Liquidez no lo remedia, está al borde el impago de su deuda.

En lugar de asumir sus responsabilidades y reconocer y enmendar los errores de gestión presentes y pasados, Artur Mas y Mas Colell se han encastillado detrás de la coartada del incumplimiento del Gobierno. La declaración de impago de los centros sanitarios concertados no es la primera que se produce en España, ni siquiera en Cataluña. Lo peor de esa decisión es su carácter arbitrario y unilateral. Ni el presidente ni su consejero de Hacienda se han dignado explicar por qué es necesario cortar los fondos a la sanidad concertada en lugar de suprimir otros gastos. Esta suspensión intencionada avala la idea de que se trata de una maniobra política, a costa de los ciudadanos, para atizar la idea (errónea) del incumplimiento del Gobierno central, mantener caldeado el voto propio y alejar la amenaza de una intervención del Estado en las cuentas catalanas. Con el objetivo de un supuesto pacto fiscal que, en la coyuntura actual, parece una quimera.

Cataluña necesita del Estado para evitar el default, lo cual prueba que el crédito de su deuda es nulo. Ese es el factor decisivo sobre el que Artur Mas debería meditar, en vez de encender las hogueras tribales de la fiscalidad.