La lucha por la jornada continua se encona en los colegios: “El conflicto es cada vez más virulento”

Son las seis de la tarde de un lunes y el colegio público Ramiro Jover de Valencia está extrañamente animado. En el patio se oye una melodía que cualquiera que haya tenido hijos en la última década podría identificar como Cantajuegos, hay crías con la cara pintada, una mesa con zumo de naranja y ensaimadas, y una mesa de votación con varias personas sentadas muy cerca entre sí. En el aire flota una mezcla de alegría y tensión. El colegio celebra a la vez una consulta entre las familias para decidir si pasa a tener jornada continua, y una fiesta organizada por la dirección del centro para animar a la participación electoral. Ambas coinciden pese a los intentos de la mayor federación de familias de la escuela pública por evitarlo: por la mañana, el centro educativo ha recibido un burofax de Fampa-Valencia exhortando a sus responsables a anular la invitación a merendar y demás actividades lúdicas al considerarlas una interferencia en el proceso electoral.

La jornada continua, un horario escolar que concentra las clases por la mañana, ha ido introduciéndose en los colegios públicos de casi toda España a pesar del creciente número de estudios que la desaconsejan por su impacto en la salud de los niños y en la conciliación laboral y familiar. Ha sustituido a la tradicional jornada partida, que incluye más tiempo de patio, una pausa para comer y dos sesiones por la tarde. Implantada ya en casi todos los territorios, salvo en Cataluña y Euskadi, cuyas autoridades educativas lo han bloqueado, la batalla por establecer el horario intensivo se centra en Madrid, donde a principios de este curso funcionaba en el 66% de las escuelas públicas, y la Comunidad Valenciana, donde desde septiembre lo hará en el 76%. En ambas autonomías existen, sin embargo, grandes diferencias territoriales: en general, la jornada continua tiene menos presencia en las zonas urbanas y de mayor nivel socioeconómico. “Las familias con mayor capital cultural suelen resistir más los intentos del profesorado de implantar la jornada continua, porque tienden a buscar más información y a discutir los argumentos del colegio”, afirma el sociólogo Daniel Gabaldón. Se trata de un fenómeno casi exclusivo de la enseñanza pública; en la concertada y la privada, donde la fuerza de los docentes es menor, apenas se da.

En Madrid capital, el horario intensivo solo ha remplazado al tradicional en un 38% de colegios públicos (con datos de septiembre, porque las votaciones de este año todavía no han acabado). Y en la ciudad de Valencia, en un 41%. El municipio ha celebrado este año referéndums en siete escuelas: seis han rechazado la continua y la que lo ha aprobado se halla en la Malva-rosa, uno de los barrios con menor renta de Valencia.

La jornada continua sigue expandiéndose, pero a un ritmo más lento. La dinámica de grandes olas, como la que en poco más de un lustro hizo que la provincia de Alicante pasase de no tener escuelas con jornada continua a alcanzar al 98% de las públicas, ha sido sustituida por una estabilización del frente. En la Comunidad Valenciana se han celebrado este curso votaciones en 46 de los 1.008 colegios públicos y ha salido adelante en 23. En muchos centros las posiciones de las partes se han endurecido, coinciden en lamentar los responsables de las grandes federaciones de familias de la escuela pública de Madrid y Valencia, Mari Carmen Morillas y Rubén Pacheco, y las responsables de enseñanza de CC OO y UGT en la Comunidad de Madrid, Teresa Jusdado e Isabel Galvín. “Se está produciendo una confrontación en la comunidad educativa muy virulenta, cada vez más”, dice Galvín. “Hay centros educativos que llevan años con este tema: un curso tras otro, y otro, y otro... Y eso genera un cansancio y un mal rollo que no te puedes imaginar”, añade Morillas.

Implantar la jornada continua requiere mayorías reforzadas en las votaciones de las familias. Los sindicatos de enseñanza atribuyen a esa circunstancia, que consideran antidemocrática, la tensión que rodea el debate. Las federaciones de padres y madres argumentan, por su parte, que lo antidemocrático es que ningún colegio en España haya celebrado un referéndum en sentido inverso ―para pasar de jornada continua a partida―, ya que para aprobarlos las normativas también exigen mayorías cualificadas en los consejos escolares, donde el profesorado y el personal de administración suman más representantes que las familias, lo que les permite bloquearlo.

Para implantar la jornada continua en un colegio de Madrid es necesario que participen dos tercios de las familias y que dos tercios de los votos emitidos sean positivos. La Comunidad Valenciana exige el respaldo del 55% del censo de padres. La participación resulta clave en ambos casos (no votar equivale a oponerse). Y ello está haciendo que aumente el uso de fórmulas discutibles para animar a votar, como la fiesta del colegio Ramiro Jover de Valencia. La escuela Carmen Iglesias de Tres Cantos (Madrid), organizó en enero un mercadillo y actividades lúdicas para recaudar fondos para el viaje de fin de curso de los chavales de sexto el día que se votaba la jornada escolar, lamenta un padre que prefiere no ser identificado. Y los presidentes de las federaciones de Ampas de Madrid y Valencia aseguran haber recibido numerosas denuncias de centros llenos de carteles en los que urgen a ir a votar (y en ocasiones a hacerlo a favor de la jornada continua), comunicados de algunas direcciones escolares que dan a entender a las familias que la participación es obligatoria (cuando no lo es) y maestros que cuentan en clase al alumnado lo bien que estarían con el horario intensivo.

Votando desde 2012

Emili Meseguer asegura que esto último le pasó a una de sus hijas en el colegio Ramiro Jover de Valencia, un centro que además de invitar a merendar el día del referéndum recurrió a otra iniciativa chocante. Tres semanas antes de la votación ofreció a las familias hacerlo de forma anticipada por correo certificado gratis. “La directora nos dijo que lo iban a pagar los profesores de su bolsillo. Pero algún padre lo denunció a la conselleria y lo pararon”, cuenta Meseguer. La directora, Eva Tarín, también aseguró a este diario que la comida repartida en su escuela el día del referéndum fue “una donación” de la empresa que gestiona el comedor. Ni las familias de este colegio ni el de Tres Cantos que organizó el mercadillo aprobaron el cambio a la jornada continua.

La jornada continua avanza más lentamente, afirma el profesor de Sociología de la Universidad de Valencia Daniel Gabaldón, porque quedan menos colegios con jornada partida, y porque con el paso de los años se ha producido cierta decantación de las familias y, en menor grado, los maestros, a la hora de elegir colegio. Eso, afirma Carolina Domínguez, ha sucedido en el centro de su hija, el Andrés Segovia de Leganés, que lleva votando y rechazando desde 2012 propuestas para implantar la jornada continua (menos en los cursos de la pandemia, cuando el horario intensivo se estableció sin consulta al conjunto de las familias, aunque sí se sometió a debate y votación en el consejo escolar). “En Leganés hay muchos coles con jornada continua, y los que han ido viniendo al nuestro ya lo hicieron en muchos casos buscando la jornada partida”. Mantener abierto durante más de una década el debate sobre el horario ha enturbiado, sin embargo, el ambiente del centro. “En nuestro colegio nunca se ha llegado a las manos, como en otros de Leganés, donde ha habido padres que han llegado a pegarse a la puerta del centro, pero sí se ha creado un clima de malestar y división. No solo entre las familias y el profesorado, sino entre las propias familias y entre los pocos maestros que están a favor de la jornada partida y el resto”.

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