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La ley de enseñanzas artísticas dejará los estudios fuera de la universidad y permitirá a los docentes trabajar en su disciplina fuera de las aulas

La nueva norma aumentará la autonomía de los centros que imparten artes plásticas y diseño, restauración, música, danza y arte dramático. Cerca de 100.000 alumnos estudian en ellos

Sede del Real Conservatorio de Música de Madrid.
Sede del Real Conservatorio de Música de Madrid.© Carlos Rosillo
Ignacio Zafra

La ley de enseñanzas artísticas que está preparando el Gobierno mantendrá estos estudios, que realizan unos 100.000 alumnos, fuera de la universidad, dará más autonomía a los centros educativos y facilitará que el profesorado desarrolle simultáneamente una carrera propia de su disciplina fuera de las aulas, por ejemplo dando conciertos o bailando. La norma se acercará en varios puntos clave a la propuesta que UGT planteó hace unos meses al Ejecutivo, según indican a EL PAÍS fuentes conocedoras de los planes del Ministerio de Educación. Y sentará las bases para que los docentes puedan desarrollar también una carrera investigadora. Inicialmente, el calendario preveía que el texto llegase al Congreso en enero para comenzar su tramitación parlamentaria, pero es posible que se retrase un poco.

La nueva norma llenará un vacío histórico, ya que las enseñanzas artísticas apenas han sido perfiladas desde la aprobación hace tres décadas de la Ley Orgánica General del Sistema Educativo (Logse). Regulará las enseñanzas, que incluyen las artes plásticas, el diseño, la conservación y restauración de bienes culturales, la música, la danza y el arte dramático, y también los centros donde se imparten, la relación de estos estudios con la universidad y la figura del profesorado (hay algo más de 22.000 docentes). En varios apartados, como el de personal y el de la estructura organizativa de escuelas y conservatorios, lo hará sin descender excesivamente al detalle, según las fuentes, debido a la gran diversidad de realidades que coexisten bajo el paraguas de las enseñanzas artísticas (tanto por las diferencias entre unas disciplinas y otras como por la forma en que estas se han ido desarrollando con los años en los distintos territorios), al hecho de que buena parte de las competencias son autonómicas, y a que hay cuestiones que deben negociarse previamente con los sindicatos de enseñanza. Los puntos que no queden incluidos en la ley se desarrollarán posteriormente mediante reglamentos.

El grueso de la ley estará dedicado a las enseñanzas artísticas superiores, pero la norma también dedicará atención a las llamadas enseñanzas artísticas profesionales (un segundo escalón que existe en el ámbito de la música y la danza, las artes plásticas y el diseño). La filosofía de la norma coincidirá con el planteamiento de UGT de que constituyan “un espacio autónomo”, pero a grandes rasgos las condiciones de las enseñanzas superiores se aproximarán a las que tienen las universitarias, y las de las profesionales, a las de la FP.

El debate sobre si las enseñanzas artísticas superiores deberían integrarse en la universidad viene de lejos. Se planteó durante el desarrollo de la Logse, y volvió a ponerse sobre la mesa con motivo del proceso de Bolonia (la convergencia universitaria europea) y tras la aprobación de la LOE (la Ley Orgánica de Educación del año 2006). Entre los partidarios del sí figura, por ejemplo, Comisiones Obreras, que también envió al Gobierno una propuesta sobre cómo enfocar la nueva ley de enseñanzas artísticas. Entre los que defienden que es mejor que se desarrollen en un espacio propio, aunque dentro de la educación superior, se halla UGT. En Europa, unos países han optado por el modelo universitario (como Alemania) y otros por mantenerlos en centros independientes (Francia).

La Lomloe, la nueva ley de educación, estableció en una disposición adicional que en el plazo de dos años desde su entrada en vigor (que se produjo en enero de 2021) el Gobierno debía presentar otra “propuesta normativa”, es decir, una ley, que regulase las enseñanzas artísticas. Los responsables del Ministerio de Educación han dicho en varias ocasiones que la nueva norma no es solo un mandato legal, sino también una “deuda moral” hacia unos estudios que a pesar de su importancia apenas han recibido atención normativa desde que la Logse lo hizo de forma muy somera incluyéndolas dentro del grupo de las llamadas enseñanzas de régimen especial, junto a las enseñanzas de idiomas y las deportivas.

Un marco general que respete las diferencias

El tiempo transcurrido desde entonces es uno de los elementos que ahora condiciona la creación de un marco general, ya que las comunidades autónomas han ido desarrollando sus propios modelos, en algunos casos, como el de Cataluña y, en menor medida, el del País Vasco, con perfiles marcados. La nueva norma, señalan fuentes conocedoras de los trabajos hechos hasta ahora, tratará de establecer una regulación que teniendo alcance estatal permita a los territorios buscar soluciones adaptadas a su realidad concreta. Y que, en el caso de que deban realizarse cambios estructurales en los centros, estos dispongan de un largo periodo de transición para llevarlos a cabo. De los casi 96.000 alumnos que estudiaban enseñanzas artísticas superiores y profesionales en el curso 2021-2022 (los datos son de avance, es decir, todavía no definitivos), unos 57.000 cursaban música; unos 30.000, artes plásticas, diseño, conservación y restauración; algo menos de 6.000, danza; unos 2.800, arte dramático; y otros 750, un máster de enseñanzas artísticas.

La nueva ley definirá los requisitos de entrada del nuevo profesorado, si bien dejará la mayor parte de las cuestiones de personal para futuros desarrollos normativos. Una de las peticiones de UGT consiste en que la norma al menos mencione que ha de crearse un nuevo cuerpo de profesorado de enseñanzas artísticas superiores. Marisa Vico, responsable de educación pública del sindicato, lamenta que las escuelas superiores funcionan ahora en la práctica de forma muy parecida a los institutos de secundaria, y con condiciones salariales alejadas de las habituales en la educación superior universitaria. La falta de autonomía de los centros, opina Vico, está dificultando la reacción de los centros públicos ante el empuje de los privados, y para un profesor de la pública resulta imposible compatibilizar, por ejemplo, un puesto de orquesta con dar clases, y para actuaciones puntuales tiene que solicitar autorizaciones, “que no siempre se consiguen”. “Hay muchas expectativas en los centros y el profesorado en esta futura ley”, añade la responsable sindical, “y el Gobierno no puede perder la oportunidad de dar una solución definitiva a los problemas que tienen las enseñanzas artísticas”.

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Sobre la firma

Ignacio Zafra
Es redactor de la sección de Sociedad del diario EL PAÍS y está especializado en temas de política educativa. Ha desarrollado su carrera en EL PAÍS. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia y Máster de periodismo por la Universidad Autónoma de Madrid y EL PAÍS.

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