El Gobierno adelanta a Bruselas que prepara para otoño la LOSU, una ley de universidades

El Gobierno español ha adelantado a la Unión Europea que el próximo otoño tendrá un anteproyecto de la LOSU (Ley Orgánica del Sistema Universitario). Bruselas condicionó la entrega de 70.000 millones de euros a España a cambios en las políticas de sus ministerios y en su paquete de compromisos ―junto a la digitalización de los centros y la recualificación de la plantilla― Universidades incluyó una nueva norma para sus campus. La Ley Orgánica de Universidades (LOU), de 2001, se ha quedado muy desfasada en un mundo en constante cambio y ningún partido negaría esa evidencia.

Cuando se inició la legislatura hace 13 meses, el Ministerio de Universidades descartó una nueva norma convencido de su inviabilidad con un Parlamento tan dividido, pero la aprobación de la ley Celaá ―siete partidos votaron a favor y cinco se abstuvieron― lograda por el Ministerio de Educación les hizo plantearse hacerlo. El compromiso con Bruselas ha sido el espaldarazo definitivo. Su idea inicial era hacer reformas parciales de la LOU. De los 70.000 millones que va a entregar Bruselas a España, 387 millones se van a destinar a recualificar o formar a 3.200 investigadores en universidades extranjeras y españolas y a traer a 700 talentos que están fuera del país.

El ministerio tiene mucho trabajo por delante y ya ha empezado a consultar a personas relevantes del mundo universitario para redactar la ley. A Bruselas le preocupan los problemas de gobernanza de las universidades, atrapadas en un sistema tremendamente lento. “La Universidad deberá dotarse de mecanismos de decisión que permitan una gestión eficaz y ágil capaz de adaptarla al cambio constante de su entorno. Dichos principios deberán plasmarse en estatutos de cada universidad”, se explica en la Estrategia programática del Ministerio de Universidades que este acaba de elaborar. En el debate está cuánto tiempo deberían durar los mandatos de los rectores o el sentido de claustros con cientos de representantes.

Además, el ministerio quiere que las universidades se especialicen en pos de la excelencia. “Tal concentración en algunos ámbitos de conocimiento debe orientarse a alcanzar un nivel de excelencia internacionalmente homologable, para lo cual [es necesaria] la cooperación interuniversitaria con redes de centros de investigación y tecnológicos y con empresas innovadoras”, se subraya en la estrategia.

En la nueva ley se quieren incluir aspectos laborales que en un primer momento se iban a abordar en un Estatuto del Personal Docente Investigador (PDI), del que hay ya cuatro borradores fallidos. Las negociaciones con los sindicatos ―encabezadas por los máximos representantes de Universidades en CCOO, UGT y CSIF― han encallado y de facto se han parado las negociaciones. La pretensión el ministro Manuel Castells es que existan nuevas categorías laborales paralelas de catedráticos y profesores titulares que no sean funcionarios, al estilo de las universidades estadounidenses. Además, el estatuto debería solucionar la precaria situación de los profesores asociados.

Existe ya un quinto borrador del Estatuto del PDI, que tenía rango de ley y que ahora será una de las “piezas clave” de la LOSU, según fuentes del ministerio. Castells sigue en la idea de una vía paralela laboral, pero considera que deben de ser las autonomías quienes decidan cómo se denominan esas figuras. Es decir, la categoría no se llamaría forzosamente catedrático o profesor titular no funcionario.

Castells pretende dialogar sobre estos temas laborales con los líderes de los sindicatos ―Unai Sordo y Pepe Álvarez― en el seno de la Mesa de Diálogo Social Sectorial: Economía del Talento, Especialización y Futuro, en la que están presentes tres ministros (Celaá, Castells y Pedro Duque), la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la Confederación Española de Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME). La mesa se ha gestado este febrero como parte del plan de recuperación que el Gobierno está poniendo en marcha en interlocución con la Comisión Europea.

Participación de la comunidad universitaria

En paralelo a estos encuentros con los actores sociales, el ministerio quiere celebrar diálogos con miembros de toda la comunidad universitaria (PDI, personal de administración y estudiantes) para que participen en la redacción de la ley. La pandemia anuló los planes de Castells de visitar a lo largo de un año las 50 universidades públicas ―con reuniones por separado con los distintos colectivos― para conocer sobre el terreno los problemas antes de tomar decisiones. Solo pudo dedicar este tiempo a los campus de la Universidad del País Vasco y de la Universidad de Barcelona.

El ministerio, por otra parte, prepara un nuevo reglamento disciplinario. Castells, comenzó el proceso para anular el franquista de 1954 por “obsoleto y preconstitucional” con idea de no elaborar uno nuevo. Pero ha terminado cediendo ante los rectores que denuncian un vacío legal si no hay un repuesto a este reglamento. Previsiblemente se presentará con perfil bajo porque la disciplina es un tema espinoso y ni el ministro ni los rectores quieren que se les asocie demasiado al castigo de las infracciones.

En las próximas semanas, además, llegará al Consejo de Ministros el decreto con el que el ministerio quiere hacer una criba de universidades sin calidad suficiente.

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