Los profesores asociados claman contra el ministro Castells: “No ceda a la facilona tentación de fulminar a los precarios”

Los profesores asociados andan revolucionados. El pasado sábado trascendió el borrador del Estatuto del Personal Docente Investigador (PDI) redactado por el Ministerio de Universidades, que propone crear una carrera laboral de profesores paralela a la de los funcionarios y ponerles coto a ellos, los 33.954 asociados, que perciben un salario ínfimo —desde 300 euros— y que suponen ya un 34% del total de la plantilla. Este lunes la Asociación del Profesorado Asociado de las Universidades Públicas ha publicado una dura carta en la que carga contra el ministro del ramo, Manuel Castells. “No solo se nos rebajan las horas de docencia, sino que además se nos otorga un salario ‘accesorio', en la sempiterna idea de que el colectivo PDI Asociado seguirá in aeternum como un accesorio de usar y tirar: ¿proponen realmente aumentar nuestra precariedad o es que se trata de una broma de mal gusto y de humor negro?”, se pregunta la asociación que aúna plataformas de los distintos campus.

El ministerio quiere que los asociados demuestren que cuentan con un trabajo principal fuera de la universidad —se creó la figura para aprovechar la experiencia de los profesionales— y que no impartan más de 60 horas de docencia al año, cuando muchos superan ahora las 100. En opinión del colectivo, el ministerio no les ofrece una plataforma sólida para dar el alto al contrato indefinido o a la carrera de funcionario. El periodo de transición durará tres años en los que supuestamente las comunidades autónomas convocarán oposiciones, pero la crisis económica dificulta este escenario. El borrador no habla de financiación, fundamental para poder estabilizar a esta plantilla.

Los asociados habían depositado muchas esperanzas en el ministro Castells, quien había denunciado su situación laboral en el Congreso y el Senado: “Es un escándalo, un despilfarro de recursos y un mecanismo de frustración. (...) Surgieron para que profesionales pudiesen compartir su experiencia con una retribución residual y una compensación moral”. Incluso el sociólogo llegó a decir: “La mayoría de los que investigan se sienten maltratados por el sistema. O podemos mover esos límites, o nos vamos a casa”.

Desencantado, el colectivo afirma en su misiva: “Para nuestra decepción, el documento no reconoce el fraude de ley sistemático que ha persistido durante años; ni siquiera parece ofrecer la más mínima solución a ninguno de nuestros problemas principales: el salario, la promoción y la estabilización”. No entiende la “obsesión de atraer el siempre aludido talento estrella que está allende nuestras fronteras” cuando considera que hay tanta gente formada y en situación precaria. “El PDI Asociado ha hecho penetrar en la aislada burbuja universitaria dinámicas enriquecedoras de la sociedad real y, al tiempo, ha devuelto a la sociedad elementos del mundo universitario que no salían nunca de su burbuja”.

Un apéndice externo

Los asociados recuerdan que no se les puede ver como “un apéndice externo y versátil al que dar lo que sobra, al que utilizar para reducir el horario del funcionariado, al que tirar a la calle de manera indigna, contra la ley y por causas peregrinas, a veces por vendettas personales, o familiares, y en ocasiones por decisiones meramente cortijeras”.

Y piden a Castells una solución por escrito “que concrete cómo dejaremos de tener un salario basura y cómo podremos entretejer una relación laboral estable y digna en el nuevo marco legislativo universitario”. Aseguran que las distintas Administraciones —ministerio, universidades y Gobiernos autonómicos— se “pasan la pelota” sin que nadie aborde el problema laboral y quieren abandonar ya esa partida.

La próxima semana Castells tendrá una consulta preliminar con los sindicatos, las comunidades autónomas y la conferencia de rectores (Crue), y tras reelaborar el texto hará una propuesta definitiva a la Mesa Sectorial de Universidades. Las negociaciones previsiblemente serán en septiembre

El grupo [P]precarios de la Investigación, de CCOO, ha lamentado en un comunicado que el borrador del estatuto haya trascendido “porque al final se crea un estado de opinión generalizado que en el mejor de los casos no tendrá nada que ver con el resultado y, en el peor, simplemente se retirará ante una posible avalancha del estado de opinión negativo”. Como ocurrió, cuentan, en 2011 con los socialistas en época de Ángel Gabilondo como ministro. La idea del PP de José Ignacio Wert, en 2013, también quedó en agua de borrajas.

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