Los expertos de Wert apuntan a la “desfuncionarización” del profesorado

Los límites de la autonomía universitaria y de la libertad de cátedra consagradas en la Constitución marcarán sin duda el debate sobre la reforma de los campus que abre el informe del comité de expertos nombrado el pasado abril por el ministro José Ignacio Wert. Este informe, que ha dado hoy a conocer el ministerio, propone, entre otras cosas, un nuevo sistema de gobierno de los campus para intentar hacerlo más ágil y eficaz en el que un rector casi plenipotenciario sería elegido cada cinco años (de entre académicos candidatos de cualquier parte del mundo) por un Consejo de la Universidad en el que entrarían a participar las comunidades autónomas. Además, habría una doble vía de acceso al profesorado permanente de los campus públicos: uno para ser titulares y catedráticos funcionarios y otro para ser titulares y catedráticos contratados indefinidos. Esto permitiría “proporcionar una transición hacia una "desfuncionarización” de los profesores e investigadores de los campus públicos, por lo que aconsejan que las figuras no funcionarias no pasen del actual 49% que fija la ley.

Sin embargo, a pesar de esas cautelas introducidas en el informe, estos dos puntos son los que han llevado a dos de los nueve firmantes del informe a emitir un voto particular en el que expresan serias dudas sobre si se está poniendo precisamente en peligro la autonomía universitaria y la libertad de cátedra de los docentes. “¿Sería inconstitucional una ley que en la práctica otorgase el gobierno de las universidades públicas a las comunidades autónomas?”, se preguntan en su texto particular los profesores de Derecho Óscar Alzaga y Mariola Urrea. Ambos hablan de “un riesgo para la plena independencia investigadora”, de los profesores contratados, pues las figuras de profesores funcionarios son “la garantía constitucional que comporta la libertad de cátedra”.

Este debate será sin duda intenso, porque si profesores y universidades como institución -con los rectores a la cabeza- siempre han supuesto una voz crítica frente al poder políticos, lo han sido todavía más en los últimos tiempos, pues se han enfrentado públicamente con dureza a los Gobiernos en muchas comunidades (también al Ejecutivo central) contra las medidas que han considerado: los recortes presupuestarios o el endurecimiento de los criterios para conceder becas, por ejemplo. Quienes están a favor de la reforma, sin embargo, justifican que ahora, aunque no esté a merced del poder político, lo están muchas veces de intereses corporativos de los profesores, que en todo caso no responden completamente a quienes deberían responder: los alumnos y la sociedad en general, como dice el informe.

Los expertos (de 11 se han quedado en nueve por la renuncia de dos, y en siete, si se tienen en cuentan los dos votos particulares) reclaman más dinero para las universidades (llegar al 3% del PIB, con más porcentaje vinculado a resultados) y reformar los "insuficientes" programas de becas, incluidas las de movilidad como las Erasmus (que se han recortado un 75%) y las Séneca (que se eliminan el próximo curso). Asimismo, insisten en la necesidad de luchar contra la endogamia, de reducir la oferta de titulaciones y de que las universidades españolas se especialicen. Bajo la presidencia de María Teresa Miras, el resto de los expertos son José Adolfo de Azcárraga, José Campmany, Luis Garicano, Félix M. Goñi, Rafael Puyol y Matías Rodríguez Inciarte.

El Ministro de Educación, José Ignacio Wert, les ha dicho a los expertos que su trabajo será objeto "de un cuidadoso análisis y un amplio debate en el seno de la comunidad universitaria", abriéndose así un proceso que ya anunció la semana pasada a los rectores de consulta con la comunidad universitaria. En aquella reunión el ministro dijo que el informe de los expertos, junto a otros, sería ese punto de partida. De momento, estos son algunos de los puntos más importantes del informe titulado Propuestas para la reforma y mejora de la calidad y eficiencia del sistema universitario español:

Titulares y catedráticos contratados. El informe propone que haya profesores titulares y catedráticos de universidad funcionarios o contratados. Los primeros seguirán accediendo con un proceso de concurso parecido al actual (primero se acredita y luego concursa por una plaza que convoca la universidad) y los segundos serán contratados directamente por la universidad entre los doctores que se presenten mediante un proceso que decidirá cada campus. Recomiendan una especie de vía de formación de contrato por cinco años que puede convertirse, si todo funciona, en ese contrato indefinido, una especie de vía de formación y contratación como la que existe en EEUU (tenure track)

“Desfuncionarización”. Esa nueva doble vía podría “proporcionar una transición hacia una "desfuncionarización” del profesorado universitario, dice el texto, sin pasarse del 49% que marca la ley. Ya hay un 49% de profesorado no funcionario en las universidades públicas (como permite la ley), pero la inmensa mayoría con contratos temporales y dentro de figuras concretas como asociados (la inmensa mayoría) o ayudantes… La idea es que la presencia de estas figuras fueran dando paso a los titulares y catedráticos contratados y que se dejara de usar la vía falsa de los asociados para hacer contrataciones: en realidad esa vía es para profesionales de prestigio que compaginan docencia y trabajo.

El Consejo de la Universidad. Con 21-25 miembros como máximo que serán renovados cada cinco años, elegirá al rector (ahora lo hace el claustro o lo vota toda la comunidad universitaria), controlará su gestión y la de los decanos y directores de centros y aprobará los presupuestos. El 50% de los miembros los elegirá el Claustro de la universidad (los profesores, alumnos y personal de administración), otro 25% la comunidad autónoma entre personas de reconocido prestigio profesional o académico, y el 25% deberán acordarse entre unos y otros entre personas de especial prestigio internacional. Mientras el informe pone como salvaguarda que ninguno de los miembros haya tenido un cargo político, empresarial o sindical en los cuatro años anteriores a su nombramiento, para los firmantes de la adenda eso no es garantía. Que los miembros elegidos por las comunidades autónomas sean el 25% “no deja de ser un peligro cierto de injerencia”, que puede ser “causa y origen de una institución dotada de poder político, que entra en lo posible que busque formar mayoría con los ideológicamente afines [del claustro] para controlar la designación” del tercer grupo.

El rector. Será elegido durante cinco años (ahora son cuatro), estará abierto a académicos de cualquier universidad (ahora tiene que ser de la propia) tanto españoles como extranjeros que deberán demostrar su excelencia (si son españoles, con tres sexenios de investigación). “Tendrá plenas funciones ejecutivas” y nombrará a su equipo (vicerrectores, etcétera), a los decanos y directores de centros, facultades y escuelas. Con la organización actual la elección de los representantes de los distintos sectores se hace por votación en cada centro y el claustro y todos ellos tienen una fuerte representación en el consejo de gobierno, el actual “órgano de gobierno” de la universidad, según la ley. Una de las principales críticas al actual sistema es su falta de agilidad y de poder real del equipo rectoral, ya que cada pequeña decisión pasa por demasiados manos; el miedo, por otro lado, es que en busca de la eficacia se pierda democracia.

El Claustro. Con un máximo de 60 o 70 miembros (ahora son hasta 300), un 80% de profesores y un 20% de alumnos y personal de administración, pasaría a ser “órgano consultivo”. En general, se recomienda que todos los órganos (juntas de facultad, etcétera) “tengan un número reducido”.

Más financiación y en base a resultados. Los expertos recomiendan vincular entre el 20-25% de los presupuestos de las universidades públicas a los resultados de investigación y docencia. Esto requiere mucha más información y transparencia, dentro de un proceso que tenga en cuenta ranking internacionales, resultados de investigación o empleabilidad de los titulados (proponen hacer público una clasificación de campus según este último dato). También reclaman, en todo caso, más dinero público para las universidades (ponerse como objetivo alcanzar el 3% del PIB de inversión en educación superior, ahora es menos del 2%), más becas y ayudas al estudio porque el sistema actual es “muy deficiente”. Lo que incluye las becas de movilidad, en un contexto en el que el gobierno ha reducido un 75% su aportación a Erasmus y ha eliminado las Séneca. También quieren que haya más proyectos competitivos y proponen recuperar, con algunos cambios y más financiación, la iniciativa de Campus de Excelencia eliminada por el actual Gobierno.

Reordenación de la oferta y especialización. La oferta de títulos es excesiva y hay que contenerla, dice el texto. Por eso, proponen establecer a escala nacional un número mínimo de alumnos (que puede ser flexible en función de la zona y el área de conocimiento) por debajo del cual habría que eliminar una titulación de una campus concreto y que comunidades y universidades reflexionen sobre la posible reducción de los campus, facultades, departamentos… En este sentido, en otros puntos los sabios vuelven a insistir en la especialización de las universidades: no todas pueden ser punteras en investigación ni en todos los ámbitos.

Acceso al funcionariado. Ahora los profesores deben pasar un proceso de acreditación (a base de documentación) por el cual la Agencia de calidad de las Universidades (ANECA) pone un sello previo de que alguien tiene los méritos suficientes para ser titular o catedrático de universidad. El nuevo informe propone volver a un sistema muy parecido al anterior, que se abandonó por ser muy caro y porque no evitaba la endogamia: se convocará un número limitado de plazas de acreditación de acuerdo con las necesidades de profesores de las universidades: y si se presentan muchas más aspirantes, se resolverá con distintos procesos de exámenes.

Lucha contra la endogamia. Se recomienda que no universidad no pueda contratar a un doctor formado dentro de sus muros (a no ser que se haya formado también en otras instituciones) y que haya complementos salariales ligados a la productividad conjunta de todo un grupo o de todo un departamento.