Manuel Castells: “Hay profesores asociados con salarios de miseria”
El ministro de Universidades promete acabar con la “precariedad” en los campus
El ministro Manuel Castells es muy consciente de que el Ministerio de Universidades, creado hace un mes, cuenta con "escasas competencias", pero se ha propuesto terminar con la precariedad de las plantillas universitarias, muy envejecidas y renovadas con figuras precarias: falsos asociados o investigadores interinos que van encadenando malos contratos. Para ello necesita de la colaboración del Ministerio de Trabajo, también en manos de Podemos, y la complicidad de las universidades, que llevan años reclamando más medios económicos para subsistir. Castells ha hecho este anuncio en el Congreso este viernes durante la presentación de las líneas fundamentales de su mandato.
Los asociados —22.871 profesores en España, el 23,6% de la plantilla en el curso 2016-17 y en incremento desde que empezó la crisis— son el último eslabón de la cadena de precariedad de las Universidad pública española, en la que hay "profesores pobres", según la definición en 2018 del entonces presidente de los rectores, Roberto Fernández. La conferencia de rectores (CRUE) siempre muy medida en sus declaraciones ha emitido una nota en la que no desvela sus intenciones: "Compartimos la preocupación de ambos ministros [Pedro Duque y Manuel Castells] por la falta de estabilidad laboral y envejecimiento de las plantillas universitarias y valoramos sus intenciones de mejorar la calidad de los contratos".
Desde hace 10 años la ANECA ha acreditado a unos 15.000 doctores para optar a puestos fijos, pero la falta de oposiciones ha creado un tapón. En 2011, el PSOE estableció que solo se relevase a tres de cada 10 docentes (30%), y al año siguiente el PP impuso una tasa de reposición del 10%. Ello obligó a los campus a buscar fórmulas para que los jóvenes talentos no emigrasen.
En 2014 se subió la tasa al 50% y en 2017 al 100%. “Es un escándalo, un despilfarro de recursos y un mecanismo de frustración”, ha resumido el sociólogo la situación de los profesores asociado. “Surgieron para que profesionales pudiesen compartir su experiencia con una retribución residual y una compensación moral”, ha recordado. Pero, con la crisis, esta figura se ha pervertido y personas que pasan jornadas enteras en la universidad cobran como asociados un sueldo irrisorio que pueden ser incluso de 300 euros. "Hay pseudoasociados con salarios de miseria. Vamos a cancelar los falsos contratos de asociados cuando se aplique la nueva ley”, ha prometido Castells. "¿Y que hacen luego las universidades y los asociados?", se ha preguntado el ministro. “Hay que crear figuras contractuales con perspectivas de carrera y salarios dignos y eso requiere una reforma. La mayoría de los que investigan se sienten maltratados por el sistema. O podemos mover esos límites, o nos vamos a casa”.
Castells habla de irse a casa porque es muy consciente de las grandes limitaciones de su ministerio. No hay secretaría de Estado ni ninguna dirección general y el personal clave del ministerio ha desaparecido, se ha ido a Ciencia [con Pedro Duque]", ha reconocido el ministro. Franco, el académico admite que no quería la división en dos del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. "Por eso hicimos la corrección de la comparecencia conjunta de los dos ministros. No se crean que los ministerios son búnkeres y cada uno tira para su lado. Yo puedo hablar con cualquier ministerio", ha afirmado ante la Comisión de Ciencia y Universidad del Congreso. Y ha puesto un ejemplo: "El Estatuto del Personal Docente Investigador se está haciendo con el Ministerio de Trabajo y los sindicatos. La cooperación es más productiva que la competición".
El secretario general de Universidades, José Manuel Pingarrón, que se mantiene de la época de Pedro Duque, ha trabajado en el tema de forma extensa en el último año. En 10 días Castells se verá con los investigadores interinos. El Estatuto del Personal Investigador en Formación (EPIF) entró en vigor el pasado marzo, con siete años de retraso por parones políticos —aparecía ya en la Ley de Ciencia de 2011—. El texto trenza los mimbres de una carrera incierta y abrupta, y establece que los predoctorales deben ganar al menos 16.500 el primer año (la mitad de un titulado que trabaja en la Administración general) y el cuarto año 21.600.
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