Las cuotas base de la concertada aparte de los fondos públicos: 225 euros al mes en Cataluña y 110 en Madrid

A muchos padres de la escuela pública, agrupados en la confederación CEAPA, les subleva que el dinero de sus impuestos sufrague colegios concertados que, a su juicio, discriminan a los alumnos que no pueden pagar sus cuotas “voluntarias”. Y a la Asociación de Colegios Privados e Independientes (CICAE), que reúne a 50 centros de élite (la mayoría internacionales), le irrita la “competencia desleal” de la nueva escuela concertada, cuyos sueldos y mantenimiento se abona con fondos del Estado y que, sin embargo, cobra a las familias cantidades sustanciosas. Por eso, como hacen desde hace cinco años, CEAPA y CICAE suman fuerzas y a través de una consultora analizan las cuotas que se pagan, que van de los 15 euros de mínimo en Aragón a los 950 euros mensuales máximos en Barcelona. Existen grandes diferencias entre los colegios de las comunidades analizadas. Las mayores tarifas base se cobran en Cataluña (225 euros de media al mes), seguidas de Madrid (110 euros) y País Vasco (97 euros). En el resto de las comunidades analizadas —Aragón, Comunidad Valenciana, Andalucía, Navarra y Galicia― la cuota media base está por debajo de los 60 euros. Luego hay que sumar en casi todos los casos otras actividades.

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Miembros de la consultora Garlic B2B se hicieron pasar por padres interesados en matricular a sus hijos en 336 centros entre diciembre de 2019 y marzo de 2020. Solo el 45% de los colegios aportó algún tipo de documento con los precios de las cuotas complementarias y apenas el 22% especificó las actividades, conceptos y horarios por los que cobra es tarifa. Los precios, además, varían según preferencias en algunos centros, de forma que si no contratas el comedor aumenta el complemento voluntario, o existe un pack de actividades que salen más caras si se escogen por separado. Más difícil de demostrar —la consultora ha hecho un “testeo de voluntariedad”— es que los alumnos que no pagan la cuota no pueden acudir a las actividades. Según el estudio, ocurre en el 10% de los centros en España y en un 28% de los madrileños.

A la Comunidad de Madrid no le consta que se fuerce a pagar estas cuotas. Hace unos meses explicó a EL PAÍS que su Consejería de Educación ha remitido desde 2015 más de 300 informes de subsanación de errores a los centros concertados, y de ellos solo cuatro generaron comisiones de conciliación y solo uno un procedimiento sancionador. Carmen Morillas, presidenta de CEAPA, ha explicado en rueda de prensa que harán llegar a todas las Administraciones este informe. “Todos los años recibimos quejas y denuncias de padres. Incluso en el confinamiento han seguido cobrando. Exigimos que se cumpla la ley y actúe la Alta Inspección”. Elena Cid, directora de CICAE, ha insistido en que muchos centros “no abusan” de los conciertos, pero “algunos han desvirtuado el modelo y no hay un buen uso de los fondos públicos cuando no puede ser que sean un negocio rentable”. Recuerda que muchos son fundaciones que se desgravan fiscalmente.

El colegio más caro es el St Pauls de Barcelona (950 euros). El centro declina hacer declaraciones a EL PAÍS pero en 2018 por correo electrónico explicó que las familias abonaban 850 euros por la “media pensión, excursiones, materiales, libros, actividades complementarias dentro del horario escolar (ajedrez, guitarra, natación…), mutua escolar o seguro de accidentes”, entre otros. E indicó que la matrícula eran otros 2.800 euros. Mientras que al Consorcio de Educación de Barcelona le constaba que el St. Paul School cobra a las familias 75 euros por “actividades complementarias” (extraescolares) y 175 euros de comedor.

Alfonso Aguiló, presidente de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE nueva concertada) cree que el informe es “tendencioso” y busca “sostener una tesis previa” pero reconoce que estos precios en algunos casos son “demasiado altos”. “El informe no aporta nada que los padres no sepan. Conocen los precios y pagan o no. Saben que las cuotas son voluntarias y que los servicios de comedor, extraescolares y complementarias las suscriben quienes lo desean. Por ejemplo, el concierto en infantil y primaria cubre cinco clases al día y la mayoría de los centros atienden ocho horas con cuotas bastante reducidas para el servicio que se da”. Y el también presidente de la Fundación Arenales precisa más: “Si son colegios tan malos, con la bajada de la natalidad hay plazas libres en los centros”. Desde CECE, asegura, animan a las escuelas a colgar en las webs los precios y a ser “transparentes”. Recuerda que el Estado “hace tiempo debería de financiar los costes”.

Esta radiografía de precios es muy ilustrativa porque dibuja dos tipos distintos de escuela subvencionada en España, donde se destinaron a conciertos 6.342 millones de euros en 2018. La tradicional —gestionada por la Iglesia o colectivos de profesores, no tiene ánimo de lucro (el dinero revierte en el centro)— y la conocida como “nueva concertada”, en manos de empresas o colectivos ultra religiosos, que funciona como una compañía (aunque sea una fundación) y se concentra en las grandes ciudades. Según cálculos de Escuelas Católicas —que representa al 60% de concertada (2.008 centros) y son muy contrarios a una reforma educativa— el 82% de sus colegios cobran “aportaciones voluntarias” de entre 10 y 50 euros, porque aseguran que la cuantía que reciben por unidad en el centro (grupo) es insuficiente para su funcionamiento.

Este informe y la mirada del Gobierno no se centran en esta concertada de toda la vida, sino en la nueva subvencionada que ofrece por cifras desorbitadas grandes instalaciones. El coste de cada puesto escolar subvencionado es una incógnita que ningún gobierno (ni de izquierdas ni de derechas) desvela, pero cualquier político reconoce sin cámaras que no es muy generoso y que hay que actualizarlo. El Departamento de Educación de Cataluña, por ejemplo, admitió el pasado febrero que la escuela concertada está infrafinanciada y calcula en 145 millones la aportación necesaria para asegurarse que estos centros avancen hacia la gratuidad.

La ley educativa de 2006 (LOE) establece que “en ningún caso podrán los centros públicos o concertados percibir cantidades de las familias por recibir las enseñanzas”, pero el Estado central no puede perseguir que los colegios no cobren una cuota encubierta en distintos conceptos (servicio de enfermería, orientación psicológica, seguro escolar o proyecto pedagógico). Es competencia de los ejecutivos autonómicos hacerlo, a través de Inspección, pero rara vez sancionan a los centros infractores. Así que al Gobierno le queda solo la baza de aprobar una ley —que se debate este viernes en el Congreso— que fuerce a repartir de otra manera a los estudiantes. Hoy los colegios e institutos públicos concentran al 67,1% del alumnado no universitario (la concertada al 25,5% y la privada al 7,4%), pero acogen al 79% de los niños de origen inmigrante y a nueve de cada diez menores de hogares con renta baja.

El interés del Gobierno es deshacer los guetos. Por ejemplo, en sus enmiendas plantea que las actividades complementarias estables de pago no se puedan programar en la jornada lectiva, que el criterio prioritario en la elección de centro sea la proximidad al domicilio (para que los colegios no puedan discriminar) y que existan comisiones de escolarización para dirimir los casos en que existen más peticiones que plazas o que se establezcan porcentajes (marcados por las comunidades) de alumnado con necesidades especiales para cada colegio. El Consorcio de Educación de Barcelona ya ha logrado que aumente un 37% la acogida de estudiantes vulnerables en sus escuelas concertadas gracias a un nuevo plan de reparto del alumnado.

La escuela concertada nació gratuita y subsidiaria para llegar a donde no podía el Estado, porque los socialistas en 1985 blindaron los conciertos para garantizar la escolaridad gratuita hasta los 14 años. Y ahora su intención y la de Podemos es no auspiciar que siga creciendo. Por eso su norma quiere prohibir que los ayuntamientos cedan suelo público para levantar colegios privados que luego se concierten. En la mente de todos están los negocios millonarios del ex vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, y la trama Púnica en la capital (con réplica en Valencia), hoy judicializados, a costa de los colegios concertados.

En Madrid, según estimaciones de UGT, se cedieron entre 2000 y 2013 unas 80 parcelas que suman más de millón y medio de metros cuadrados de terreno. Esta idea contraviene los planes de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que en diciembre pasado anunció: “Vamos a retomar, e incluso incrementar, los conciertos educativos, porque solo podremos asegurar la libertad de elección si existe una oferta educativa amplia”.

La ministra Isabel Celaá remarca una y otra vez que las familias van a poder seguir matriculando a sus hijos en la concertada si sale adelante su ley—"Esta escuela está perfectamente contemplada, respetada y acreditada", repite—, pero la guerra mediática parece imparable. El PP recogerá firmas y acudirá al Tribunal Constitucional y las críticas al texto incendian las redes diariamente para preocupación de la ministra pues parte de su electorado escoge estos colegios para sus hijos. El viernes en el Congreso, el siguiente capítulo de un serial que se prevé larguísimo.

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