El 90% de los colegios concertados de Madrid impone pagos irregulares a las familias

El 90% de los colegios concertados cobra a las familias cuotas obligatorias irregulares. Es un secreto a voces, aunque ahora sustentado en datos recogidos en un informe que hoy han presentado en la Asamblea de Madrid la FAPA Giner de los Ríos y la Asociación de Colegios Privados e Independientes (CICAE). El método se repite en todos los centros subvencionados por fondos públicos: se ofrecen clases particulares, de refuerzo o de apoyo, todo como un extra de carácter voluntario pero que, si no se paga, acaba con el niño excluido o señalado frente a sus compañeros.

Esta práctica es especialmente grave teniendo en cuenta que la Ley Orgánica del Derecho a la Educación establece que se debe garantizar la gratuidad de las enseñanzas obligatorias en centros sostenidos con fondos públicos. El consejero de Educación, Enrique Ossorio, señaló a este periódico su intención de seguir abriendo conciertos, siempre que las familias lo solicitaran. Madrid tiene en la actualidad 557 colegios concertados.

El informe lo ha realizado una consultora privada y especializada en mystery shopper, que por cuarto año consecutivo prueba las irregularidades en los cobros de la concertada madrileña. Varias personas se presentaron en 50 colegios concertados para realizar entrevistas simulando ser familias que tenían interés en matricular a sus hijos. Los datos obtenidos revelan que no existe voluntariedad en las cuotas de los colegios subvencionados y que el 100% solicita un pago mensual para escolarizar al alumnado que ronda los 153 euros de media. En definitiva, las familias desembolsan anualmente más de 3.000 euros por cada hijo que curse la enseñanza obligatoria en estos colegios, entre gastos de cuota fija, complementaria y comedor.

De los 50 centros visitados, el 90% señala claramente que al ser "un colegio concertado" los precios que se deben pagar son los que se les presentan a los entrevistados. Tan solo cinco indican de manera clara que es una cuota voluntaria.

La investigación prueba que, en comparación con años anteriores, han aumentado los casos de discriminación, en los que el impago de la cuota implica la exclusión del alumno. Estos casos los protagonizan el 44% de los centros que aparecen en el informe, los cuales manifiestan que, si no se paga la cuota, el alumno no podrá asistir a las actividades. La solución que ofrecen algunos de ellos es la posibilidad de que la familia se haga cargo del estudiante en las horas en las que se organizan actividades a las que se les prohíbe acceder, o bien ubicarlo en otra sala con o sin atención. En casos puntuales, se le prohíbe participar en determinadas actividades que se desarrollan dentro del horario lectivo, asistir a una excursión o participar en la foto de la orla, si los padres no quieren o no pueden pagar. Es decir, el alumno es apartado del grupo físicamente en otra sala y a veces sin atención.

“Las familias están desprotegidas ante tales abusos que suponen un menosprecio del niño cuyos progenitores no quieren o no pueden pagar una cuota que por ley no es obligatoria. A su vez, para unos padres es complicado enfrentarse al propio colegio en el que estudian sus hijos, por lo que es lógico que las familias también acepten un copago por miedo a que oponerse signifique un daño emocional en sus hijos o a que se sientan discriminados”, analiza Elena Cid, directora de CICAE. “Nos parece una trampa para que determinados empresarios se financien cuando además son centros sostenidos con dinero público. Si quieren hacer negocio, que se vayan a la privada”, reclama Cid. “La pregunta es: ¿por qué la Administración permite esto?”.

 Los colegios concertados ofrecen una estructura de precios que no permite a las familias decidir pagar o no aquellas cuotas que legalmente tengan carácter voluntario. En algunos casos, aglutinan diferentes conceptos de cobros dentro de un importe global y en otros imponen la contratación de servicios para poder acceder a otros recursos o actividades.

A su vez aumentan los colegios que no mencionan que la cuota tiene un carácter no lucrativo, el 64% no repara en ello en la información que ofrecen a las familias en las visitas. La ley indica que si estos centros generan lucro con la percepción de estos cobros es una falta grave, motivo de retirada del concierto.

Los propios colegios aseguran que indican que las cuotas son voluntarias para cumplir con la ley, pero la realidad es que el impago supone apartar al niño de las actividades que se producen en horario escolar. Además, muchos de ellos omiten el contenido exacto de dichas actividades de pago o el horario en el que se imparten.

La mayoría de los centros educativos recogidos en el informe pertenecen a la denominada nueva concertada, colegios en régimen de concierto educativo, de reciente creación y que iniciaron su actividad gracias a que la Comunidad de Madrid les cedió terreno público en condiciones ventajosas.

Tanto Camilo Jené, presidente de la FAPA Francisco Giner de los Ríos, y Elena Cid, directora general de CICAE, han registrado el informe en la Asamblea de la Comunidad de Madrid. De manera conjunta, han pedido a la administración que no se produzca más cesiones de suelo público para la construcción de colegios concertados y que se prohíban las actividades complementarias que no sean gratuitas para todos los alumnos. También han reclamado que la inspección educativa garantice la gratuidad.

Según el informe de Save the Children de 2019, Mézclate conmigo, “el cobro de cuotas es una práctica extendida en la escuela concertada que supone una barrera económica de entrada para las familias más vulnerables”.

Este sistema tiene como consecuencia una segregación por tipos de centros según las cuotas. Save the Children hace incluso referencia a la existencia y amenaza de que ciertos colegios se conviertan en “guetos”, es decir, colegios que concentran a alumnado vulnerable. Con este modelo, existen colegios sostenidos con fondos públicos que aceptan únicamente a familias que puedan aportar una cuota obligatoria. La consecuencia directa es que los colegios realmente públicos acogen a las familias que desean escolarizar allí a sus hijos y también a aquellas a las que no les queda más remedio por haber sido rechazados en el concertado que querían. Por tanto, la libertad de elección de centro queda garantizada únicamente para aquellas familias que puedan costear un copago irregular.

La Consejería lo desmiente

Un portavoz de la Consejería de Educación asegura, sin embargo, que "esos datos no coinciden con los que tiene la Comunidad de Madrid". Según afirma, desde 2015 "los inspectores de la Comunidad han remitido más de 300 informes de subsanación de errores a los centros concertados, y de ellos solo cuatro generaron comisiones de conciliación y solo uno un procedimiento sancionador. Asimismo, no tenemos constancia de que ningún alumno haya sido expulsado por no haber pagado la cuota voluntaria".

El Gobierno regional pone en marcha todos los cursos un Plan General de Inspección que incluye la supervisión de todos centros concertados, así como programas y servicios. "La Comunidad envía a los centros concertados instrucciones para aclarar y ordenar toda la normativa, mientras que la Inspección Educativa supervisa el cumplimiento de la norma en cada centro, solicitando la memoria de actividades complementarias, con datos como precios, financiación, costes…".

Cuando la Inspección Educativa detecta alguna irregularidad solicita al centro la corrección, aunque la mayoría no son constitutivas de sanción, según explica la Consejería. "En caso de que no se corrijan, puede ser motivo de apertura de expediente". Las cuotas voluntarias que pagan las familias son una relación directa y exclusiva entre las propias familias y los centros educativos, "y la Comunidad vela por el cumplimiento de la normativa y que estas cuotas sean siempre de carácter voluntario".

Para Cid, sin embargo, es sintomático que justo desde este año los inspectores de educación ya no tienen como “actuación prioritaria” las auditorías a los centros concertados.