El Ayuntamiento de Madrid confirma que el procedimiento del piso de Ayuso sigue abierto, en contra de lo que dijo Almeida

El Ayuntamiento de Madrid ha aclarado este jueves las declaraciones que hizo en diciembre el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, cuando anunció que había concluido la investigación por unas obras sin permiso en el piso de la presidenta madrileña. Casi dos meses después, la vicealcaldesa, Inma Sanz ha precisado que el procedimiento administrativo no se ha cerrado, sino que se ha suspendido debido a que el presunto infractor, el empresario Alberto González Amador, interpuso hace meses un recurso judicial. El regidor también dijo aquel día que solo era irregular la instalación de unos aparatos de aire acondicionado, pero de la declaración de Sanz se extrae que toda la reforma fue hecha pese a las órdenes de cese, y que las alteraciones al piso podrán permanecer, salvo esos aparatos. De no haberse interpuesto recurso, el procedimiento hubiera concluido con la orden de abonar las tasas de la licencia urbanística y una sanción.

“Las actuaciones municipales de comprobación han concluido”, ha dicho este jueves Sanz en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno. “Estamos a la espera de que se resuelva ese recurso en los tribunales y, una vez que se resuelva, concluirá el proceso definitivamente”.

Su aclaración se ha producido después que EL PAÍS revelara este jueves que Más Madrid había recibido una copia oficial del expediente que, según el partido de izquierdas, contradice lo dicho por Almeida. Según el partido de Rita Maestre, el dosier muestra precisamente lo que ha dicho Sanz. Los últimos dos documentos hacen referencia al recurso judicial, ante el número 14 de lo contencioso-administrativo de Madrid. Uno, del 19 de julio, es la notificación de Amador al Ayuntamiento, informando de que había solicitado al juez como medida cautelar que suspendiera la sanción. Y otro, del 11 de diciembre, cinco meses después, es el acuse de recibo por parte del Ayuntamiento.

Aquella declaración de Almeida en diciembre sorprendió porque una inspectora municipal había visitado el piso y había detectado que, a pesar de dos órdenes de paralización, Amador acometió la “redistribución de las habitaciones, renovación de acabados e instalaciones eléctricas y obras exteriores de sustitución, carpintería e instalación de toldos”.

Almeida dio a entender que todo se había resuelto y omitió que se había suspendido la sanción debido al recurso judicial. “La investigación ya concluyó”, le dijo a Radio Nacional de España (RNE). Y un par de horas después, en un acto de homenaje a la Constitución, el regidor afirmó: “el procedimiento ha concluido”.

A pesar de esto, Almeida ha negado este jueves que haya contradicciones. “Lo que dije (en diciembre) es que las actuaciones administrativas de comprobación, núcleo del expediente administrativo, estaban concluidas y la resolución, si no se ha dictado, es porque hay un recurso contencioso-administrativo”, ha declarado poco después de la intervención de Sanz, en un acto del diario ABC.

Además, aquel 4 de diciembre Almeida redujo el alcance de la ilegalidad a los aparatos de aire, lo que iba en contra de lo hallado por su inspectora. En su entrevista con RNE, Almeida dijo: “Respecto a la declaración responsable lo único que no se ajustaba a la misma por parte de Alberto González Amador era la colocación de unos aparatos de aire acondicionado. De la colocación de unos aparatos de aire acondicionado sí hay un procedimiento de restablecimiento de la legalidad”.

Sanz ha explicado este jueves que el alcalde mencionó la instalación de los aires acondicionados porque era lo único que no era legalizable, es decir, que debe ser retirado. La legalización de obras irregulares consiste en obtener a posteriori el título habilitante que no se había conseguido, abonando las tasas, explican fuentes conocedoras de las sanciones urbanísticas. Todo ello sin perjuicio de que se imponga una sanción de las previstas en la Ley autonómica de Suelo. En este caso, la realización de obras sin título habilitante encajaría en el 204.4 de esa norma como infracción leve castigada con multas de entre 600 y 30.000 euros.

Antes de la rueda de prensa de Sanz, Más Madrid había convocado a los medios para redoblar su ataque al alcalde, al que acusan de haber mentido. Maestre ha señalado que su partido va a registrar una instancia para preguntar “por qué no se le ha puesto en todos estos meses” la sanción. “Vamos a hacer ya casi un año, la sanción correspondiente al señor Alberto Quirón [nombre por el que el asesor de la presidenta tenía guardado en la agenda a González Amador]”.

“Exigimos las explicaciones por parte de Almeida, porque es él el que asumió personalmente la defensa del señor Alberto Quirón y la señora Ayuso”, ha reprochado Maestre.

Isabel Díaz Ayuso, que además de presidenta de la Comunidad de Madrid es jefa regional en el Partido Popular de Almeida, vive en un piso del distrito madrileño de Chamberí. Su pareja, Amador, realizó una obra en 2022 y 2023 a pesar de dos órdenes de cese inmediato del Ayuntamiento.

Maestre presentó una denuncia en marzo del año pasado por infracción urbanística y, el 20 de mayo, una inspectora municipal visitó el piso y comprobó que se había hecho una reforma de entidad, a pesar de las órdenes de paralización.

El acta en ningún momento señala el aparato de aire acondicionado ilegal al que se refirió Almeida. En su lugar consta que se había acometido una “redistribución de las habitaciones, renovación de acabados e instalaciones eléctricas y obras exteriores de sustitución, carpintería e instalación de toldos”. Tras esto, la Junta de Chamberí emitió su orden de legalización, en la que daba dos meses de plazo y advertía de la imposición de una sanción.

Las novedades sobre este asunto cesaron hasta que Almeida hablo del tema el 4 de diciembre durante el acto de homenaje a la Constitución. Con su declaración, el alcalde de Madrid dio por cerrado el caso y señaló que todo estaba en orden, salvo por una infracción menor que correspondía a la instalación sin permiso de unos aparatos de aire acondicionado. “Es la resolución que se ha emitido por parte de este Ayuntamiento, que por cierto es pública”, dijo entonces, a pesar de que el Ayuntamiento no ha difundido la resolución.

Aquel día, Más Madrid solicitó “copia íntegra” del expediente. Esa información la recibió el partido este miércoles. Maestre acusa al alcalde de proteger a la presidenta y su pareja: “Se trata de ver si la ley es igual para todos o hay excepciones si te llamas Alberto Quirón o Díaz Ayuso”.

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