El expediente del piso donde vive Ayuso sigue abierto, según una copia oficial recibida por Más Madrid
El partido de Rita Maestre acusa al alcalde de mentir en diciembre, cuando dijo que el caso se había resuelto con una multa por unos aires acondicionados instalados sin permiso
El expediente por la obra sin permiso en el piso donde vive la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, sigue abierto, según una copia oficial recibida este miércoles por Más Madrid. El partido de Rita Maestre asegura que esto contradice al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, quien dijo el 4 de diciembre que el Ayuntamiento de Madrid había cerrado el caso, cuya entidad minimizó al decir que solo se había instalado ilegalmente unos aparatos de aire acondicionado.
Maestre ha acusado al regidor de no decir la verdad. “¿Por qué Almeida dice que está todo bien? ¿Qué pretende tapar el alcalde?, ¿Por qué actúa como mamporrero de Ayuso y (su jefe de gabinete) Miguel Ángel Rodríguez? Le exijo que explique por qué mintió a todos los madrileños”, ha dicho Maestre a EL PAÍS. Fuentes de alcaldía no han dado explicaciones a este periódico y se han limitado a decir que la vicealcaldesa, Inma Sanz, se pronunciará este jueves en la rueda de prensa tras la junta de Gobierno.
La polémica se refiere a cómo ha gestionado Almeida la información sobre un asunto que perjudica a su jefa en el partido, Ayuso. La presidenta vive en un piso del distrito madrileño de Chamberí, donde su pareja, el empresario Alberto González Amador, realizó una obra a pesar de dos órdenes de cese inmediato del Ayuntamiento.
Maestre presentó una denuncia en marzo del año pasado por infracción urbanística y, en mayo, una inspectora municipal visitó el piso y comprobó que se había hecho una reforma de entidad, desobedeciendo las órdenes de paralización. Según el acta, se había acometido una “redistribución de las habitaciones, renovación de acabados e instalaciones eléctricas y obras exteriores de sustitución, carpintería e instalación de toldos”. Tras esto, la Junta de Chamberí emitió una orden de legalización, dándole dos meses a Amador para obtener la licencia y advirtiéndole de la imposición de una sanción. Sin embargo, la resolución no era aún firme, y en julio, El Debate publicó que un juzgado había admitido un recurso de Amador.
Después de meses sin novedades del caso, Almeida anunció el 4 de diciembre que el procedimiento ya “concluyó” y que sus técnicos solo habían detectado la colocación irregular de unos aparatos de aire acondicionado. “Es la resolución que se ha emitido por parte de este Ayuntamiento, que por cierto es pública”, dijo Almeida después de un acto de homenaje a la Constitución. El Ayuntamiento no ha difundido la resolución ni ha dado más detalles sobre dónde se puede consultar. Esta no aparece en la base de datos urbanística abierta a la ciudadanía, Conex.
El alcalde también reprochó que se hubiera dado a entender que las obras eran de gran magnitud. “Parecía que eran las obras de El Escorial”, dijo ese mismo día en una entrevista de radio. “Pues no”, dijo, “hubo una declaración responsable, se presentó esa declaración responsable, se comprobó por los técnicos qué es lo que se había ejecutado en el marco de esa declaración responsable y lo único que no se correspondía con la normativa era la colocación de unos aparatos de aire acondicionado y por supuesto eso inmediatamente se corrigió”.
Aquella misma mañana, Más Madrid presentó en el Ayuntamiento una solicitud de “copia íntegra” del expediente, “donde consten todos los documentos, actuaciones y resoluciones emitidas hasta la fecha de registro” de esa petición.
La copia recibida por Más Madrid consta de 48 páginas. No hay señal de que el expediente haya concluido, según Maestre. Lo que se intuye es que el procedimiento ha quedado paralizado a la espera de que el juzgado competente, el 14 de lo contencioso-administrativo, resuelva su recurso.
Los últimos dos documentos se refieren a ese recurso de Amador. El primero, del 19 de julio, es un escrito del empresario informando a la Junta de Chamberí de que había interpuesto esa acción judicial, en la que solicita como medida cautelar la suspensión de la orden de legalización. El segundo, del 11 de diciembre, es el acuse de recibo de aquel documento presentado cinco meses antes.
“No hay más resolución que una orden de legalización de unas obras ilegales que Alberto Quirón ha incumplido y contra la que incluso ha presentado un recurso contencioso-administrativo”, dice Maestre, refiriéndose a Amador con el nombre que Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, lo tiene registrado en su teléfono.
El caso de la obra sin permiso estalló en marzo, días después de que se conociera otro problema legal que afecta a Amador: la investigación contra él por fraude fiscal. Amador compró ese piso en una de las zonas más caras de Madrid en julio de 2022, después de defraudar, según Hacienda, 350.000 euros. Ese otro caso está residenciado desde hace un año ante un juzgado de instrucción, que también ha abierto una pieza separada contra Amador por corrupción en los negocios y administración desleal.
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