Opinión
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Ante la LOMLOE, más Educación Pública

La reforma debe apostar más por la escuela pública como eje vertebrador del sistema educativo y como única garante del derecho universal a la educación en condiciones de igualdad

Alumnos de un instituto de Barcelona, en 2019.
Alumnos de un instituto de Barcelona, en 2019.Gianluca Battista

Hace apenas unos días que han comenzado los debates de las más de mil enmiendas parciales al proyecto de LOMLOE, una vez rechazadas las enmiendas a la totalidad ―sin texto alternativo― que presentaron los grupos parlamentarios de PP, Ciudadanos y Vox.

La LOMLOE del PSOE tiene sin duda algunos aspectos positivos, empezando por la derogación de la nefasta y controvertida LOMCE del PP. Lo cual supone la eliminación de itinerarios segregadores desde los 13 años; o la supresión de las perversas reválidas, cuyo amplísimo rechazo social obligó al PP a posponerlas sine die; o la recuperación de toda la Educación Infantil como etapa educativa, desde los 0 a los 6 años; o la devolución de competencias sustraídas a los claustros y consejos escolares de los centros, que habían quedado profundamente devaluados; o la relativa pérdida de protagonismo de la asignatura de Religión. Acabar con éstos y otros tantos aspectos regresivos en educación de la LOMCE es sin duda una necesidad imperiosa.

Sin embargo, en su conjunto, el proyecto de ley presentado adolece de importantes insuficiencias, especialmente en lo que respecta a su escasa apuesta por la educación pública, como eje vertebrador del sistema educativo y como única garante del derecho universal a la educación en condiciones de igualdad. De hecho, no se avanza nada en la reversión de la privatización de la enseñanza mediante una doble red financiada con fondos públicos, lo que conlleva el reconocimiento y la permanencia tal cual de la enseñanza privada concertada, un negocio mayoritariamente en manos de la jerarquía católica, que es además una constatada vía de segregación escolar, cuando no de prácticas corruptas, como demuestra el caso Púnica. Por no hablar del nulo avance en la laicidad del sistema educativo en general y de la escuela pública en particular, a pesar de los compromisos adquiridos al respecto por el propio PSOE, en sede parlamentaria, a raíz de algunas iniciativas planteadas por UP, como la PNL de 21 febrero 2018, que fue aprobada por mayoría.

Por eso consideramos imprescindible que, en el actual proceso de tramitación parlamentaria de la Ley, el PSOE se una a los grupos progresistas del Congreso y apoye las enmiendas que recogen variadas demandas de la propia comunidad educativa, que tras largos años de debate las ha plasmado por consenso en el Documento de Bases para una nueva Ley de Educación. Estas demandas se han concretado en un conjunto de enmiendas que, a nuestro entender, son imprescindibles para una nueva ley educativa que apueste sin complejos por la educación pública, laica, democrática e inclusiva que necesitamos. Y eso pasa por lo siguiente:

1. Apostar por la suficiencia de la red pública de centros, mediante su extensión progresiva, para poder atender las necesidades de escolarización en todos los niveles educativos y cumplir así el mandato constitucional que, en su artículo 27.5, encomienda a los poderes públicos la obligación de garantizar el derecho de todos y todas a la educación mediante una programación general de la enseñanza y la creación de centros. Hay que asegurar especialmente la creación de muchas más plazas públicas de 0-3 años, dadas las necesidades existentes.

2. Suelo público sólo para centros públicos. No se puede mantener la Disposición Adicional decimoquinta que ha permitido –ya desde la anterior ley de educación socialista (LOE)- ceder suelo público para la creación de centros privados (concertados de antemano), con el agravante de hacerlo en zonas donde no existían centros públicos o no eran suficientes, lo que conlleva una demanda social más que garantizada con el consiguiente negocio privado impulsado desde los poderes públicos. El citado caso Púnica resulta muy ilustrativo al respecto.

3. Establecer explícitamente el carácter subsidiario de los conciertos educativos, de modo que las enseñanzas concertadas solo se puedan mantener temporalmente cuando las necesidades de escolarización de una zona escolar de referencia no puedan ser atendidas por la red pública. Y limitar los conciertos, en su caso, a las enseñanzas obligatorias tal como se estableció inicialmente en la LODE de 1985.

4. Eliminar las referencias a la libre elección de centro como supuesto ‘derecho’ y/o como criterio para la escolarización y planificación de la red de centros. No cabe aceptar, ni está constitucionalmente justificada, la equiparación del derecho universal a la educación con la manifestación de una preferencia particular, que solo podría ser atendida si no atenta contra los criterios prioritarios que deben presidir la planificación educativa y una escolarización en condiciones de igualdad.

5. Hasta tanto no se deroguen los acuerdos con la Iglesia católica y otras confesiones, hay que sacar la religión de horario lectivo. Esto es un compromiso del PSOE y por supuesto de Unidas Podemos, para respetar el derecho a la libertad de conciencia del alumnado e impedir toda forma de adoctrinamiento en el ámbito escolar. Es además una anomalía seguir manteniendo una legión de catequistas en el sistema educativo, pagados con fondos públicos, que acceden a sus puestos por la mera voluntad del obispado de turno.

6. Elección democrática de la dirección de centros por el Consejo Escolar y composición más equilibrada y democrática del mismo. Fue la LOE del PSOE la que sustituyó dicha elección por una forma de ‘selección’, que en última instancia queda en manos de la administración.

7. Ratios. Máximo 20 en enseñanzas obligatorias y 25 en post obligatorias. En educación infantil aplicación de las ratios de referencia recomendadas por la red de atención a la infancia de la Comisión Europea, que son bastante menores que las existentes actualmente. No se trata solo de reducir la ratio en tiempos de pandemia, sino de avanzar realmente en una educación más personalizada e inclusiva que permita responder a la diversidad del alumnado.

8. Comisiones de escolarización permanentes. Para evitar una escolarización ‘a la carta’ por parte de los centros (especialmente los concertados) como medio para garantizar una escolarización inclusiva y equitativa.

9. Exigir la coeducación como principio educativo y de escolarización en todos los centros, etapas y aulas, no permitiendo concertar ni mantener concierto alguno, si se separa al alumnado por razón de sexo, o se discrimina por razón de creencias, origen cultural, económico, social...

10. Avanzar en la creación del cuerpo unificado de profesorado. Se trata de una reivindicación histórica que en la actualidad tiene aún más sentido y justificación, dado que ya quedó establecido el título de Grado como requisito imprescindible para el acceso a la función docente en todas las etapas educativas.

11. Eliminar la prueba generalizada de acceso a la Universidad (selectividad). El título de bachiller es el que acredita la formación necesaria para acceder a estudios superiores. Por tanto, sólo sería necesario algún tipo de prueba específica cuando no haya plazas públicas suficientes para atender todas las solicitudes que se presenten en determinadas carreras.

12. Eliminar la repetición de curso en Primaria y reforzar su carácter excepcional en ESO, dotando de refuerzos y apoyos. Todos los estudios al respecto ponen de manifiesto que la repetición de curso (hacer otra vez lo mismo) no es una respuesta pedagógicamente adecuada, y mucho menos en la educación primaria.

13. Eliminar las evaluaciones censales (a todo el alumnado) por evaluaciones periódicas muestrales (a una muestra significativa). Para hacer un diagnóstico del funcionamiento del sistema educativo que permita mejorarlo no son precisas ni convenientes las evaluaciones a todo el alumnado de determinado nivel, que ya se realizan por su profesorado, sino a muestras significativas. Ello evita distorsiones en el proceso de enseñanza-aprendizaje y el uso de perversos rankings de centros.

14. Finalmente, garantizar la equiparación de la financiación en educación con la media del PIB de países de la UE en el periodo de aplicación de la Ley, para poder aplicar de forma realista todas las medidas anteriores.

Enrique Javier Díez Gutiérrez es profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de León. Loles Dolz Romero es catedrática de Filosofía de Educación Secundaria jubilada. Ambos pertenecen al Área Federal de Educación de Izquierda Unida.

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