Educación prevé 145 millones para que la concertada avance hacia la gratuidad

El Departamento de Educación admite que la escuela concertada está infrafinanciada y calcula en 145 millones la aportación necesaria para asegurarse que estos centros avancen hacia la gratuidad. Así lo recoge la memoria económica del nuevo decreto de conciertos que ayer miércoles salió a exposición pública, que actualiza la normativa —la anterior es de 1993— y que tiene como uno de sus objetivos “garantizar la gratuidad real de las enseñanzas obligatorias impartidas en los centros concertados”. La nueva normativa también recoge los principios de escolarización equitativa y gratuita del pacto contra la segregación escolar.

La escuela concertada hace años que denuncia estar discriminada con respecto a la financiación, ya que recibe menos recursos de la Generalitat que la pública, pero tiene las mismas obligaciones. Según el sector, mientras la pública percibe 6.000 euros por alumno anualmente, a la concertada solo llegan 2.000 euros. Para compensar, la concertada cobra a las familias cuotas por diferentes conceptos (aportaciones a las fundaciones, servicios complementarios, material...), que según la normativa son “voluntarias”, pero “imprescindibles”, según la concertada, para su supervivencia. Educación, en manos de ERC, ha mostrado objeciones a estas cuotas, pero con la boca pequeña, ya que hasta ahora era la forma de compensar la falta de recursos de la Generalitat.

Los primeros cálculos del Departamento elevan a 145 millones la inversión necesaria para equiparar la financiación entre ambos sistemas, lo que supondría un incremento del 12% de la partida prevista para conciertos en los futuros Presupuestos de 2020, que es de 1.160 millones. En concreto, la memoria del decreto admite que serían necesarios 1.817 profesores en primaria y secundaria, lo que se traduce en un coste de 72 millones. A esto habría que añadir 65 millones de gastos de funcionamiento (para material y mantenimiento de las instalaciones) y 7,4 millones para los contrato-programa destinados a alumnos con necesidades educativas.

Pilar Contreras, directora general de Centros Concertados de la Generalitat, apunta que se trata de una cifra provisional y que la definitiva saldrá de la comisión que actualmente estudia el coste de la plaza escolar. Y admite que no hay calendario para inyectar estos 145 millones. Las patronales consideran “insuficiente” la cifra y piden unos 20 millones más. Y lamentan la “indefinición”. “El decreto nos obliga a ciertas actuaciones, pero no tendremos la financiación”, critica Miquel Mateo, de la Fundación Escuela Cristiana. “Pedimos un compromiso formal sobre este incremento porque los nuevos Presupuestos no incluyen ni un euro más”, se queja Agustí Guillén, de la Federación catalana de Centros de Enseñanza.

Según el borrador de decreto, las escuelas concertadas estarán obligadas a “impartir de forma totalmente gratuita las enseñanzas objeto de concierto […]En consecuencia, no podrán percibir de las familias ningún tipo de cantidad asociada a conceptos que, directa o indirectamente, comporten una contrapartida económica de la citada actividad”. Igualmente, establece que las aportaciones que realizan las familias a la titular de la escuela, fundaciones o asociaciones, así como las cuotas de las actividades complementarias (la conocida como sexta hora) deben ser “de carácter voluntario y no discriminatorio”. Con todo, la directora general de centros públicos niega que se busque eliminar las cuotas. “No planteamos la gratuidad al 100% de la concertada, porque en la pública tampoco existe. Lo que buscamos es limar diferencias”, admite Contreras. Algunas patronales no se pronuncian abiertamente sobre la eliminación de cuotas, pero Escuela Cristiana considera que “cuando la administración cubra la financiación, las cuotas que suplían este déficit deberían desaparecer”.

La concertada recibirá dos vías de financiación: el llamado módulo general (con el que se financian los gastos de mantenimiento de los centros) y el adicional, que se articulará con los contrato-programas, que sustituirán a las actuales subvenciones para atender a los alumnos con necesidades educativas. El contrato-programa ofrece más estabilidad —dura igual que el concierto— y su importe variará según el esfuerzo del centro para combatir la segregación. “A más responsabilidad social, más financiación pública”, resume la normativa.

Requisitos

Tener en sus aulas la misma proporción de alumnos en situación socio-económica desfavorable que el resto de centros de la zona será uno de los requisitos para mantener el concierto. Pero también cumplir con la escolarización mixta.  ERC se ha mostrado siempre contraria a financiar las escuelas que separan a los alumnos por razón de sexo, la mayoría vinculadas al Opus Dei, y el consejero Josep Bargalló está dispuesto a llevarlo a cabo. “En marzo no se renovarán los conciertos a estas escuelas”, asevera Contreras. La directora general añade que se aplicará la Ley de Educación —que ya prohíbe esta separación—, ya que el decreto de conciertos no se aprobará hasta antes de verano, si la situación política y las elecciones no interfieren.