Celaá: “El objetivo es que el alumnado sea plenamente competente en castellano y la otra lengua cooficial”

La ministra de Educación, Isabel Celaá, ha afirmado este miércoles, tras la polémica generada por los cambios en la regulación del castellano en la nueva ley educativa que se tramita en el Congreso, que “el objetivo es que todos los alumnos y alumnas concluyan sus estudios siendo plenamente competentes en el castellano, la lengua cooficial, si la hubiere, y alguna lengua extranjera, si es posible dos”. La norma, ha declarado Celaá en una conferencia de prensa sobre el proyecto de presupuestos de su departamento, incluirá “medidas compensatorias, de tal manera que en aquellas zonas donde haya necesidad de fortalecer el castellano, se haga. Y en aquellas otras donde haya necesidad de fortalecer la lengua cooficial se pueda hacer también”. Unas horas antes el líder del PP, Pablo Casado, había anunciado por Twitter que su partido recurrirá la ley al Tribunal Constitucional si el castellano no aparece recogido en el texto como lengua vehicular y se mantienen los cambios que afectan a la educación concertada.

La enmienda pactada por PSOE, Unidas Podemos y ERC, que está previsto que se vote este jueves en la ponencia del Congreso de la Lomloe (Ley Orgánica para la modificación de la Ley Orgánica de Educación), elimina la referencia a que el castellano es lengua vehicular en toda España. Una expresión que fue introducida hace siete años por el PP en la conocida como ley Wert, y que el proyecto legislativo aprobado en mayo por el Consejo de Ministros mantenía.

El cambio implica facilitar (en el sentido de retirar un obstáculo añadido) los programas de inmersión lingüística, como el que funciona desde hace décadas en Cataluña, en los que el español solo se utiliza en la materia de Lengua Castellana. Pero no blinda este modelo, ya que la última palabra al respecto la tienen el Tribunal Constitucional y el Supremo. La jurisprudencia ha establecido en los últimos 10 años que el castellano debe ser lengua vehicular en Cataluña, con al menos un 25% de las horas semanales en este idioma, en aquellos casos en que los padres así lo pidan, independientemente de las cambiantes fórmulas utilizadas para regular la lengua en las distintas leyes educativas.

“Lejos absolutamente del objetivo del Ministerio de Educación y Formación Profesional está el desalojar al castellano de ninguna de escuela. El castellano y las lenguas cooficiales son objeto de tratamiento por parte de las escuelas y seguirán siéndolo, de acuerdo a la Constitución y a los estatutos de autonomía”, ha dicho Celaá. La ministra ha subrayado que su departamento elaboró el proyecto y ahora corresponde al Congreso tramitarlo. “Sus señorías tienen capacidad y sentido para ir trabajando la ley”, ha afirmado. Sus observaciones sobre cómo debe ser la regulación del castellano son compatibles con el contenido de la enmienda pactada.

La tramitación de la Lomloe está muy avanzada, y los partidos que integran el Gobierno tienen claro que para aprobarla necesitan el apoyo de partidos nacionalistas, una vez que parece descartado que puedan recibir el del PP, Vox y Ciudadanos.

Mensaje de Casado

Casado y la líder de Cs, Inés Arrimadas, han afirmado que acudirán al Tribunal Constitucional si la ley se aprueba en los términos negociados. “Recurriremos al Tribunal Constitucional la ley Celaá si el Gobierno y sus socios nacionalistas excluyen el castellano como lengua vehicular y liquidan la libertad educativa contra la concertada. Sánchez pretende permanecer en el poder negociando el futuro de nuestros hijos", ha dicho el presidente del PP. El sindicato de profesores Anpe ha instado a los grupos parlamentarios a hacerlo.

250.000 ordenadores más

“El sistema educativo está afrontando un desafío colosal para hacer frente a las circunstancias que ha generado la covid. Estamos atendiendo urgentes necesidades de modernización”, ha admitido Celaá durante la presentación del proyecto de presupuestos del Ministerio de Educación para 2021, que asciende a la histórica cifra de 5.697 millones de euros, un 136% más de que este año.

El dinero irá básicamente a cuatro objetivos: aumentar las becas, ampliar la educación de 0 a 3 años, desarrollar la FP y digitalizar el sistema. Esta última partida contará con 1.013 millones, e incluirá la entrega de 250.000 dispositivos móviles a las comunidades para paliar la brecha digital del alumnado. Unos ordenadores y tabletas que se sumarán a los 500.000 que ya acordaron comprar conjuntamente Gobierno y autonomías y están en proceso de licitación.

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