Cuatro colegios concertados de Madrid, investigados en la Púnica

La Operación Púnica ha salpicado la gestión educativa de Madrid. Cuando fue detenido el exconsejero madrileño Francisco Granados, en octubre, la Guardia Civil reclamó varios documentos a la Comunidad de Madrid. Entre otros, los expedientes de cuatro colegios concertados en cuya construcción intervino el socio de Granados y cerebro de la trama de corrupción, el constructor David Marjaliza. 

Son tres centros concertados en Valdemoro, municipio en el que Granados fue alcalde hasta 2003, y otro en Torrejón de Velasco, según confirmó este martes un portavoz de la Consejería de Educación madrileña. Todos estos centros fueron impulsados por Alfedel, una empresa del también imputado Alfonso Ferrón del Río.

Alfedel —responsable de 18 centros concertados en la región madrileña, uno en Cartagena y otro en Palma de Mallorca, según informa en su web— operaba como intermediaria entre las Administraciones y las cooperativas de profesores. Los colegios se construyeron sobre suelos públicos cedidos por los Ayuntamientos por un canon anual. El dinero para las obras procede de lo que aportan los cooperativistas y futuros profesores y de préstamos bancarios. La Consejería de Educación abona los sueldos de los docentes y el mantenimiento del centro y da el visto bueno a los conciertos. Y la inversión se amortiza, entre otras partidas, por las cuotas que pagan las familias.  

Ferrón del Río, que residía en Valdemoro, contactó con Marjaliza para construir el primero de los cuatro centros que tiene en esta localidad en 1999. El diario Abc publicó el martes que Granados cobraba unos 900.000 euros por cada centro concertado construido, un extremo que no figura en la parte pública del sumario de la Púnica. 

CC OO y UGT llevan más de una década denunciando la “proliferación” de centros concertados en Madrid “impulsados como un negocio”. Comisiones ha reclamado una “auditoría” para “esclarecer posibles actuaciones irregulares” en estas cesiones. El PSOE, por su parte, pidió la comparecencia del ministro de Educación, José Ignacio Wert, por una enmienda que el PP incorporó a su ley educativa para legalizar la cesión de suelo público a colegios concertados. Los socialistas la llaman ahora la “enmienda Granados”.