El suelo del colegio privado, negocio para Granados
La Operación Púnica pone el foco en la cesión de parcelas públicas para centros privados, una fórmula que ha vivido un boom en Madrid en una década de la mano de Aguirre
La trama de corrupción en la Comunidad de Madrid destapada en la Operación Púnica ha puesto uno de sus múltiples focos en la nueva enseñanza concertada. El sistema que supone dar suelo público a entidades privadas a cambio de la construcción del colegio —fórmula que creció de manera exponencial durante la presidencia de Esperanza Aguirre— permitió supuestamente grandes negocios a los principales imputados en la trama, el exconsejero Francisco Granados y su amigo constructor David Marjaliza.
Cuando fueron detenidos los dos supuestos cerebros de la trama de corrupción, la Guardia Civil requirió documentación de cuatro centros concertados a la Comunidad de Madrid. Tres en Valdemoro (donde Granados fue alcalde hasta 2003) y otro en Torrejón de Velasco. La Consejería de Educación envió a los agentes a los Ayuntamientos correspondientes, por tratarse de acuerdos firmados entre cooperativas y los citados Consistorios.
El diario Abc publicó que Granados recibía entre 900.000 y 1,2 millones de euros de mordidas por la construcción de colegios de una empresa (Alfedel) que ha gestionado la puesta en marcha de 18 centros de este tipo en la región, entre ellos los cuatro investigados. Su responsable, Alfonso Ferrón, está imputado en la causa. Declaró ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco el pasado 26 de febrero y negó haber efectuado ningún pago. El juez no le impuso ninguna medida cautelar, según su abogado.
Un informe de la Agencia Tributaria incluido en la causa señala un pago sospechoso de medio millón de euros que hace una cooperativa a una de las empresas de Marjaliza por la construcción de un colegio. Las supuestas mordidas a Granados no aparecen en los papeles del sumario hecho públicos hasta la fecha pero, con la noticia, resurgieron las críticas a los ‘colegios negocio’, como los llaman sus detractores.
Valencia copia el modelo madrileño
La empresa Alfedel, investigada en la Operación Púnica, concurría a la construcción de los dos colegios privados sobre suelo público que hasta la fecha ha licitado la Generalitat Valenciana, en Elche y Calp. Con los concursos convocados en julio del año pasado, el Gobierno de Alberto Fabra cumplía un compromiso electoral consistente en favorecer los llamados centros de iniciativa social (CIS) para concertar a 75 años. El canon anual es de 8.500 y 11.500 euros. En total, cinco ayuntamientos acordaron ceder suelo a tal fin, pero solo dos ha querido llegar hasta el final.
Según las actas oficiales, Alfedel ha quedado fuera en ambos casos al no subsanar deficiencias relativas al objeto social, sin “relación directa con el objeto de la concesión”, y carecer de “solvencia económico-financiera”, porque su cuenta anual en el Registro Mercantil era “inferior a 500.000 euros”. Llama la atención en una firma que ya ha gestionado 18 centros en Madrid. Al no constar “ningún acto tendente a subsanar las deficiencias observadas”, esta empresa ha quedado fuera de ambos concursos. En Calp su eliminación fue certificada el 20 de febrero; a partir de ahí, solo queda una aspirante en liza. Los socialistas pidieron el viernes en el pleno de Calp la retirada de la licitación, porque “visto lo ocurrido en Madrid, todo el proceso está bajo sospecha”. En Elche, además de la empresa madrileña se presentaron tres firmas más, cuyas ofertas fueron desestimadas. Pese a ello, la consejera de Educación, María José Català, dijo el viernes que se volvería a licitar.
CC OO ha pedido una auditoría en Madrid para que se revoquen “todos los conciertos con coste alto para el erario público y que han sido impulsados en detrimento de los centros públicos”. La oposición exige explicaciones al ministro José Ignacio Wert porque su reforma educativa (la Lomce) incluyó una modificación que da carta de naturaleza a estas cesiones.
En Madrid, se han cedido entre 2000 y 2013 unas 80 parcelas su suman más de millón y medio de metros cuadrados de terreno, según estimaciones de UGT. La Consejería de Educación madrileña, con 1.634 centros públicos y 563 concertados, admitía 79 parcelas en 2011 pero no ofrece estimaciones actualizadas. No hay parangón en ninguna otra región. La Comunidad Valenciana, que anunció en 2000 un plan similar, tiene los concursos paralizados.
Los suelos madrileños han ido a parar a congregaciones ultrarreligiosas que segregan por sexos o a empresarios ajenos al sector, como el expresidente de la patronal madrileña Arturo Fernández, que ha gestionado a medias con un socio tres colegios de los que se deshizo en 2014. Se han firmado convenios de cesión de suelos municipales y regionales para colegios en nuevos desarrollos urbanísticos con Ayuntamientos de todos los colores políticos, aunque mayoritariamente del PP. El Gobierno regional defiende que las familias demandan este tipo de educación y apela a la “libertad de elección” de los padres.
Los cooperativistas a los que se les adjudica el suelo deben pagar un canon anual. Las cantidades pueden llegar a oscilar entre 8.000 y más de 400.000 euros. Ellos construyen y sufragan el edificio, con lo que la Comunidad se ahorra unos 15 millones de euros. La Administración paga los sueldos y los gastos de funcionamiento. El cálculo se hace por módulo (aula) o por alumno.
Según distintas estimaciones, el precio de un alumno de un centro público ronda los 5.500 euros frente a 3.500 en la concertada. Distintas fuentes del sector señalan que son cantidades insuficientes para mantener el día a día de los centros, más aún cuando sus gestores deben afrontar el pago del crédito pedido para construirlo y que en ningún caso se compensa desde la Administración. Y ahí entran en juego las familias.
Las cuotas que pagan los alumnos –voluntarias y no lucrativas por ley- se han disparado con este modelo. En uno de los colegios de Arturo Fernández, las familias pagaban 210 euros al mes. En un centro del Opus sobre terrenos de la Comunidad de Madrid se abonaban 170 euros. Uno de los centros investigados en la Púnica cobra 120. La media de los colegios de Escuelas Católicas, principal gestor del antiguo modelo concertado religioso en Madrid, es de 30 euros.
Lo que pagan las familias
Sobre el papel, la educación concertada es tan gratuita como la pública. La normativa solo permite cobrar aportaciones voluntarias por clases complementarias o actividades extraescolares cuyos precios no deberían ser lucrativos. El carácter voluntario no siempre queda claro. Un estudio de la OCU de 2012 señalaba que el 90% de los concertados obliga al pago de cuotas.
En uno de los centros promovidos por Alfadel, el Valle del Miro (Valdemoro), las familias pagan 120 euros mensuales por una hora extra al día que se imparte de 9.00 a 10.00 para primaria y de 12.00 a 13.00 en infantil. Se llama complemento formativo y abarca actividades deportivas o idiomas. Las familias también pagan por el material escolar, por el uniforme (incluido el gorro de la piscina) y por un IPad en leasing que les cuesta 300 euros al año más un seguro de 250 euros. Sumando comedor, material escolar y uniforme (incluido el gorro para bañarse en la piscina o los cuadernos) ronda los 300 euros mensuales por hijo, según familias consultadas. Responsables de Alfedel aseguran que en sus centros se advierte claramente de ese carácter voluntario y que, con la crisis, se ha disparado el número de familias que no abonan ninguna cantidad sin que eso haya tenido consecuencias. Desde la Consejería de Educación madrileña señalabn que estas actividades “siempre están bajo control de la Inspección educativa” que realiza supervisiones ordinarias. En el último año han impuesto dos sanciones.
Sobre el papel, la educación concertada es tan gratuita como la pública. La normativa solo permite cobrar aportaciones “voluntarias” por clases complementarias o actividades extraescolares que en los últimos años han disparado sus precios en muchos centros. En uno de los centros promovidos por Alfadel, el Valle del Miro (Valdemoro), las familias pagan 120 euros mensuales por una hora extra al día que se imparte de 9.00 a 10.00 para primaria y de 12.00 a 13.00 en Infantil. Se llama complemento formativo y abarca actividades deportivas o idiomas. Las familias también pagan por el material escolar, por el uniforme (incluido el gorro de la piscina) y por un IPad en leasing que les cuesta 300 euros al año más un seguro de 250 euros. Sumando comedor, material escolar y uniforme (incluido el gorro para bañarse en la piscina o los cuadernos) supone unos 300 euros mensuales por hijo, según una madre consultada. El cobro es legal siempre que se especifique que estas actividades son voluntarias.
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