El suelo del colegio privado, negocio para Granados

La trama de corrupción en la Comunidad de Madrid destapada en la Operación Púnica ha puesto uno de sus múltiples focos en la nueva enseñanza concertada. El sistema que supone dar suelo público a entidades privadas a cambio de la construcción del colegio —fórmula que creció de manera exponencial durante la presidencia de Esperanza Aguirre— permitió supuestamente grandes negocios a los principales imputados en la trama, el exconsejero Francisco Granados y su amigo constructor David Marjaliza.

Cuando fueron detenidos los dos supuestos cerebros de la trama de corrupción, la Guardia Civil requirió documentación de cuatro centros concertados a la Comunidad de Madrid. Tres en Valdemoro (donde Granados fue alcalde hasta 2003) y otro en Torrejón de Velasco. La Consejería de Educación envió a los agentes a los Ayuntamientos correspondientes, por tratarse de acuerdos firmados entre cooperativas y los citados Consistorios.

El diario Abc publicó que Granados recibía entre 900.000 y 1,2 millones de euros de mordidas por la construcción de colegios de una empresa (Alfedel) que ha gestionado la puesta en marcha de 18 centros de este tipo en la región, entre ellos los cuatro investigados. Su responsable, Alfonso Ferrón, está imputado en la causa. Declaró ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco el pasado 26 de febrero y negó haber efectuado ningún pago. El juez no le impuso ninguna medida cautelar, según su abogado.

Un informe de la Agencia Tributaria incluido en la causa señala un pago sospechoso de medio millón de euros que hace una cooperativa a una de las empresas de Marjaliza por la construcción de un colegio. Las supuestas mordidas a Granados no aparecen en los papeles del sumario hecho públicos hasta la fecha pero, con la noticia, resurgieron las críticas a los ‘colegios negocio’, como los llaman sus detractores.

CC OO ha pedido una auditoría en Madrid para que se revoquen “todos los conciertos con coste alto para el erario público y que han sido impulsados en detrimento de los centros públicos”. La oposición exige explicaciones al ministro José Ignacio Wert porque su reforma educativa (la Lomce) incluyó una modificación que da carta de naturaleza a estas cesiones.

En Madrid, se han cedido entre 2000 y 2013 unas 80 parcelas su suman más de millón y medio de metros cuadrados de terreno, según estimaciones de UGT. La Consejería de Educación madrileña, con 1.634 centros públicos y 563 concertados, admitía 79 parcelas en 2011 pero no ofrece estimaciones actualizadas. No hay parangón en ninguna otra región. La Comunidad Valenciana, que anunció en 2000 un plan similar, tiene los concursos paralizados.

Los suelos madrileños han ido a parar a congregaciones ultrarreligiosas que segregan por sexos o a empresarios ajenos al sector, como el expresidente de la patronal madrileña Arturo Fernández, que ha gestionado a medias con un socio tres colegios de los que se deshizo en 2014. Se han firmado convenios de cesión de suelos municipales y regionales para colegios en nuevos desarrollos urbanísticos con Ayuntamientos de todos los colores políticos, aunque mayoritariamente del PP. El Gobierno regional defiende que las familias demandan este tipo de educación y apela a la “libertad de elección” de los padres.

Los cooperativistas a los que se les adjudica el suelo deben pagar un canon anual. Las cantidades pueden llegar a oscilar entre 8.000 y más de 400.000 euros. Ellos construyen y sufragan el edificio, con lo que la Comunidad se ahorra unos 15 millones de euros. La Administración paga los sueldos y los gastos de funcionamiento. El cálculo se hace por módulo (aula) o por alumno.

Según distintas estimaciones, el precio de un alumno de un centro público ronda los 5.500 euros frente a 3.500 en la concertada. Distintas fuentes del sector señalan que son cantidades insuficientes para mantener el día a día de los centros, más aún cuando sus gestores deben afrontar el pago del crédito pedido para construirlo y que en ningún caso se compensa desde la Administración. Y ahí entran en juego las familias.

Las cuotas que pagan los alumnos –voluntarias y no lucrativas por ley- se han disparado con este modelo. En uno de los colegios de Arturo Fernández, las familias pagaban 210 euros al mes. En un centro del Opus sobre terrenos de la Comunidad de Madrid se abonaban 170 euros. Uno de los centros investigados en la Púnica cobra 120. La media de los colegios de Escuelas Católicas, principal gestor del antiguo modelo concertado religioso en Madrid, es de 30 euros.