Torrelodones rebaja el canon de un colegio que le debe un millón de euros

El Ayuntamiento de Torrelodones (PP) le ha hecho una rebaja a un centro concertado que le debe casi un millón de euros y que ha judicializado su relación con el Consistorio. Es el colegio Peñalar, que gestionan a medias una empresa del presidente de la patronal madrileña, Arturo Fernández, y otro socio. El pleno municipal aprobó en octubre que el centro abonara casi la mitad de canon anual previsto por la construcción y gestión de un colegio en una parcela municipal de 17.000 metros cuadrados. La operación requería del visto bueno del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, que emitió dos informes. El primero era desfavorable; el segundo aprobó la operación.

El colegio está gestionado por una de las empresas de Arturo Fernández (Grupo Cantoblanco Catering Service) y por Gestión de Centros Educativos (Gecesa). Ambas firmas se fusionaron en Colegio Peñalar, SL, para optar al concurso municipal. En 2005, firmaron un convenio con el Ayuntamiento de Torrelodones. Ofrecieron casi el doble de lo que el Consistorio requería en el pliego de condiciones. Su oferta pasó de los 263.649 euros mínimos a 465.000 anuales por una cesión prevista durante 75 años. Fueron los únicos que optaron al concurso y resultaron adjudicatarios.

El Consejo Consultivo de la Comunidad hizo dos informes: uno en contra y otro a favor

Cinco años después, el colegio ha superado el millar de alumnos y ha incumplido parte del contrato que cerró con Torrelodones. Por una parte, no ha terminado la construcción del centro en 18 meses como estaba firmado. Queda por hacer un polideportivo. Además, la empresa adeuda 980.747 euros al Consistorio, el equivalente a dos años de canon. Los socios llevaron a los tribunales la cuantía que ellos mismos habían propuesto al Consistorio.

¿Por qué decide el Ayuntamiento rebajar el canon a una empresa que le debe dinero e incumple un contrato? El Consistorio no responde específicamente a esta cuestión. La edil de Educación, Silvia María González, justificó en un escrito remitido a este periódico que el precio se ha reducido en aras del interés público de los vecinos del municipio y tras el visto bueno del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid (una suerte de Consejo de Estado regional).

El Ayuntamiento justificó en un informe que la crisis económica ha provocado que la demanda de plazas de educación infantil en colegios públicos y concertados se dispare más del 50% este curso, pasando de 218 a 334 solicitudes, en detrimento de las plazas privadas, cuyo coste es muy superior. El colegio Peñalar, que ofrecía el segundo ciclo de infantil (de tres a seis años) en régimen privado, se comprometió a solicitar el concierto a la Consejería de Educación (que ha dado el visto bueno) si el Ayuntamiento le rebajaba el canon. El Consistorio aceptó alegando que así la educación infantil sería "gratuita" para las familias y supondría menos gasto para las arcas municipales que construir y gestionar un centro público propio que "solo en gasto corriente" supone un millón de euros anual.

El Ayuntamiento pidió un informe al Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, como es preceptivo para este tipo de operaciones, pero lo hizo después de aprobar el cambio en el pleno municipal de abril y no antes, como marca la ley. Por este motivo, el Consultivo señaló "graves irregularidades" en la petición municipal y estimó, en un primer informe de mayo, que no había justificado suficientemente el interés público del cambio. El Ayuntamiento les remitió la justificación y el Consejo Consultivo emitió un segundo informe favorable el pasado octubre. La rebaja al colegio Peñalar volvió a pasar por el pleno ese mismo mes y quedó aprobado por nueve votos a favor del PP y los ocho en contra de los grupos de la oposición.

"Solo es un pequeño descuento, nada más", asegura Arturo Fernández, presidente de los empresarios madrileños. El colegio Peñalar denunció en dos recursos el pago del canon correspondiente a 2008 y 2009 ante el Juzgado Contencioso-Administrativo, que ha desestimado ambas peticiones. La empresa se basa en que el Ayuntamiento no les advirtió de que el proyecto original debía incluir un aparcamiento subterráneo que luego disparó los gastos, según explica Carlos Madruga, consejero delegado de la sociedad titular del colegio. "El Ayuntamiento nos tenía que haber advertido", sostiene Madruga, que cifra el sobrecoste en el 30%. La empresa Colegio Peñalar, SL, que dejó las cantidades que debe consignadas en el juzgado, ha recurrido las sentencias ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).