En un parque de Higuera de Vargas, un municipio rural de 1.882 habitantes de la provincia de Badajoz, hay un avión de combate F-5 suspendido en un pedestal. Un avión de verdad. Algunas tardes se escucha un fuerte estruendo que los vecinos atribuyen a que algún vuelo traspasa la velocidad del sonido por encima de sus cabezas, aunque la base militar más cercana esté a una hora en coche. No es lo único que sorprende en este tranquilo pueblo de 67 kilómetros cuadrados situado entre los Llanos de Olivenza y las sierras del sur, cerca de la frontera con Portugal. Higuera de Vargas tiene consultorio médico, biblioteca, un colegio, servicios bancarios, red de fibra óptica, policía local, media docena de bares, un cuartel de la Guardia Civil y un dotado pabellón deportivo. También posee la segunda renta media más baja de España entre los municipios de más de 1.000 habitantes, según la Estadística de los declarantes del IRPF que publica la Agencia Tributaria (13.746 euros). Entre los 15 ayuntamientos teóricamente más desfavorecidos del país hay una llamativa concentración de localidades andaluzas (Huesa, Guadahortuna, Pedro Martínez) y extremeñas (Zahínos, Oliva de Mérida, La Parra, Ahigal), la mayoría situadas en la provincia de Badajoz a pocos kilómetros unas de otras. “Son solo estadísticas. Que vengan aquí y que vean lo pobres que somos”, reta Mariló Salguero, presidenta de la asociación de mujeres de Higuera de Vargas.

Cae la tarde del martes 5 de noviembre y está a punto de empezar la clase de pilates, a la que, por cinco euros al mes, asisten unas treinta vecinas. “Tenemos spinning, crosfit, pádel… esta semana celebramos la semana del mayor, hay 70 inscritos. El jueves organizamos una convivencia y van a venir 250 personas de fuera. Solo en las actividades deportivas del pueblo este año se han inscrito casi 500 vecinos. Aquí somos muy felices, tenemos mucha calidad de vida”, describe.

Los economistas llevan siglos discutiendo sobre qué es ser pobre y cómo se entrelaza la pobreza con la desigualdad y el bienestar. “Es un debate eterno”, juzga Jesús Pérez, profesor de Economía Aplicada en la Universidad de Extremadura. Con los datos en la mano explica que, atendiendo a la renta, el 82% de los municipios extremeños estarían entre el 25% de los más pobres del país. “Pero una parte del bienestar no aparece recogido en los ingresos, y son los servicios públicos. Las Comunidades Autónomas han hecho una apuesta decidida por la educación o la sanidad que compensan esas situaciones”. Señala unas cuantas paradojas, como la existencia de un paro por encima de la media en la región (13,79% según la última EPA, frente a una media nacional del 11,21%) que convive con las amargas quejas de empresarios que no encuentran mano de obra. “El tema de la renta hay que relativizarlo. Siempre nos vamos a los extremos; esto no es el retrato de Los Santos Inocentes, pero tampoco se puede decir que se vive extraordinariamente bien, porque hay la sensación de que el mundo rural cuenta poco y a los jóvenes les faltan oportunidades”.

Otras variables

Andrés Rodríguez-Pose, Catedrático Princesa de Asturias y Catedrático de Geografía Económica de la London School of Economics, acaba de llegar de Kazajstán, donde ha realizado la primera encuesta de bienestar a nivel local de la mano del Banco Asiático de Desarrollo. Contextualiza que la tradición económica mide la pobreza en indicadores, que son generalmente la renta per capita, el PIB, el Valor Agregado Bruto (VAB) y otros valores, como el empleo, o la productividad. “Esto puede ocultar cosas, como la economía sumergida”, aclara desde Londres por videoconferencia.

Hay otro tipo de valoraciones, como las que se realizan sobre el bienestar, que se extraen de encuestas, con la carga subjetiva que conllevan. Por eso el reino de Bután suele figurar en el primer puesto como el “país más feliz del mundo”, pese a tener una renta menor a sus vecinos. Y existe un tercer grupo de sistemas de medición, los índices de desarrollo humano, que toman como referencia una serie de características que determinan el grado de desarrollo de un lugar específico. “Los países, en general, con mayores niveles de renta tienen mayores niveles de bienestar porque tienen mayor acceso a servicios básicos, al empleo, a servicios públicos… que facilitan la vida y contribuyen a aumentar el bienestar y la felicidad. Si no tienes empleo seguramente tu bienestar sea menor. Hay otros factores que también cuentan y no son solo económicos, como la edad, el sexo, el nivel de educación, dónde se vive…”. Luego señala otra dimensión, la de la desigualdad. “En Badajoz ves niveles de renta muy bajos. Pero vas a Madrid, donde el nivel de renta es alto, y ves que las desigualdades interpersonales son mucho más altas. Esto es un problema, porque a menudo se toman medias que no tienen en cuenta dispersiones. Las desigualdades, interpersonales y territoriales, son fundamentales”.

La carretera que une Higuera de Vargas con Zahínos (2.766 habitantes, el cuarto municipio por la cola en renta, con 13.899 euros), está cuajada de empresas que se dedican a la fabricación de carbón con los desechos de la dehesa. Huele a humo. Aunque lleven años en declive por el aumento de las exigencias medioambientales, la zona es famosa por esas productoras de carbón vegetal que terminan encendiendo las barbacoas de media Europa. También es una región con fuerte peso del sector agrícola y ganadero donde hay una palabra mágica: el Seass, el subsidio agrario, la prestación por desempleo que compensa los periodos de inactividad en el campo. “Aquí hay mucho catedrático en ayudas”, bromea Miguel Terre, un vecino. En el Ayuntamiento, Nita Romero, de la agencia de empleo local, destaca la notable actividad económica de la zona. “Llevo 15 años trabajando aquí y he visto que las cosas evolucionan a mejor. El paro agrario se ideó para que la gente tuviera un modo de vida en el momento en que el campo no hay tarea. El problema es cuando se le da la vuelta a eso, cuando solo se piensa en los requisitos para cobrar el paro. Pero la gente joven no está heredando esa forma de vida: se está formando, tiene otros horizontes”.

Un tema tabú

Habla de que no hay pobreza, sino unas cuantas familias desestructuradas, “como en todas partes”; explica que el problema es que la riqueza forestal, ganadera y agrícola de la zona se transforma fuera, no deja valor añadido. Y ensalza la profesionalidad de las cuadrillas de Zahínos sacando corcho, en los desbroces, trabajando en la ganadería extensiva. Sobrevuela en la conversación la economía sumergida. “Negarlo es absurdo, es un complemento, la gente no se queda en casa”. Pero recuerda el elevado coste de la ilegalidad. “Es muy serio no estar dado de alta. Pasa algo y tienes un problemón”.

La misma conversación sobre la economía sumergida se repite con tres alcaldes, con funcionarios, con vecinos. Parece una historia de apariciones marianas. Todos reconocen que el dinero negro existe pero nadie sabe determinar su peso en la economía local. Un comerciante que pide no ser identificado asegura que a muchos autónomos les salva lo que trabajan en negro. “Si tuviesen que pagarlo todo… las normas están puestas tanto para el dueño de Mercadona como para mí, que soy una mierda. Con pagar la Seguridad Social ya tengo apaño. El 80% de la gente aquí está tiesa, los otros van tirando y los menos van bien. Hay lo que yo llamo muevedineros: vendo un camión de carbón, le pago a aquél, vuelvo a vender otro… es una bola que, si se para, nos jode a todos”.

Zahínos ocupó durante muchos años el último puesto en la estadística de renta española. Quizá por ello sus vecinos están hartos de los periodistas: “Váyase a Valencia y déjenos en paz”, contesta por teléfono, antes de colgar, un malhumorado empresario del carbón. No es el único. “Aquí somos gente honrada. Ya me gustaría saber de qué viven en Pozuelo”, se indigna otro.

Francisco L. Bobadilla, cronista oficial de Zahínos, describe una curiosa particularidad: en 1971 la sociedad civil agraria de la localidad, llamada El Progreso de labradores y granjeros, comenzó a distribuir entre los socios, la mayoría vecinos del pueblo, más de 2.000 solares de 300 metros cuadrados ubicados en las tierras que bordean la localidad, lo que derivó en una avalancha de construcción de nuevas viviendas. El secretario municipal, Juan José Torrado, constata que aquello “generó mucho trabajo en construcción y solucionó el tema de la vivienda. Se hicieron 72 calles nuevas, 1.500 casas, y se reforzó el sentimiento de pertenencia”. Además el pueblo cuenta con otra sociedad, Cabra alta y Baja, que gestiona 2.500 hectáreas de fincas que durante la II República se expropiaron a la Casa del Alba para entregarlas a los comuneros. Después de la Guerra Civil, Franco las reintegró —fueron gestionadas por Jesús Aguirre, marido de Cayetana Fitz-James Stuart— y en democracia la Junta de Extremadura las volvió a expropiar para devolvérselas, en 2002, a los herederos de los comuneros (unos 1.300). Prácticamente la mitad del pueblo se beneficia de su rendimiento y, por poco que sea —un vecino lo cifra en 300 o 400 euros anuales—, esas rentas obligan a sus socios, muchos pensionistas, a rendir cuentas con Hacienda, lo que aumenta el número de declarantes en el IRPF y disminuye la media de renta en la estadística.

Jorge Onrubia, profesor de economía de la Complutense e investigador asociado en Fedea, añade que el IRPF, la fuente de los datos del estudio, puede no estar midiendo correctamente la renta. “La mayor parte de las rentas en el sector agropecuario están en estimación objetiva”. En ese caso, la Agencia Tributaria no tiene en cuenta el flujo real de ingresos y gastos, sino que lo calcula en función de unos datos que varían según la actividad, con coeficientes reductores. “Eso puede dar lugar a una infraestimación enorme”, señala.

Sea como fuere, insiste, al igual que otros expertos consultados, en que, a mayor renta, mayor bienestar. “Pero cabría meter dentro del bienestar el valor económico de la oferta de servicios públicos a disposición de los que viven en una localidad”. También la accesibilidad a la vivienda. Rodríguez-Pose recuerda que es “el mayor gasto que hacemos los individuos durante nuestra vida”, y sospecha que no está bien contabilizada cuando se realizan estudios en paridad de poder adquisitivo. “Quizá se está infravalorando el nivel de renta de las regiones donde la vivienda es más accesible, que son menos densamente pobladas y más pobres, y se está sobrevalorando el valor de la renta en lugares como Madrid, Londres, París o Barcelona, donde es mucho más cara”.

Javier Soria, investigador visitante en la Universidad de Harvard y director adjunto de Future Policy Lab, reflexiona sobre el asunto por correo electrónico. “En estos pueblos, gran parte de las familias son propietarias de sus viviendas y tierras, lo que reduce la presión económica y mejora su capacidad de resiliencia ante crisis económicas. Esto es algo que en las ciudades no sucede ya que los precios de la vivienda y la estancación de los salarios hace cada vez más difícil adquirir y tener ese colchón que las generaciones anteriores si tuvieron”.

¿Tierra prometida?

Joaquín Fuertes, gerente de Aderco, asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Olivenza, habla de ese y otros factores. ¿Cuánto cuesta un piso en Barcelona, Madrid o San Sebastián? ¿Y el transporte, o salir a la calle a tomar una cerveza? Se pregunta cuánto se estira un euro en la capital frente al mismo euro en los pueblos teóricamente más pobres. “En la calidad de vida hay que tener en cuenta muchísimos más aspectos que la renta. No hay tierras prometidas. No digo que este sea el mejor sitio del mundo ni que no falten cosas, pero creo que esta es una comarca donde se puede emprender, hay muy buenos ejemplos de empresas asentadas que exportan. El relato hay que cambiarlo, aquí hay oportunidades”, reivindica. Los fondos europeos llevan años regando las comarcas más atrasadas. En Aderco gestionan importantes recursos procedentes del programa Leader, que se utilizan en la creación y modernización de empresas.

Juan Carlos Benítez, alcalde de Oliva de Mérida: "El que quiere trabajar, trabaja"

Juan Carlos Benítez, de 42 años, es alcalde de Oliva de Mérida, uno de los diez pueblos con menor renta del país (14.117 euros). Abogado y agricultor, lleva 12 como alcalde. “Aquí se vive cómodamente”, explica. Comprar una vivienda en buenas condiciones, “como mucho mucho te cuesta 60.000 euros.
 Su pueblo está rodeado de explotaciones de olivos que completan la renta de las familias. “A poco que recojan 15.000 kilos de aceituna a 1,6 euros, sacan 24.000 euros. Eso eso supone que durante un par de años tienen un colchón”. Asegura que “el que quiere trabajar trabaja”, pero lamenta que la población vaya envejeciendo. La construcción ha absorbido parte del trabajo en el campo y las empresas son, en su mayoría, familiares. “Tenemos una Seass de 380.000 euros en jornales cubre el 50% de la tasa de paro”. Algunas familias necesitadas están atendidas por Cáritas. “Cuando ha surgido algún tema específico, como una señora se ha quedado en paro con cuatro hijos pequeños, hemos canalizado ayudas con la Cruz Roja y el Banco de Alimentos de Badajoz”. Está empeñado en hacer un pabellón deportivo y busca financiación. “Somos un único pueblo de la zona sin él”.

Ese ramillete de variables deriva en un asunto capital: las oportunidades. Porque uno puede vivir en una zona más o menos rica que no crece. Y el canario en la mina es la práctica inexistencia de inmigrantes en esos pueblos, que normalmente se desplazan donde sí hay oportunidades de futuro. “Eso tiene un efecto sobre el bienestar de las personas”, cree Rodríguez-Pose. Pone el ejemplo de las regiones del Norte de Italia. “Son muy ricas dentro del marco europeo, pero llevan tres décadas y media sin crecer. Si cogemos Lombardía, salvo la provincia de Milán, vemos que llevan 35 años con crecimiento negativo. Puedes sentirte rico, pero el dinamismo está estancado”. Son zonas donde prenden sentimientos de descontento. “Puedes ser muy pobre y sentirte rico y al revés. Pasó en Estados Unidos, que tuvo una recuperación muy rápida de la pandemia, pero la percepción de los ciudadanos no fue pareja”. Un descontento que volcó el voto al extremismo de Donald Trump.

Ese poso de frustración quizá también se empiece a sentir en el mundo rural, obligado a defenderse de agresiones como la que llevó a cientos de vecinos a levantarse contra un macrovertedero de residuos en Salvatierra de Barros el año pasado. “El proyecto se paralizó en abril gracias a que se movilizó el pueblo entero. Creemos que hubiese sido la muerte de la zona. La gente no se atrevía a invertir, a comprar casas”, explica Abel Caro, alcalde de la localidad y presidente de la mancomunidad Sierra Suroeste, a la que también pertenece Zahínos. Ofrece un dato poco científico pero muy revelador: “El año pasado, en pleno conflicto, nacieron tres niños y este 2024 vamos a tener 17″. Argumenta que no está en contra de la industrialización, ni de la instalación de huertos solares —otro foco de polémicas—, pero recuerda que la mayor riqueza es el medio rural: “Somos el mayor bosque de dehesas de Extremadura”.

La misma historia con protagonistas distintos se repite a menudo. En enero de 2019 la empresa Qbis Resources recibió permiso para explorar la reapertura de una mina de uranio en terrenos situados en Higuera de Vargas, Jerez de los Caballeros, Oliva de la Frontera, Villanueva del Fresno y Zahínos. La comarca entera se levantó —cuenta El Periódico de Extremadura que llegaron a votar más vecinos en contra que en cualquier cita electoral— y tardaron tres años en enterrar el plan. Todavía quedan pintadas en las calles contra aquello. “Siempre nos quieren traer la mierda y nos venden la burra de los puestos de trabajo. Y si no estás de acuerdo te dicen que estás en contra del progreso”, reflexiona amargamente un funcionario de la zona. Aunque el proyecto se desvaneció, los vecinos desconfían. “Son como aves de rapiña, siempre vuelven. Piensan que somos pobres y tontos”.

El catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Extremadura, Julián Ramajo, centra la cuestión en el paro. “Todos sabemos cuál es el problema: el mercado de trabajo. Porque en gobernanza, seguridad, o educación estamos igual o por encima de la media nacional”. Y sospecha que el problema no es cómo vive la gente ahora, sino cómo lo hará dentro de 50 años. Aunque para Mariló, la enérgica presidenta de las mujeres de Higuera de Vargas, el presente es lo que cuenta. “¿Qué dicen que somos el pueblo más pobre? Nos da igual”.

Rosario Prieto (empresaria): “Soy positiva, pero los bares no son lo de antes”

Rosario Prieto, de 43 años, buscaba un cambio de vida y encontró un bar en La Parra (14.274 euros de renta media). “Me he empadronado hace nada, venía de Bermeo, un sitio precioso. Ha sido un gran cambio. Me vengo para cerrar una etapa profesional y personal”. Su madre y su hermana vivían en el pueblo y la animaron. “Salió la oportunidad de hacerme con el bar, me dejé llevar por mi hermana, que lleva 30 años aquí. Eso ha sido un poco cagada. Porque me tenía que haber venido. Pero lo del bar…” Paga al Ayuntamiento 411 euros por llevar el Hogar del Pensionista con un contrato, en principio, por un año. “Un pueblo muy pequeño, un bar de mayores...  Los bares no son lo de antes, la gente sale lo justo. Soy positiva, pero esto tiene tela. Vendo los cubatas a 3,5 y 4 euros. Pero las botellas del cash [un supermercado mayorista] te cuestan como en cualquier otro sitio. El café lo he tenido que subir de un euro a 1,2 euros. El botellín está tirado de precio y encima aquí te exigen aperitivo. No sé si sacaré lo suficiente para salir adelante”. 

Los colegios se vacían y las residencias se llenan

Las calles principales de Higuera de Vargas confluyen en la iglesia parroquial de la Concepción, del siglo XVI, y más adelante en la Fortaleza de los Templarios, que a principios de noviembre está llena de niños que juegan en la plaza. Parece un espejismo. Si se mantienen las tendencias demográficas actuales, Extremadura perderá 51.000 habitantes en los próximos 13 años, según las proyecciones de la Junta. Los pueblos extremeños con menores rentas del país llevan décadas asumiendo esa baja natalidad: Zahínos, La Parra, Oliva de Mérida e Higuera de Vargas suman ahora 7.600 habitantes y han perdido 468 vecinos desde 2014. La gente está preocupada porque sin sangre nueva saben que perderán el tren del progreso.

El profesor de Economía Julián Ramallo reconoce que la tendencia es demoledora para el conjunto de la región, que podría perder la mitad de su población en el año 2100. La economía tendrá que arreglárselas con ese declive combinado con el aumento de la población de ancianos, con todo lo que ello conlleva en aumento de servicios de dependencia. “Todos los pueblos están decreciendo, espero que la escalada sea suave”, suplica Abel Caro, presidente de la mancomunidad Sierra del Suroeste.

Antonia Nieto, Antonia Arias y Ana Pita recogen ayuda para los damnificados por la dana en la primera semana de la tragedia en Valencia. El almacén está hasta los topes y siguen llegando vecinos con ropa y alimentos. En un minuto hacen un repaso demográfico de su pueblo, Oliva de Mérida, más fiable que cualquier estadística. “Hay unos 1.700 habitantes, la gente es muy mayor. Mi madre tiene 89″, dice una. “La mía 93 años. Este año habrá habido tres o cuatro nacimientos. El año que más niños recuerdo fueron 18″. Explican que los jóvenes del lugar son bastante deportistas, pero les faltan opciones de ocio. “Tenemos pista de pádel, futbito, frontón, piscina municipal que cuesta un euro y medio…”. Lo que no escasea, creen, es el trabajo gracias a las empresas locales de construcción y a la agricultura. El recuento de los inmigrantes que se han afincado en la localidad es mucho más escueto. “La Lucy, la Jaquelín… que yo sepa solo hay tres personas en todo el pueblo”.

Alejandro Lagar, alcalde de La Parra, contabiliza que en su municipio nacen entre nueve y 11 niños al año. “No está mal en los tiempos que corren”. Están construyendo una residencia de ancianos de 14 plazas. Cada localidad tiene la suya o está en vías de abrir una. También son necesarios centros de día. Javier Soria, director adjunto de Future Policy Lab, juzga que los centros de la tercera edad serán esenciales para mantener la calidad de vida en una población envejecida en el futuro si se quiere fijar población. “Al final la gente que queda en este tipo de lugares es predominantemente mayor. Garantizar sus pensiones es un reto nacional pero que afectará principalmente a estas zonas envejecidas de baja renta”. Quizá por muchas plazas que se habiliten no lleguen para todos. El trabajo lo tendrán que asumir las redes familiares y comunitarias. “Son más fuertes en pueblos pequeños, proporcionando apoyo emocional y económico”, destaca el experto.

El imán del turismo

La despoblación y el envejecimiento, el síntoma de la enfermedad que ataca a la España rural, podría tener cura con el turismo, una tierra prometida para muchos municipios. Pero para ser un imán de visitantes se necesitan servicios, y aunque las redes de fibra óptica llegan a los núcleos poblados, en la dehesa hay graves lagunas. “¿Qué pasa si uno quiere montar un hotel rural en una zona sin cobertura?” se pregunta el gerente de Aderco, la asociación para el desarrollo de la comarca de Olivenza. Él sí ve un potencial muy importante y poco explotado. “Hace 30 años el turismo rural aquí no existía. Ahora todos los municipios tienen lugares para comer o dormir. Puede ser un elemento complementario para diversificar la economía”.

Por ahora, la forma que han encontrado los pueblos para aparecer en los mapas están ligadas a los productos locales. Hay ferias del gurumelo (un tipo de setas), del olivar y el aceite ecológico, del espárrago, del cerdo ibérico… falta, quizá, una explotación más imaginativa de los atractivos naturales de la dehesa, como competiciones deportivas o un impulso más decidido al turismo de naturaleza. La única satisfacción, cuenta una vecina, es que al menos la vivienda no ha subido de precio. “Aquí apenas hay Airbnb”.