Cómo evitar que un incendio devore mi casa

La ley establece que las urbanizaciones en zonas de alto riesgo tienen la obligación de elaborar planes para autoproteger sus viviendas del fuego

Casas quemadas cerca de O Barco de Valdeorras (Ourense) el pasado 19 de julio.
Casas quemadas cerca de O Barco de Valdeorras (Ourense) el pasado 19 de julio.MIGUEL RIOPA (AFP via Getty Images)

España se enciende. Los incendios forestales avanzan sin tregua por todo el territorio y no existe un plan B para las urbanizaciones afectadas, zonas habitadas que los expertos denominan interfaz urbano-forestal (IUF). Desde hace años esta delgada línea que separa el fuego de las viviendas no encuentra una solución por parte de la Administración.

Pero bien es sabido que los incendios se apagan en invierno: la prevención en esta interfaz es actualmente, junto con el abandono de la actividad de los aprovechamientos forestales en los montes, el permanente talón de Aquiles para los dispositivos de extinción de incendios en todo el litoral español.

En 2013 el pinar llegaba justo a los muros de las viviendas de la urbanización Pinos de Alhaurín de la Torre, en Málaga. “Nos criticaron por talar pinos, pero hicimos lo correcto”, recuerda José Antonio Gómez, ingeniero técnico forestal y consultor en prevención.

Este experto diseñó y ejecutó las actuaciones preventivas en estas urbanizaciones malagueñas entre 2013 y 2018. Ahora solo espera que este trabajo haya servido de algo, pese a una primera oposición. Se planificó la defensa frente al fuego en los terrenos de titularidad municipal, asumiendo el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre el problema de la interfaz. “Sin embargo, aunque un gran propietario de suelo ejecutó un cortafuegos, no fui capaz de convencer a los propietarios de viviendas de que cortaran árboles en su propiedad. Tema pendiente que se resuelva, quizás, con la futura modificación de la Ley de Prevención de Incendios Forestales de Andalucía”, dice Gómez.

Los municipios están obligados a contar con un Plan Local de Emergencias por Incendios Forestales (PLEIF) que debe renovarse cada cinco años. En estos PLEIF se determina qué viviendas aisladas y urbanizaciones deben disponer de Planes de Autoprotección contra Incendios Forestales (PAIF), que son de carácter indefinido a excepción de que se produzcan modificaciones constructivas de relevancia.

Los planes de autoprotección deben ser fomentados por los ayuntamientos, pero su elaboración es responsabilidad del titular de las instalaciones o edificaciones, dicen desde Tecnifuego, la Asociación Española de Sociedades de Protección contra Incendios. Por lo tanto, las personas que viven en zonas de riesgo deben asumir que pueden ser víctimas de un incendio forestal y que tienen parte de responsabilidad en su autoprotección.

Llueve sobre mojado. La obligatoriedad existe y está plasmada sobre el papel, pero el grado de ejecución real dista mucho de cumplirse. “Solo un 20% de las urbanizaciones españolas tiene un plan de autoprotección. Falta concienciación por parte del ciudadano”, asegura Ramón María Bosch, experto en equipos para incendios forestales y de primera intervención de Tecnifuego.

Según Gómez, con más de 20 años dedicados a la prevención de incendios, y la redacción de 16 PLEIF y una treintena de ­PAIF, el porcentaje de los primeros planes aprobados en la provincia de Málaga alcanza el 90%; sin embargo, de media, los Planes de Autoprotección no superan el 10%, “siendo bastante optimista”,

Tampoco el Real Decreto de Planificación de Protección Civil de Emergencia, que obliga a los ayuntamientos a colaborar de forma más activa ejecutando cortafuegos que separen las zonas urbanas y el monte, se cumple a rajatabla. El problema de base radica en que la mayoría de los consistorios carecen de personal cualificado y de recursos presupuestarios para ponerlo en marcha, creen los expertos.

Gómez es bastante crítico: “En materia de prevención de incendios forestales, en lo que respecta al interfaz urbano-forestal, los representantes políticos no son verdaderamente conscientes de la importancia que supone un trabajo bien hecho lento y silencioso de la prevención hasta que llega el día D y se les quema el término municipal”.

El urbanismo y la Ley de Montes no chocan porque están perfectamente delimitados, pero los expertos piden que se cumpla la legislación urbanística, por ejemplo, a la hora de prohibir construir a menos de entre 30 y 15 metros de los terrenos forestales en función de la comunidad autónoma, y el Código Técnico de la Edificación, que obliga a hacer una franja de 25 metros de anchura separando la zona edificada de la forestal, libre de arbustos o vegetación.

Recetas legislativas

Y para evitar que las viviendas sean pasto de las llamas, se proponen recetas legislativas: establecer en las futuras leyes del suelo autonómicas la delimitación del interfaz urbano-forestal y especificar qué y cómo se debe construir en esas zonas o el desarrollo y la puesta en marcha de una legislación integral sobre protección en interfaz que la regule en sus distintos aspectos urbanístico, catastral, de emergencias, fiscal…, como demandan los expertos desde hace años.

En este sentido, el consultor José Antonio Gómez aboga por incorporar en el registro de la propiedad una anotación respecto a la carga de no contar con el respectivo plan de autoprotección, tanto a urbanizaciones como a viviendas aisladas que lo requieran, así como ser una condición para acceder a un seguro de hogar.

También el representante de Tecnifuego solicita un enfoque integral: “Los grandes incendios forestales requieren de protección y urbanismo. Ello implica que las construcciones sean resistentes al fuego y tener en cuenta la importancia de la jardinería preventiva en las propias viviendas y urbanizaciones”.

Desde esta asociación plantean algunas medidas para la prevención y la protección, como limpiar las zonas forestales que rodean las viviendas o parcelas; cultivar plantas resistentes al fuego, que tardan en arder y hacen de barrera; disponer de varias mangueras de riego con un alcance que pueda rodear toda la propiedad; o contar con medios de detección y extinción de incendios.


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