El decreto de incendios incluye un listado de prohibiciones y obliga a elaborar planes anuales de prevención

Las comunidades autónomas tendrán que elaborar antes de tres meses un plan de prevención y extinción de incendios válido para todo su territorio, que deberá estar listo y en marcha antes de que empiece 2023. El decreto de medidas urgentes para combatir la oleada de fuegos, aprobado este lunes por el Gobierno y que hoy publica el BOE, establece además un catálogo de prohibiciones comunes para aplicar cuando el riesgo de fuego sea muy alto o extremo. El texto legal reconoce que España se encuentra en “una situación de emergencia” por la profusión de llamas por casi todo el territorio, “tras un año hidrológico seco y con temperaturas del suelo superiores a 40 grados e incluso los 60 en días y zonas de calor más álgido”. Las nuevas medidas no se aplicarán este verano, en el que el peligro de incendios es constante, en un año en el que ya han ardido al menos 200.000 hectáreas. “Estamos en una situación de emergencia”, se subraya en el decreto, cuyo vigor solo podrá comprobarse en la próxima temporada de fuegos.

El decreto, en el que entra de rondón un plan para dragar la ría de O Burgo (A Coruña), establece unos mínimos para que no existan diferencias entre los servicios de extinción entre comunidades autónomas y pretende favorecer la coordinación de todas las administraciones para una prevención y apagado eficaces. El texto subraya que la ola de incendios de 2022 indica que “estamos en una situación de emergencia, que compromete gravemente la seguridad de las personas, las infraestructuras y el medio ambiente”, que no solo ha propiciado un gran número de incendios devastadores, sino también la pérdida de dos vidas humanas.

Lo principal del decreto es que obliga a las comunidades autónomas a tener aprobados y publicados, antes del 31 de octubre de cada año, planes preventivos “que se aplicarán de manera ininterrumpida durante los doce meses del año en todos los territorios”. Dichos planes tiene que prever “la asignación estable y permanente, de medios técnicos y profesionales singularizados”, es decir, tendrá que dejar claro cuánta gente y con qué vehículos, equipamientos e infraestructura estarán dotadas los cuerpos autonómicos de extinción de incendios. Las autonomías tendrán que adaptarse a la ley antes del 31 de enero que viene.

Por su parte, el Estado se compromete a mantener activos, a lo largo de todo el año, el dispositivo de medios aéreos, las unidades de refuerzo aerotransportadas, y los restantes medios de apoyo, como la Unidad Militar de Emergencia, cuyos 4.000 miembros se han convertido en un elemento clave contra el fuego y otras catástrofes.

El Gobierno ha establecido “un catálogo mínimo de prohibiciones”, que se aplicarán cuando la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) emita una alerta roja por riesgo muy alto o extremo de incendios. Son medidas de sentido común, como la prohibición de encender fuego en espacios abiertos, de quema de rastrojos o pastos o en zonas de acampada o áreas de descanso de carretera, o el veto al uso de maquinaria agrícola que pueda producir chispa en una franja de 400 metros alrededor de montes y áreas rurales.

La Guardia Civil ha informado en la última semana de la detención de dos personas y de que tiene bajo investigación a otras cuatro como supuestos autores de incendios en Palencia, Castellón, Jaraíz de la Vera (Cáceres), Monte Yerga (La Rioja) y Quintanilla de Coco (Burgos) por negligencia en la quema de rastrojo y por el uso inadecuado y a destiempo de maquinaria agrícola. El de Quintanilla de Coco, que ha quemado 900 hectáreas, ha conllevado la detención de un hombre de 47 años por hacer uso de una cosechadora “fuera del horario permitido”, según informó el instituto armado.

La reforma de la ley de Montes que supone el decreto consolida un mecanismo cooperativo para la restauración de las zonas quemadas en las que previamente se cumpliesen las previsiones de la ley. Así, si la superficie quemada es de más de 10.000 hectáreas (o de 5.000 si el 70% es masa arbórea) o incluso de solo 500 hectáreas siempre que pertenezcan a la Red Natura, las comunidades autónomas participarán financieramente en la restauración hasta un máximo del 50% de los costes, salvo que se trate de terrenos de titularidad estatal.