Bruselas se lanza a revitalizar la industria europea con energía barata y limpia

La Comisión Europea ha decidido que relanzar la competitividad de la UE pasa por revitalizar la industria. Pero esto tiene un problema: Europa tiene la energía bastante más cara que Estados Unidos o China; y además está embarcada en unos ambiciosos objetivos de descarbonización para su economía. En definitiva, un reto mayúsculo que precisa de un equilibrio muy complicado en el actual e incierto escenario geopolítico mundial. Para avanzar por este camino, el nuevo Ejecutivo europeo ha comenzado a la carrera presentando, 88 días después de tomar posesión como ha recordado la vicepresidenta Teresa Ribera, tres iniciativas de calado: el Pacto por una industria limpia, el Plan para la energía asequible y un programa para reducir la burocracia que afrontan las empresas. Entre todas las medidas que se recogen en estos planes destaca la creación de un banco para financiar la descarbonización industrial con unos 100.000 millones.

“No hay resiliencia económica sin un componente industrial robusto”, se lee en el primer párrafo del Pacto por una industria limpia divulgado este miércoles. “El mundo está cambiando rápido y nosotros debemos hacerlo también. Nuestra prosperidad y seguridad dependen de ello. Nuestra idea es que Europa sea líder en la industria con energía limpia”, ha profundizado la vicepresidenta Ribera, quien junto con otros cuatro miembros del Colegio de Comisarios (el francés Stéphane Séjourné, el danés Dan Jorgensen, el holandés Wopke Hoekstra y el letón Valdis Dombrovskis) han liderado la elaboración de las comunicaciones y directivas lanzadas.

El plan para revitalizar la industria empieza por la energía, un elemento clave en la lucha contra el cambio climático, esto último bandera fundamental en la UE durante la legislatura anterior. Abaratarla se ha convertido en un elemento central para que esa batalla por contener el calentamiento global no tenga un coste sobre los bolsillos de los ciudadanos y, sobre todo, en destrucción de puestos de trabajo. En definitiva, se trata que un objetivo loable no se encuentre una contestación social fuerte por consecuencias no deseadas.

Así que ahí, en la energía, ha puesto especial énfasis la Comisión. Es el primer punto del Pacto por una industria limpia y lleva, además, un desarrollo aparejado. Se trata de lograr que las cotizaciones del gas, el combustible fósil que tendría un papel destacado hasta avanzar en el uso de fuentes de energía más limpias, bajen. Ahora están en máximos desde hace dos años. También que la electricidad sea más barata.

Una de las vías que plantea la Comisión para lograr estos objetivos es crear en la unión energética desarrollando redes de transporte transeuropeas (gasoductos, hidroductos y tendidos eléctricos de alta tensión). Se trataría de avanzar en la interconexión para que así se logre de una vez un mercado energético único. La propuesta no es nueva y su desarrollo hasta ahora, lento. ¿Por qué esta vez iba a ser diferente? “No tenemos otra opción”, responde Jorgensen, el comisario de Energía. También se apuesta por incentivos fiscales, reducción de impuestos y eliminar recargos en las facturas eléctricas que no estén vinculados directamente a la generación y el transporte de esta energía. Otro punto es “asegurar el buen funcionamiento de los mercado de gas”, una forma de decir que ahora no estaría teniendo un comportamiento ideal y que parte del aumento de precios se debe a la especulación, para eso plante reforzar el poder de los distintos reguladores.

Las siguientes líneas que se desarrollan en el plan industrial pasan por la formación de la mano de obra, el desarrollo de acuerdos comerciales y de colaboración, impulsar la economía circular, priorizar los productos made in Europe en la contratación pública y buscar instrumentos para potenciar la inversión empresarial. Uno de ellos sería la creación del Banco de Descarbonización Industrial, que contaría con 100.000 millones entre aportaciones de los Estados (aportaciones voluntarias hasta 30.000 millones), partidas del presupuesto europeo actual (45.000 millones) y los ingresos futuros que generen los derechos de emisión de carbono (25.000 millones).

Bruselas también tiene en sus planes facilitar las ayudas de Estado para impulsar la inversión privada. El objetivo, ha explicado Ribera, es “facilitar un entorno favorable a la inversión con un marco de ayudas que simplificará y agilizará el apoyo a las energías renovables, la descarbonización y la fabricación de productos de tecnología limpia”.

El plan industrial se complementa con el primer paquete ómnibus de simplificación administrativa, centrado en normas y obligaciones medioambientales. Porque en la capital comunitaria ha calado el discurso empresarial de que las compañías soportan mucha carga burocrática y eso lastra la competitividad. En este campo, que ha levantado muchos recelos por el riesgo de desregulación que entraña, la Comisión plantea reducir obligaciones sustancialmente en este ámbito, aplazamientos de entrada en vigor, menor vigilancia de otros actores como sindicatos y ONG, y sanciones por incumplimiento menos duras, según los planes de Bruselas que ahora deberán discutir los colegisladores, el Parlamento Europeo y los Estados.

Los socialdemócratas, que ya habían manifestado su temor a que las propuestas dejen en nada los ambiciosos objetivos medioambientales ya acordados, han prometido que mirarán con lupa las propuestas. “El paquete ómnibus es mejorable y lucharemos en el Parlamento por la integridad de las propuestas climáticas”, ha declarado el eurodiputado socialista Nicolás González Casares, muy implicado en la pasada legislatura en la legislación energética. Casares también ha valorado como un avance el Plan de Energía Asequible, pero ha advertido de que “necesita mayor concreción y medidas más ambiciosas para abordar la crisis de precios”.

A cambio, los recortes —un tijeretazo pero no una “motosierra”, ha subrayado el vicepresidente para la Estrategia Industrial, Stéphane Séjourné— se han frenado sustancialmente en otra ley clave, la de taxonomía verde. Esta es la clasificación en la que se establece qué inversiones se pueden considerar realmente que aportan a la lucha contra el cambio climático. Aunque se reduce fuertemente el número de empresas obligadas a seguirla a la hora de efectuar sus informes de sostenibilidad (quedarán exentas todas las que tengan menos de mil empleados y una facturación de hasta 50 millones de euros, aunque inicialmente se habló de 450 millones), Bruselas ha decido no intentar reabrir el fondo de la ley de taxonomía.

“Nuestro compromiso para asegurar la transición verde y digital no cambia, pero tenemos que reconocer que esto ha tenido un coste, generando una gran carga regulatoria en personas y negocios”, ha justificado las medidas el comisario de Economía, Valdis Dombrovskis. Bruselas calcula que las medidas presentadas este miércoles, que también buscan “simplificar y optimizar” algunos programas europeos de inversiones, permitirán un ahorro anual en costes administrativos de al menos 6.300 millones de euros.

La propuesta también plantea eximir de las obligaciones del mecanismo de ajuste fronterizo del carbono (conocido por las siglas CBAM) a los pequeños importadores, sobre todo pymes y particulares, que de todos modos no son los grandes contaminantes. Bruselas propone para ello un nuevo umbral anual acumulativo de 50 toneladas por importador, y dice que esto eliminará las obligaciones del CBAM para 182.000 importadores, el 90% del total. Pese a ello, asegura la Comisión, se seguirá cubriendo el 99% de las emisiones de carbono, ya que de estas son responsables sobre todo las grandes empresas que sí siguen sujetas a la medida.