Bruselas descarta cambios profundos en las normas sobre etiquetas verdes para las inversiones

Las definiciones de qué es una inversión empresarial verde y qué no lo es se van a quedar a salvo del recorte simplificador que va a aplicar Bruselas a su agenda verde, según los borradores de propuestas reguladoras que la Comisión Europea va a aprobar este miércoles y a los que ha tenido acceso EL PAÍS. Esto no quiere decir que la denominada taxonomía verde, la clasificación en la que se establece qué inversiones se pueden considerar realmente que aportan a la lucha contra el cambio climático, vaya a salir intacta: las empresas obligadas a seguirla en sus informaciones sobre sostenibilidad se reducen mucho. Pero esta norma, que para sus defensores es “una piedra angular de las finanzas sostenibles” de la UE, estará exenta de cambios profundos, lo que supone una derrota para Alemania, salvo cambio de última hora, puesto que Berlín reclamaba un cambio.

En ese sentido, la intención inicial de la Comisión parecía que era abrir esta regulación que se aprobó en 2020. Cuando presentó sus planes sobre la “simplificación administrativa” a comienzos de este mes, señalaba que su táctica pasaba por hacer cambios en “los campos de los reportes de las finanzas sostenibles, la diligencia debida en sostenibilidad y la taxonomía”. A primera vista, podía interpretarse que su intención era tocar las normas que regulan cada uno de estos elementos. Pero finalmente el tercero se queda fuera, a tenor del último borrador visto por este diario. Sin embargo, sí hay una reducción muy sustancial por vía indirecta del número de empresas que pueden verse potencialmente afectadas, ya que la propuesta “ómnibus” excluye de los requisitos obligatorios de información sobre sostenibilidad a todas aquellas que no lleguen a 450 millones de euros de facturación anual. Es decir, más de un 80% de las empresas hasta ahora afectadas, según el texto elaborado por la Comisión.

“Se necesita encontrar un equilibrio entre la generación de datos y la reducción de la carga administrativa”, justifica el Ejecutivo comunitario en su propuesta. “Los informes de sostenibilidad de grandes empresas con una media de más de mil empleados son indispensables para comprender la transición a una economía climáticamente neutra”, asevera. No es el caso, sin embargo, de otras empresas más pequeñas, especialmente aquellas que, aunque son más grandes que una pyme, no facturan más de 450 millones de euros ni superan tampoco los mil empleados. Estas empresas, sostiene Bruselas, “deberían poder ser capaces de divulgar la información (…) de manera más flexible”. En este sentido, concluye, “la Comisión debe estar facultada para establecer normas que complementen el régimen de información para las actividades que solo se ajustan parcialmente a la taxonomía”.

Bruselas lleva tiempo anunciando que va a crear una nueva categoría de empresas, mayores que una pyme y menores que una gran compañía, a la que eximir de las obligaciones de las grandes corporaciones. Todavía no ha señalado públicamente los criterios, que está siendo de lo más discutido también en la preparación de la propuesta a presentar este miércoles. De las cifras que aparecen en los borradores conocidos hasta ahora, puede deducirse que ese grupo de sociedades lo conformarán las que tienen una facturación anual de entre 50 y 450 millones; y una plantilla de entre 250 y 1.000 empleados.

La promesa de una ambiciosa agenda de “simplificación” —en Bruselas se huye de la expresión desregulación para evitar connotaciones negativas— de la nueva Comisión Europea que pudiera afectar a los objetivos fijados durante la legislatura anterior contra el cambio climático, como una economía neutra en emisiones de carbono en 2050, ha levantado suspicacias en bastantes sectores, no solo los más puramente ecologistas. El Ejecutivo de la Unión siempre trata de calmar esos temores aclarando que no está en sus planes rebajar esas metas. No obstante, sí que parece que se van a reducir los controles y las sanciones previstas para su cumplimiento en el sector privado, lo que de alguna manera desincentiva poner en marcha estrategias para lograrlo. La Comisión asegura que ha consultado a todas las partes interesadas para sus propuestas. Pero parece haber escuchado más atentamente a las empresas que a otros grupos.

Entre quienes han visto con recelos la agenda simplificadora está el propio Gobierno de España que, más concretamente, ha alertado del riesgo que conlleva tocar la taxonomía. La semana pasada, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, enviaron una carta a los comisarios responsables del paquete ómnibus, entre ellos también la española Teresa Ribera (predecesora de Aagesen), estableciendo como línea roja precisamente el no tocar el texto legal de la taxonomía, que calificaban de “piedra angular del marco de finanzas sostenibles de la UE”.

El borrador de la propuesta comunitaria no ha hecho caso, sin embargo, a otra petición de España, que pedía que se mantuviera la obligatoriedad para todas las empresas, independientemente de su tamaño, de presentar los informes de sostenibilidad requeridos en la directiva sobre información corporativa en materia de sostenibilidad (CSRD, por sus siglas en inglés). Esa directiva, que entró en vigor en 2023, aunque todavía no se ha desplegado completamente, sí que se va a cambiar y es por esa vía indirecta por la que se saca a ocho de cada 10 empresas, según cálculos de la Comisión. La nueva iniciativa propone que estos informes sean voluntarios para las empresas de menos de 450 millones de euros. No obstante, si optan por hacerlo, deberán seguir el método que plantea la taxonomía.

“Este planteamiento de inclusión voluntaria eliminará por completo el coste que supone para las empresas el cumplimiento de las normas de información sobre taxonomía para las compañías cuya facturación neta no exceda los 450 millones de euros y que no aleguen que sus actividades están asociadas a actividades económicas que pueden considerarse sostenibles desde el punto de vista medioambiental con arreglo al reglamento sobre la taxonomía”, confía Bruselas.

Uno de los temores que existen con los tres paquetes que ha anunciado la Comisión para reducir las cargas administrativas actuales de las empresas entre un 25% y un 35%, verdadero objetivo de esta agenda simplificadora, es que una vez lleguen a manos de los colegisladores (Parlamento Europeo y Consejo de la UE) se aprovechen para acabar con la estrategia de lucha contra el cambio climático desplegada en la legislatura anterior. Ese riesgo, apuntan fuentes de la Eurocámara, está muy presente con la configuración de fuerzas actual en ambas instituciones: en el Parlamento la ultraderecha, negacionista del calentamiento global pese a las evidencias científicas, suma mayoría absoluta junto con el Partido Popular Europeo, que ya en los últimos compases de la pasada legislatura empezó a mostrar su escepticismo con la agenda verde. En el Consejo de la UE (en decir, los Estados miembros) el dominio conservador es aplastante, y más que lo será tras la victoria de los democristianos en las elecciones alemanas de este domingo.